Colombia aprobó la ley que establece nuevas medidas para la inclusión de personas con autismo y otros trastornos del neurodesarrollo

Desde el 26 de agosto de 2026, Colombia cuenta con una ley que establece medidas de atención integral, protección e inclusión para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares.

La norma contempla acciones específicas en los campos de la salud, educación, empleo y acompañamiento a las familias y cuidadores.

Se trata de la Ley 2628 de 2026, que ordena al Gobierno nacional formular una Política Pública de Atención, Acompañamiento y Protección para las personas con TEA. Para sus efectos, el Ministerio de Salud y Protección Social tendrá un plazo máximo de un año, contado desde la promulgación de la norma, para elaborar ese instrumento.

La ley busca unificar medidas que hasta ahora se encontraban dispersas en distintas normas y programas. Su ámbito de aplicación incluye a personas con TEA, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Tdah), trastornos del aprendizaje, síndrome de Rett y otros diagnósticos asociados al neurodesarrollo.

El texto plantea la participación de personas con TEA, familiares, cuidadores, organizaciones sociales y sectores académicos en el diseño de la política. Entre sus objetivos figuran facilitar el acceso a los sistemas de salud, educación, trabajo, recreación, deporte y cultura.

Martha Rocío González, decana de la Facultad de Ciencias del Comportamiento de la Universidad de La Sabana, señaló en un comunicado emitido por la academia que la ley será fructífera en el reconocimiento de necesidades específicas, mientras direcciona la actuación estatal hacia una atención integral basada en derechos.

“La aprobación de esta ley representa un avance histórico para Colombia. Por primera vez el país contará con un marco legal nacional que reconoce las necesidades específicas de las personas con autismo y otras condiciones del neurodesarrollo, y orienta la acción del Estado hacia una atención integral basada en derechos”, dijo la experta.

Por su parte, Leidy Evelyn Díaz Posada, directora de la Maestría en Psicología de la Salud y la Discapacidad de la misma universidad, sostuvo que la norma es un buen inicio para impulsar acciones afirmativas para personas dentro de este espectro.

“Lo ideal sería contar con una política de Estado que cubriera a todos los grupos poblacionales priorizados en el marco de los procesos inclusivos, en vez de tener leyes para cada grupo por separado. Colombia ha funcionado de esta manera y, si unos ya están cubiertos, los que faltan también deben estarlo”, señaló.

Y agregó, en el mismo comunicado, que: “Una ley nunca es un fin, pero sí constituye un punto de partida para el reconocimiento de las poblaciones y el avance hacia el cumplimiento efectivo de sus derechos”.

De qué se trata esta nueva normativa

Uno de los puntos centrales de la ley está relacionado con la atención en salud. La norma prevé la actualización del protocolo clínico de diagnóstico, tratamiento y atención integral para niños, niñas y adolescentes con TEA.

También dispone que la atención se preste a través de equipos interdisciplinarios y que las familias reciban información suficiente y comprensible sobre los servicios disponibles, los tratamientos y las rutas institucionales.

Por ende, el Gobierno nacional deberá diseñar una ruta de atención médica clara y pública para personas con TEA, trastornos del neurodesarrollo y condiciones similares. La construcción de ese mecanismo deberá incluir la participación de pacientes, familiares y organizaciones de la sociedad civil.

La ley contempla, además, la creación de una guía de atención integral durante el curso de vida y medidas de formación para el personal de salud que atiende a esta población. El objetivo es que los procesos de identificación y diagnóstico se realicen de forma oportuna y que los tratamientos se ajusten a las necesidades de cada persona.

Capacitación docente e inserción laboral

En el ámbito educativo, la Ley 2628 establece una ruta orientada a mejorar las condiciones de inclusión en colegios y demás instituciones de enseñanza. La disposición incluye programas de capacitación y sensibilización para docentes, en aras de que instituciones educativas cuenten con herramientas para atender a estudiantes con TEA y otras condiciones del neurodesarrollo.

En materia laboral, el Ministerio del Trabajo y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) deberán promover una oferta específica para facilitar el acceso al empleo en los sectores público y privado. La norma también prevé incentivos y estrategias para favorecer la contratación y la permanencia de estas personas en el mercado laboral.

El nuevo marco legal incorpora acciones para los familiares y cuidadores, entre ellas campañas nacionales de sensibilización y apoyo al fortalecimiento de sus organizaciones. La ley reconoce que las redes de cuidado tienen un papel relevante en la garantía de derechos y en el acompañamiento cotidiano.

La norma también ordena crear un Comité Nacional de Inclusión, que tendrá la tarea de evaluar la aplicación de las disposiciones, proponer políticas y programas, y presentar un informe anual sobre los avances.

Ese comité deberá articularse con el Sistema Nacional de Discapacidad y poner atención en las condiciones de vida de las personas con TEA, trastornos del neurodesarrollo y sus redes de apoyo.