Juez negó reabrir investigación contra Ricardo Roa por los contratos de helicópteros de Ecopetrol

Un juez de Bogotá negó reabrir la investigación penal contra Ricardo Roa por los contratos de helicópteros de Ecopetrol, una decisión que mantiene archivado el caso mientras sigue en curso una apelación presentada por Helicol y la Procuraduría.

El expediente buscaba establecer si la petrolera y sus filiales Cenit y Ocensa restringieron la libre competencia en la contratación del transporte aéreo y favorecieron a Helistar.

La determinación llegó después de una audiencia de dos días y dejó en firme, por ahora, el archivo que la Fiscalía ordenó el 22 de agosto de 2025. Según reportó El Colombiano, el juzgado concluyó que no aparecieron hechos nuevos ni pruebas con entidad suficiente para desarchivar la actuación.

La denuncia había sido promovida por Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S., Helicol, que pidió investigar a Roa, a funcionarios de Ecopetrol y a personas vinculadas con Helistar por presunto concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia. La empresa sostuvo que durante años las condiciones de las licitaciones de servicios aéreos habrían beneficiado a su competidora.

El caso ya había tenido una segunda negativa antes de llegar al despacho judicial. La Fiscalía 534 Seccional rechazó el 30 de diciembre de 2025 la solicitud de reabrir la investigación, lo que llevó a Helicol a controvertir esa decisión ante un juez de control de garantías.

El juez concluyó que no hubo prueba nueva para desarchivar el caso

El Juzgado 65 Penal Municipal con función de control de garantías sostuvo que la decisión inicial de la Fiscalía fue producto de un trabajo “serio y acucioso” y que las conductas denunciadas no encajaban en ningún delito. El despacho respaldó el cierre por “atipicidad” y descartó que la nueva solicitud hubiera aportado evidencia material o física capaz de modificar esa conclusión.

La Fiscalía y las defensas insistieron en la misma línea durante la audiencia. Señalaron que la información usada por Helicol ya había sido conocida y valorada dentro de la indagación penal, y agregaron que varios de los soportes presentados correspondían a recortes de prensa sin valor probatorio autónomo y sin una cadena de custodia clara.

El abogado Juan Manuel Valcárcel, apoderado de la contraparte, dijo que el denunciante no llevó elementos nuevos ni ante el juez ni ante la Fiscalía. En su intervención, sostuvo: “Analizó una cantidad importante de documentación que hacía parte no solo de la investigación, sino de la denuncia que dio lugar a este proceso. A instancias de la denuncia, el abogado solicitante, el doctor Dani Julián Quintana, en representación de la empresa, no presentó ningún elemento nuevo que permitiera al juez tomar la decisión de desarchivar”, expresó el jurista en un video publicado por Semana.

La propia Fiscalía defendió que no existió omisión en la verificación de los hechos. Según la entidad, el archivo del 22 de agosto de 2025 se basó en “un análisis crítico y valorativo de las evidencias recaudadas en la etapa de indagación” y en la constatación de que la conducta denunciada no reunía los requisitos del tipo penal.

La investigación administrativa de la SIC fue el eje del intento de reapertura

El principal argumento de Helicol para pedir el desarchivo fue la existencia de nuevos elementos surgidos de una investigación administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ese proceso, iniciado en 2023 por la Delegatura para la Protección de la Competencia, revisó contrataciones de Ecopetrol, Cenit y Ocensa entre 2011 y 2023.

Entre los aspectos analizados estuvieron los cambios en los requisitos sobre la antigüedad de las aeronaves. La SIC cuestionó que esas exigencias variaran entre procesos sin que siempre existiera una justificación verificable, y registró que en 2023 Ecopetrol eliminó ese requisito después de reconocer que ninguna norma del RAC, la Oaci o la Iogp fijaba una edad determinada para las aeronaves y que imponerla podía restringir la competencia.

La Superintendencia también revisó condiciones de disponibilidad inmediata de los helicópteros. En uno de los procesos, las aeronaves debían estar físicamente en Colombia antes de la adjudicación, una exigencia que podía convertirse en barrera para nuevos competidores frente a un operador con presencia previa en el país.

La actuación administrativa incluyó conversaciones internas de funcionarios de Cenit. En uno de los chats examinados apareció una referencia a un “speech de seguridad”, y en otro mensaje se advirtió que una determinada exigencia podía dejar “solo un oferente”. La SIC además identificó cuestionamientos internos sobre el uso de algunos estándares “para lo que les conviene”.

Pese a esos hallazgos, la investigación administrativa no estableció una coordinación ilícita entre Ecopetrol y Helistar. La Delegatura recomendó archivar el proceso contra la compañía y sus directivos al considerar que no había pruebas suficientes de un esquema ilegal o de una conexión directa con la petrolera.

La apelación mantiene abierta la disputa judicial

Helicol y la Procuraduría apelaron la decisión, de modo que el asunto pasará a los jueces penales del circuito de Bogotá. La empresa sostiene que fue una de las afectadas por las condiciones de contratación, que hizo inversiones para competir por esos contratos y que no logró acceder a ellos, una situación que, según afirma, afectó su estabilidad financiera y contribuyó a su proceso de reorganización empresarial.

Su representante, el abogado Julián Quintana, cuestionó el estándar aplicado por la Fiscalía. Dijo que la entidad, en vez de limitarse a establecer si existían circunstancias objetivas para caracterizar los hechos como delito, hizo valoraciones propias de una decisión de fondo y exigió en la práctica que la víctima demostrara la responsabilidad penal.

El camino hasta la audiencia estuvo marcado por demoras. Después del archivo, Helicol promovió una tutela porque su petición llevaba meses sin respuesta, y el Juzgado 49 Penal del Circuito ordenó programar la diligencia para resolver el desarchivo; esa cita fue aplazada en seis ocasiones entre febrero y mayo de 2026 por la inasistencia de alguna de las partes.

Roa, que dejó la presidencia de Ecopetrol tras la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, enfrenta además otros dos procesos.

Uno es por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento en Bogotá y el otro por la presunta violación de topes electorales en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, de la que fue gerente.