La Fiscalía General de la Nación solicitó una medida de aseguramiento contra el contratista Carlos Martín Uribe Forero dentro de la investigación por presuntas irregularidades en un contrato de 32 millones de dólares para el mantenimiento y suministro de repuestos de los helicópteros MI-17 del Ejército Nacional.
El expediente también involucra a exfuncionarios del Ministerio de Defensa y tendrá una nueva diligencia el 23 de septiembre. La petición contra Uribe Forero se tramita en audiencias judiciales y forma parte del proceso que investiga la adjudicación del contrato 012, suscrito el 31 de diciembre de 2024 entre el Ministerio de Defensa y la empresa estadounidense Vertol Systems.
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El acuerdo tenía como objeto garantizar el mantenimiento y la provisión de componentes para los helicópteros rusos MI-17, aeronaves que hacen parte de la flota del Ejército Nacional. De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, durante el proceso contractual habrían ocurrido actuaciones que vulneraron las exigencias para seleccionar al proveedor.
La Fiscalía sostiene que Uribe Forero habría intervenido para favorecer a Vertol Systems
Según lo expuesto por el ente acusador en las audiencias, Carlos Martín Uribe Forero se habría concertado con Luis Edmundo Suárez Soto, entonces viceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, con el fin de que Vertol Systems obtuviera el contrato.
La Fiscalía sostiene que la compañía no reunía las condiciones de idoneidad, experiencia ni capacidad técnica y financiera requeridas para asumir las labores previstas en el acuerdo. Esa es una de las bases de la investigación, que ahora avanza con la solicitud de una medida cautelar contra el contratista.
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Una medida de aseguramiento no equivale a una condena ni define la responsabilidad penal de una persona. La decisión depende de un juez, que debe valorar los argumentos de la Fiscalía, la defensa y las demás partes que intervengan en el proceso.
El caso gira alrededor de un contrato por 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de aeronaves cuya operación resulta necesaria para distintas actividades del Ejército Nacional. La investigación busca establecer si los requisitos técnicos y financieros fueron evaluados de forma adecuada durante la adjudicación.
El exviceministro Luis Edmundo Suárez también espera una decisión judicial
El proceso incluye a Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, contra quien la Fiscalía también solicitó una medida de aseguramiento.
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La audiencia en la que se definiría esa petición fue aplazada el viernes 4 de septiembre. Por esa razón, aún no existe una determinación judicial sobre la solicitud presentada contra Suárez Soto.
Además del exviceministro y de Uribe Forero, en el expediente figuran Hugo Alejandro Mora, que se desempeñaba como secretario general; Herbert Arnulfo Buitrago Galán, exdirector de Logística de la Dirección de Contratación Estatal del Ministerio de Defensa; y el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, entonces comandante de la Brigada de Aviación No. 32 del Ejército Nacional.
La Fiscalía atribuye relevancia a las actuaciones de quienes participaron en las diferentes fases del proceso contractual. La investigación deberá determinar el alcance de las responsabilidades individuales y si hubo actuaciones coordinadas para beneficiar a Vertol Systems en la suscripción del acuerdo.
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La siguiente actuación prevista en el expediente será el llamado a juicio contra los seis señalados y vinculados, programado para el 23 de septiembre de 2026 a las 10:30 a. m.
Esa diligencia marcará el avance del caso hacia la etapa de acusación. Allí se conocerán los pasos procesales que seguirán frente a las personas investigadas por las presuntas anomalías en el contrato de los helicópteros MI-17.
Diego Manrique rendirá una prueba anticipada por su principio de oportunidad
El expediente también contempla una nueva actuación relacionada con Diego Manrique, considerado un testigo relevante dentro de la investigación contra Suárez Soto.
La Fiscalía busca que Manrique rinda una prueba anticipada ante un juez. El objetivo es que exponga formalmente el contenido de la información incluida en su matriz de colaboración, para que esa declaración pueda incorporarse al proceso como elemento probatorio judicial.
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La diligencia adquiere importancia porque Manrique tiene un principio de oportunidad dentro de las actuaciones relacionadas con el caso. Si ese beneficio vence antes del juicio, su declaración podría requerir una incorporación formal para conservar valor dentro del expediente.
La prueba anticipada permite recibir el testimonio antes de la etapa de juicio cuando existe un riesgo para su práctica posterior. En este caso, la Fiscalía pretende preservar la versión de Manrique y someterla al control de un juez antes de que avance la acusación contra los seis vinculados.
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