
El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo se refirió al aval que le dio la Corte Constitucional a la reforma pensional, principalmente, sobre un cambio que considera central: Colpensiones dejaría de competir con el ahorro individual para operar en un esquema complementario. El exfuncionario dijo que el sistema tendrá costos altos desde 2067, cuando se agoten los recursos de un fondo especial.
Ocampo afirmó, por medio de una columna de opinión para El Tiempo denominada “La reforma pensional” que la norma cambia la relación entre Colpensiones y las administradoras del componente complementario de ahorro individual: todos los afiliados cotizarán a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos y, por encima de ese umbral, aportarán a esas administradoras. También señaló que los recursos adicionales del pilar contributivo se acumularán en un fondo especial que manejará el Banco de la República y advirtió que los costos serán cuantiosos desde 2067, cuando ese fondo agote sus recursos.
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No obstante, celebró la decisión de la Corte Constitucional de dar vía libre al grueso de la reforma pensional, con pocos artículos sujetos a aprobación final por parte de la Cámara de Representantes. Recordó que participó junto con la entonces ministra del Trabajo Gloria Inés Ramírez en la coordinación de los equipos que produjeron la versión original del proyecto de ley.

“He sido un firme defensor de la reforma”, escribió. También ubicó el principal cambio en el pilar contributivo, que reemplaza el esquema de la Ley 100, en el que, según su explicación, el sistema de reparto de Colpensiones competía con el de ahorro individual de los fondos de pensiones.
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Cómo plantea José Antonio Ocampo la relación entre Colpensiones y el ahorro
El exministro de Hacienda afirmó que, por encima de la cifra de 2,3 salarios mínimos, los aportes irán a las administradoras del Componente Complementario de Ahorro Individual (Accai).
“Este paso de un sistema de competencia a un régimen complementario entre Colpensiones y estas administradoras es un gran avance”, sostuvo en la columna. Argumentó que el modelo anterior daba lugar a pensiones desiguales y llevaba a muchas personas que llegaban a la edad de jubilación a solicitar traslado al régimen de prima media de Colpensiones, que otorgaba mejores beneficios.
Describió el resto de la arquitectura del sistema. Señaló que la ley establece tres pilares básicos y un cuarto de ahorro voluntario, que no fue objeto de reforma.
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En esa estructura, presentó al pilar solidario como el de mayor peso social. Según escribió, dará un ingreso mensual equivalente a la línea de pobreza extrema a los adultos mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad, con una cobertura más amplia que Colombia Mayor.

Cifras y ajustes que se ponen sobre la mesa
José Antonio Ocampo indicó que el pilar semicontributivo cubrirá a personas que hayan cotizado entre 300 y 999 semanas. Para ese grupo, planteó una renta vitalicia con una garantía de rendimiento real del 3% anual sobre las cotizaciones hechas, además de un subsidio del 30% para mujeres y del 20% para hombres. Según él, el mecanismo reemplaza la entrega de los recursos ahorrados en un solo pago. Aun así, planteó que se podría mantener la opción de que los potenciales beneficiarios de ese pilar escojan ese desembolso único.
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Sobre la sostenibilidad, apuntó que las estimaciones del Ministerio de Hacienda sitúan el costo básico de la reforma para las finanzas públicas en los recursos adicionales del pilar solidario, que calificó de modestos. Añadió que los recursos extra generados por las cotizaciones al pilar contributivo se acumularán en un fondo especial que manejará el Banco de la República.
“Sin embargo, los costos se harán cuantiosos desde 2067, cuando se agoten los recursos de ese fondo”, escribió. Precisó además que, de acuerdo con las decisiones de la Corte, algunos elementos de ese fondo deberán ser definidos por la Cámara de Representantes. Señaló que la Cámara también deberá revisar otros asuntos. Entre ellos mencionó los beneficios adicionales para las mujeres, que incluyen la reducción de las semanas de cotización de 1.300 a 1.000 y una adición de 50 semanas por hijo, hasta por tres hijos.
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Consideró que las menores oportunidades laborales y las tareas de cuidado justifican beneficios adicionales para las mujeres, aunque dijo que ahora “parecen excesivos”.

Recordó que ellas tienen edad de jubilación de 57 años, frente a 62 para los hombres, y una mayor expectativa de vida. A partir de esa combinación, propuso otra reforma más adelante. Según escribió, la transición demográfica y la longevidad obligarán a elevar la edad de pensión “más temprano que tarde”, y “lo lógico” sería avanzar rápido hacia 60 años para mujeres y 65 para hombres.
Críticas por el futuro del fondo y la carga fiscal
Las afirmaciones de Ocampo provocaron reparos de la experta en pensiones Jerome Sanabria, líder de No con mi Ahorro. Señaló que el exministro “reconoce que el ahorro se acabará y la pirámide de Colpensiones colapsará en ‘2067’”. Comparó ese año con otras referencias de distintos actores, como el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla.
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“Bonilla había dicho que en 2070. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), 2063”, afirmó.
La experta llevó la discusión al efecto sobre su generación. “Su reforma me obligará a cotizar todos los años de mi vida en una pirámide que destinará mi cotización para pagar las pensiones actuales, y que nunca la va a ahorrar ni invertir”, lamentó. Criticó que “el día que llegue mi turno de tocar la puerta de Colpensiones a decirles que ya cumplí mis semanas y la edad, me van a decir “lo siento mucho, pero no tenemos plata para pagarle. Y así, exactamente igual, con cada uno de los jóvenes de mi generación y de las futuras generaciones”.
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Señaló que “Ocampo, Bonilla y todos los ‘técnicos’ defensores de este adefesio serán recordados como los enemigos de la justicia intergeneracional”.
Objetivo necesario para el país
Otro experto que se refirió a la columna fue el analista económico Carlos Romero Luna. “Comparto que ampliar la cobertura pensional es un objetivo necesario para el país”, señaló.
Romero Luna anotó que Colombia enfrenta un déficit fiscal elevado y crecientes presiones sobre la deuda pública. A partir de ese diagnóstico, planteó que una reforma pensional debe medirse por sus beneficios sociales, por su costo actuarial y por su efecto sobre el Presupuesto General de la Nación (PGN).
El analista cerró su cuestionamiento con una pregunta sobre la financiación de obligaciones permanentes. Su advertencia puso el acento en que el debate también pasa por la estabilidad de las finanzas públicas y por la carga que ese diseño puede trasladar a las futuras generaciones.
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