Gobierno de Abelardo de la Espriella denunció que en la administración Petro se gastaron más $7.000 millones de la Paz Total en pago de honorarios

El Gobierno de Abelardo De la Espriella insistió, a través de su vocero oficial, Miller Soto, que la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro destinó más de $7.000 millones al pago de honorarios de voceros, representantes y negociadores de las mesas con grupos armados ilegales. Motivo por el cual tomó la decisión de acabar con los procesos de negociación.

La cifra, según el Ejecutivo, no incluye los recursos destinados a viáticos, también sirvió pagar esquemas de seguridad, zonas de ubicación y logística. La información divulgada por Soto se dio en la noche del lunes 14 de septiembre, tras el anuncio de la terminación de al menos nueve espacios de diálogo con organizaciones armadas y estructuras criminales.

“Los recursos destinados por el Estado a estos procesos, según la información entregada a este Gobierno durante la administración anterior, se pagaron más de 7.000 millones de pesos en honorarios para voceros, representantes y negociadores”, afirmó Soto en su habitual espacio, en el que se expresó en extenso sobre este asunto, al que el Ejecutivo le puso la lupa.

Monto no incluye viáticos, seguridad ni logística de los diálogos

El vocero sostuvo que el gasto reportado corresponde solo a honorarios y que existen otros rubros asociados a la operación de los procesos de diálogo, financiados con recursos públicos, que faltan por establecerse de manera fidedigna. “O sea, recursos que también fueron financiados con los impuestos de los colombianos”, señaló el vocero en su intervención.

En su nuevo pronunciamiento, el Gobierno no entregó en el pronunciamiento un desglose de los pagos, el número de beneficiarios, los contratos suscritos ni el valor específico de los recursos destinados a seguridad y desplazamientos. Tampoco precisó el período exacto al que corresponden los más de $7.000 millones mencionados, por lo que se espera más información.

La determinación de acabar los procesos de diálogo incluyen las conversaciones con el Estado Mayor de los bloques Magdalena Medio, Gentil Duarte, Jorge Suárez Briceño y el Frente Raúl Reyes; al igual que con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb) y con el Frente Guerrillero Comuneros del Sur, disidencias del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En su intervención, Soto indicó que la medida se extendió a los espacios de conversación sociojurídica con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn), las estructuras armadas de Medellín y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, vinculadas al denominado “tarimazo”, además de organizaciones criminales de Quibdó y Buenaventura.

Grupos armados usaron los diálogos para fortalecerse, según Gobierno De la Espriella

El vocero agregó que los acercamientos impulsados por Petro coincidieron con un aumento de la presencia y las acciones de grupos armados ilegales en distintos territorios. “Esas estructuras incrementaron sus acciones contra la población civil, las Fuerzas Militares y la Policía, mientras avanzaban los acercamientos con representantes del Estado”, sostuvo.

Y añadió que, de acuerdo con la posición del nuevo Ejecutivo, los grupos habrían utilizado los espacios de negociación para ampliar su capacidad operativa. “Aprovecharon los espacios de diálogo para fortalecer su presencia territorial, aumentar su capacidad criminal y desafiar a las instituciones de seguridad y de justicia”, enfatizó Soto frente a este trascendental asunto.

De la Espriella solo ofrecerá dos alternativas: sometimiento a la justicia o acción de la fuerza pública

Tras dar por cerrados los procesos, el Gobierno anunció un cambio en la política frente a las organizaciones armadas y criminales. Según Soto, la nueva directriz descarta la continuidad de conversaciones mientras persistan delitos como narcotráfico, extorsión y ataques violentos; en el que ha sido considerado un duro revés de los defensores de estos espacios de diálogo.

“Este Gobierno no negociará con estructuras criminales mientras continúen utilizando la violencia, el narcotráfico y la extorsión para imponer sus condiciones en los territorios”, afirmó el funcionario, que, acto seguido, explicó que la posición oficial prevé dos caminos para los integrantes de las estructuras que operan a lo largo y ancho del país.

“La nueva política establece que el camino para los integrantes de estos grupos al margen de la ley será solamente el sometimiento a la justicia o el enfrentamiento con la fuerza pública dentro del marco de la ley y de la Constitución”, puntualizó Soto, en el sentido de que no habrá más espacios utilizados para ganar tiempo, “fortalecer estructuras o evadir a la justicia”.