Procuraduría cuestiona 1.053 contratos de la Cancillería firmados antes de las restricciones de la Ley de Garantías

La Procuraduría General de la Nación puso bajo la lupa la forma en que el Ministerio de Relaciones Exteriores recurre a contratos de prestación de servicios y advirtió que varias decisiones requieren revisión por sus posibles efectos fiscales y administrativos.

Uno de los principales hallazgos está relacionado con la cantidad de contratos suscritos durante un periodo cercano a la entrada en vigor de las restricciones de la Ley de Garantías. Según el Ministerio Público, entre agosto de 2025 y febrero de 2026 la Cancillería firmó 1.053 contratos por un valor total de $83.742 millones.

La revisión de esos acuerdos hace parte de las actuaciones preventivas que adelanta la Procuraduría, que encontró cuestionamientos en la planeación, supervisión y justificación de la contratación externa. Para el organismo de control, antes de ampliar el uso de esta modalidad debía existir una evaluación técnica suficientemente sólida que permitiera establecer las cargas laborales y determinar si realmente era necesario acudir a personal contratado.

La advertencia apunta a una situación concreta: algunas de las necesidades atendidas mediante contratos de prestación de servicios podrían corresponder a funciones propias de la planta permanente del Ministerio. Por eso, la entidad de control recordó que “la contratación externa no puede sustituir de manera sistemática la planta de personal”.

A esto se suman reparos sobre los soportes utilizados para acreditar la ejecución de determinados contratos. La Procuraduría señaló que, en algunos casos, los documentos disponibles no serían suficientes para demostrar que las obligaciones pactadas fueron cumplidas, una situación que podría generar dudas sobre el desarrollo efectivo de los objetos contractuales.

El organismo explicó que también “Identificó fallas en la planeación y supervisión de los contratos suscritos a pocas semanas de entrar en vigencia las restricciones de la Ley de Garantías, cuyos soportes de ejecución, en algunos casos, resultan insuficientes para acreditar las obligaciones pactadas y evidenciarían posibles incumplimientos del objeto contractual”.

Para la Procuraduría, la discusión no se limita a la forma en que fueron celebrados los contratos. El seguimiento debe permitir comprobar que los servicios adquiridos con recursos públicos fueron efectivamente prestados. De ahí que haya insistido en la necesidad de mejorar la planeación antes de contratar y establecer mecanismos de supervisión capaces de verificar el cumplimiento de cada obligación.

La actuación preventiva también alcanzó otro frente de la Cancillería: la Carrera Diplomática y Consular. En este punto, el Ministerio Público llamó la atención sobre posibles movimientos de personal que, de haberse producido sin ajustarse a las normas aplicables, podrían afectar la continuidad y eficacia del servicio exterior colombiano. Frente a ese escenario, la Procuraduría exhortó al Ministerio de Relaciones Exteriores a preservar los principios de mérito, imparcialidad y profesionalización que deben regir la carrera diplomática. El llamado busca evitar que decisiones administrativas terminen debilitando las condiciones que sostienen el funcionamiento del servicio exterior.

El organismo de control planteó además la necesidad de fortalecer la planeación contractual de la Cancillería, racionalizar el gasto público y aprovechar de manera más eficiente la planta de personal. Estas recomendaciones buscan atender las observaciones detectadas durante la actuación y reducir los riesgos asociados al manejo de los recursos públicos. La Procuraduría informó que su intervención no concluye con las observaciones formuladas. El Ministerio Público mantendrá activa su actuación preventiva y hará seguimiento a las medidas que adopte el Ministerio de Relaciones Exteriores para responder a los reparos planteados.

La cifra de 1.053 contratos y los $83.742 millones comprometidos quedaron así entre los principales elementos de una revisión que pone el foco en la justificación de la contratación externa, la calidad de sus soportes y los controles aplicados sobre los recursos públicos.

El llamado de la Procuraduría se produce, además, en un momento en que la entidad debe revisar si la contratación utilizada respondió a necesidades temporales debidamente sustentadas o si, por el contrario, terminó cubriendo funciones que podían ser atendidas mediante su estructura permanente.