Abelardo de la Espriella dio un nuevo impulso a su plan de construir diez megacárceles de máxima seguridad: estos son los empresarios que podrían participar

El presidente Abelardo de la Espriella reunió el lunes 14 de septiembre de 2026 en Barranquilla a sus ministros y empresarios de la construcción para encaminar el plan de diez megacárceles de máxima seguridad con el que busca retomar el control estatal de las prisiones y aislar a criminales y terroristas considerados de alta peligrosidad.

El encuentro se realizó en la sede del Gobierno en la capital del Atlántico, en el que el Ejecutivo instaló buena parte de su despacho desde el inicio del mandato. Participaron la ministra de Transporte, Elsa Noguera; el ministro de Justicia, Iván Cancino, y representantes del sector constructor.

La propuesta prevé levantar diez centros penitenciarios en distintos puntos del país, aunque todavía no se han divulgado las ubicaciones, los cronogramas ni los costos de las obras.

El Gobierno plantea que las instalaciones combinen una mayor capacidad carcelaria con medidas destinadas a restringir las comunicaciones de los internos con redes delictivas que operen fuera de los penales.

De la Espriella explicó en su cuenta de X que la reunión tuvo como objetivo “direccionar los proyectos de megacárceles en el país”. El proyecto forma parte de una de sus principales promesas de campaña y se ejecutaría mediante alianzas con empresas privadas.

La constructora Marval participó en la reunión con una delegación encabezada por su presidente, Sergio Marín. La empresa presentó su experiencia en la cárcel La Nueva Joya, en Panamá, como antecedente para intervenir en proyectos penitenciarios de gran escala.

La Nueva Joya fue inaugurada en 2014 con capacidad para más de 5.000 presos y una inversión cercana a USD 150 millones. La compañia también intervino en la construcción de las cárceles de Cómbita y El Barne, además de las ampliaciones de los establecimientos de El Espinal, Cúcuta y Buga.

El Ejecutivo describió la cita en Barranquilla como el inicio de la estructuración de las nuevas prisiones, sin anunciar aún decisiones definitivas sobre sus características técnicas o sus localizaciones. El presidente, sin embargo, ya sostuvo que su propósito es transformar en obras concretas el plan penitenciario anunciado durante la campaña.

La construcción de las megacárceles está vinculada con el diagnóstico que De la Espriella expuso el 26 de agosto, durante la ceremonia de reconocimiento de la nueva cúpula militar. Allí afirmó que las cárceles colombianas “han dejado de ser centros de reclusión para convertirse en antros de criminalidad, en universidades del crimen”.

El mandatario sostuvo que desde esos establecimientos se extorsiona, se amenaza, se ordenan asesinatos y se dirigen estructuras terroristas. “¡Compatriotas! Eso se acabó”, declaró durante esa intervención.

Refuerzo inmediato y traslados de internos de alto perfil

Mientras avanza el proyecto de infraestructura, el Gobierno ordenó reforzar la seguridad de los establecimientos existentes. De la Espriella aseguró que mantendrá el compromiso de construir centros de máxima seguridad para recluir a los responsables de delitos de mayor gravedad: “Esas obras se harán con la empresa privada”.

El presidente también afirmó que esas cárceles estarán destinadas a quienes “tanto daño le han hecho a la República” y añadió que “paguen con creces el dolor que le han generado al pueblo colombiano”. La estrategia busca impedir que las prisiones sigan siendo utilizadas como centros de coordinación de extorsiones, atentados y otras actividades criminales.

Las órdenes inmediatas incluyen controles más estrictos dentro de los penales y exigencias de resultados al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec. “Funcionario que no da resultado, funcionario que sale del Gobierno”, advirtió el jefe de Estado al referirse a la responsabilidad de recuperar el mando en las cárceles.

El 7 de agosto fueron trasladadas 117 personas privadas de la libertad consideradas de alto perfil hacia distintos establecimientos penitenciarios del país. En Barranquilla, el Gobierno anunció después el traslado de otros 39 internos a cárceles de alta seguridad ubicadas en diferentes regiones.

Cuatro presuntos integrantes de estructuras vinculadas con homicidios, hurtos y extorsiones fueron enviados desde la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla a otros centros penitenciarios. El alcalde de la ciudad, Alejandro Char, indicó que el operativo contó con funcionarios del sistema penitenciario y miembros de la Fuerza Pública.