Exdefensor del Pueblo de Norte de Santander se habría reunido con comandante del ELN, según expediente judicial

La Fiscalía investiga las presuntas reuniones que habría sostenido Ever Pallares Baene, exdefensor del Pueblo en Ocaña, con Andrey Peñuela, alias Darío, señalado como el segundo comandante del frente Camilo Torres del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

La información se conoció gracias a declaraciones rendidas por familiares de personas secuestradas, y cuyos fragmentos de los expedientes se conocieron a través de un infome de Noticias RCN y Mañanas Express.

El documento bajo análisis busca determinar si los encuentros tuvieron como propósito gestionar la liberación de víctimas de secuestro y qué tipo de acuerdos pudieron discutirse en esas conversaciones.

El material periodístico no incluye una versión de Pallares sobre los señalamientos ni precisa si la Fiscalía le ha formulado cargos, pero se aclaró La investigación se encuentra en curso y corresponderá a las autoridades establecer si existieron reuniones, cuál fue su contenido y si constituyen alguna conducta penal o disciplinaria.

La investigación lo relaciona con el manejo de recursos provenientes de extorsiones y secuestros en Norte de Santander, y también lo ubica como una de las personas que presuntamente contactaba a familiares de víctimas para exigir pagos a cambio de las liberaciones.

Un fragmento de una declaración entregada a la Fiscalía describe a un hombre que habría participado en el secuestro de una mujer y que se presentó bajo varios nombres. “Esta fue la persona que en presencia del padre de la iglesia se llevó secuestrada a mi hermana”, indicó el familiar, según el documento revelado.

El testigo afirmó que el hombre le exigió el pago de $4.000 millones para permitir la liberación de su hermana. Además, señaló que lo vio “siempre uniformado con brazalete del ELN” y armado con una pistola, un fusil y un revólver pequeño.

“Este se me identificaba como alias Darío, comandante Javier y en ocasiones como Edward”, añadió el declarante ante la justicia.

Chats revelados mostrarían presiones contra familiares de secuestrados

El informe también expuso una conversación atribuida a un familiar de una persona secuestrada y a un hombre identificado como Darío. En el intercambio, el familiar ofreció entregar una camioneta para facilitar la liberación de la víctima.

“‘Darío’, les podemos entregar la camioneta de mi hermano también. Por favor, entiendan que lo más importante para todos es que esto termine sin más sufrimiento”, se lee en uno de los mensajes citados.

La respuesta que aparece en el expediente condiciona la liberación a la obtención de recursos. “Hasta que ustedes no consigan el recurso, no soltamos a Clara”, habría respondido el interlocutor.

El mensaje también contiene una advertencia contra la familia. “Cuando tengan noticias del recurso, me vuelven a escribir, señor. De lo contrario, después arreglamos con esto y recuerde que lo tenemos ubicado, no solo a usted, sino a todas sus propiedades”, detalla uno de los fragmentos de la declaración.

Las autoridades deberán verificar la autenticidad de las comunicaciones, establecer la identidad de las personas que participaron en ellas y definir su posible relación con casos de secuestro investigados en Norte de Santander.

La investigación busca aclarar qué hacía el entonces defensor del Pueblo de Ocaña en contacto con un hombre señalado como comandante de una estructura del ELN, así como determinar si los acercamientos estuvieron relacionados con eventuales mediaciones humanitarias, solicitudes de liberación u otros asuntos.

Por ahora, no se conocen decisiones judiciales contra Pallares derivadas de este caso. Tampoco se incluyó en el informe una respuesta del exfuncionario frente a las revelaciones.

El antecedente del caso del exdefensor del Pueblo de Norte de Santander Ever Pallares

El jueves 20 de agosto de 2026 se conoció que Pallares renunció tras conocerse una investigación por una presunta filtración de información a la guerrilla del ELN.

