Abelardo de la Espriella levantó restricción de permisos para el porte de armas en Colombia y Gustavo Petro lo cuestionó: “La necropolítica”

Con un corto, pero contundente pronunciamiento en sus redes sociales, el expresidente de la República Gustavo Petro reaccionó en la mañana del martes 8 de septiembre a la decisión del jefe de Estado, Abelardo de la Espriella, de levantar la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia; en una determinación en la que, cabe destacar, se contemplarán una serie de excepciones.

Petro, con dos palabras, expresó su postura frente a la confirmación de De la Espriella de esta controversial decisión, que incluso durante el Gobierno de Iván Duque fue descartada. “La necropolítica”, comentó el ex primer mandatario a través de la red social X, en relación con el Decreto 1368 de 2026, que restablece la eficacia de permisos individuales vigentes y elimina la exigencia de una autorización especial adicional.

El pronunciamiento de Petro se produjo luego de que De la Espriella, en sus plataformas digitales, indicó que la medida busca modificar una política que, según sostuvo, restringía a los ciudadanos con salvoconductos mientras los grupos ilegales mantenían su capacidad de fuego. Afirmaciones que desataron una serie de comentarios entre los que aplaudieron la determinación y los que cuestionaron su alcance.

“Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia”, expresó el mandatario, en una publicación en la que señaló que “durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes”. Comparación con la que buscó darle la potestad a los que cumplan con los requisitos a tener su arma.

El alcance de la medida del porte de armas en Colombia

La respuesta del exjefe de Estado concentraría la discusión política en las consecuencias que puede tener el regreso al régimen previsto en el Decreto Ley 2535 de 1993. Así pues, de manera escueta, el líder del Pacto Histórico, partido de oposición, resumió su posición mediante el concepto de “necropolítica”, una expresión que buscaría vincular a políticas estatales que promueven la violencia y la exposición a la muerte.

Con esto, el Decreto 1368 de 2026, expedido por el Ministerio de Defensa Nacional, deroga el Decreto 2362 de 2018 y el Decreto 1482 de 2025, que eran las normas que sostenían la suspensión general del porte de armas, suscritas por los expresidentes Duque y Petro, respectivamente. En consecuencia, la nueva regulación rige desde el miércoles 9 de septiembre, tras su publicación en el Diario Oficial.

Es válido señalar que la disposición no habilita a cualquier ciudadano para portar un arma. El Gobierno precisó que el beneficio alcanza a quienes ya cuentan con un permiso individual vigente, otorgado por la autoridad militar competente, y cuya situación jurídica no tenga restricciones; por lo que mantiene requisitos, controles y facultades estatales para expedir, renovar, suspender, cancelar o revocar los permisos en cuestión.

Del mismo modo, también conserva las atribuciones de la Policía Nacional para inspeccionar, controlar e incautar armas cuando corresponda; mientras que los titulares de permisos vigentes dejarán de requerir el trámite especial adicional que operaba durante la suspensión general; pues el porte estará limitado, de todos modos, al arma incluida en el salvoconducto y a las condiciones que fija cada autorización.

De la Espriella defendió la medida con cifras sobre armas ilegales

En su mensaje, De la Espriella afirmó que la prioridad de su administración será perseguir el armamento de organizaciones criminales. Según las cifras divulgadas por el presidente, la Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego entre el 1 de enero y el 3 de septiembre de 2026; y de ese total, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos, de acuerdo con los datos presentados por el mandatario en su exposición. }

También informó que 980 armas tenían vínculos con disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), 551 con el Clan del Golfo y 339 con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). “Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir”, señaló el gobernante, que agregó que, entre las armas vinculadas a las disidencias, figuraban 380 fusiles y 65 morteros calibre 60 milímetros.

Asimismo, el decreto establece que no podrán portar armas los que tengan permisos vencidos, suspendidos, cancelados o revocados. La restricción también aplica a armas decomisadas o sometidas a medidas judiciales y administrativas; por lo que el primer mandatario insistió en que la decisión “no significa porte indiscriminado”, sino que termina “la suspensión general que convertía la prohibición en regla”.