El anuncio se realizó mientras la región del Catatumbo arrastra las consecuencias de la guerra entre ese grupo y el frente 33 de las disidencias de las Farc, en medio de la disputa de uno de los territorios más críticos por su importancia como corredor para rutas de narcotráfico, y que deja un saldo de más de un centenar de muertos y 60.000 campesinos desplazados desde enero de 2025.

La dimisión se hizo efectiva el 25 de agosto, y la Defensoría del Pueblo informó el mismo jueves que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al defensor regional de Ocaña y que, por esa razón, presentó su renuncia.

En un comunicado, la entidad sostuvo que la salida del cargo busca “preservar la confianza institucional” y permitir que la actuación judicial avance “sin ningún tipo de interferencia”. También afirmó que dará toda la colaboración que le sea requerida por las autoridades.

La investigación se originó por una denuncia sobre información reservada

Según Noticias RCN, la Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el funcionario después de una denuncia según la cual desde la Defensoría Regional de Ocaña, en Norte de Santander, se habría filtrado “información reservada sobre líderes sociales”.

De acuerdo con la publicación, esos datos coinciden con un mensaje amenazante atribuido al ELN que recibió en febrero de 2025 un defensor de derechos humanos.

El medio añadió que la amenaza, atribuida al Frente de Guerra Nororiental del ELN, incluía detalles precisos sobre la labor humanitaria y jurídica del denunciante. Esos datos, siempre según esa versión, solo los conocían en tiempo real la Defensoría y el Ejército Nacional.

Pallares Baene rechazó las sospechas y dijo a EFE que el denunciante es una persona que ha hecho públicas supuestas amenazas del ELN y a la que la Defensoría siempre ha procurado brindar la protección necesaria. “Soy transparente y estoy en disposición de presentarme a la Fiscalía para que haga la investigación correspondiente”, afirmó.

El funcionario agregó que ya había tomado la decisión de renunciar para no quedar inhabilitado de cara a las elecciones municipales y regionales de octubre de 2027. Esa explicación sitúa su salida en un escenario político futuro, aunque la dimisión fue confirmada después de que se conociera la investigación.

Pallares negó que sus vínculos familiares prueben relación con la guerrilla del ELN

Pallares Baene también respondió a los cuestionamientos por sus vínculos familiares con Amanda Pallares, nombre de pila de alias Silvana Guerrero, señalada como cabecilla del Frente de Guerra Nororiental del ELN. “Nadie tiene la culpa de tener los primos que tiene”, dijo.

Luego, el exfuncionario añadió un dato biográfico para rechazar cualquier asociación automática con esa trayectoria armada, y agregó: “Dicen que esa señora tiene 30 años en la guerrilla y yo tengo 40 años de edad, es decir, que cuando se metió al ELN yo tenía solo diez años”.

Sobre ese punto, la Defensoría del Pueblo sostuvo que ha actuado bajo la convicción de que los vínculos de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares.

Pallares Baene también defendió su papel en entregas de personas secuestradas por la guerrilla, otra de las áreas sobre las que había recibido cuestionamientos. Aseguró que todas las misiones humanitarias en las que participó fueron avaladas por sus superiores y que siempre estuvo acompañado por otro funcionario de la entidad, delegados de la Iglesia católica y de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.

El ahora exdefensor vinculó su gestión con la alerta previa a la guerra en Catatumbo

Como parte de su defensa, recordó que en noviembre de 2024 proyectó la Alerta Temprana 026. En ese documento, la Defensoría advirtió sobre la inminencia de una guerra por el control territorial en el Catatumbo entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

Ese enfrentamiento comenzó en enero de 2025 y dejó más de un centenar de muertos, además de más de 60.000 campesinos desplazados. El exfuncionario sostuvo que en esa alerta se pidieron medidas para frenar la confrontación, pero que las instituciones hicieron poco.

“En esa alerta se pidieron medidas para frenar esa guerra pero las instituciones poco hicieron, mientras que nosotros, como Defensoría, nos encargamos de sacar a la gente de la zona de combates y buscarles refugio”, añadió Pallares.