El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó frenar de forma provisional la ejecución de dos instrumentos que respaldan el nuevo modelo para producir, personalizar, custodiar y distribuir los pasaportes en Colombia.
La decisión, adoptada el 2 de septiembre de 2026, corresponde a una medida cautelar dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.
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La orden recae sobre el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, el CI-005 de 2026 y los contratos o convenios que se desprendan de ambos. La providencia no definió la validez de esos acuerdos, asunto que deberá resolverse en otras instancias.
La medida no cobijó el acuerdo con la entidad portuguesa
El Tribunal precisó que la suspensión no incluye el instrumento suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal, ni implica un pronunciamiento sobre la legalidad de ese acuerdo.
Tampoco suspendió el Convenio Marco 006 de 2024, dado que este ya habría sido liquidado y no se encontraba vigente ni en ejecución. La decisión tampoco se extendió al Convenio Marco 007 de 2025, pues tiene un alcance general de articulación entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional.
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La corporación concluyó que había elementos que justificaban una intervención preventiva mientras avanza el análisis de fondo de la acción popular. Entre ellos figuran cambios e incumplimientos en los cronogramas previstos para el modelo.
El Tribunal señaló dudas sobre el avance del nuevo modelo
La providencia menciona informes institucionales contradictorios y la falta de soportes que permitan comprobar el estado de la infraestructura, el personal y el avance de las operaciones necesarias para implementar el esquema.
El Tribunal consideró que estas circunstancias impiden establecer con certeza el estado real de ejecución del proyecto. En su análisis preliminar, habló de una “planeación improvisada” frente a las dificultades detectadas en el desarrollo del modelo.
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También advirtió cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de requisitos presupuestales y el uso de recursos públicos. Para la corporación, las dudas sobre la ejecución podrían representar un riesgo para el patrimonio estatal mientras no se aclare el alcance de los compromisos asumidos.
La decisión señaló que la incertidumbre puede afectar el abastecimiento de las libretas y, por esa vía, comprometer la continuidad del servicio para los ciudadanos que requieren el documento de viaje.
La orden exige garantizar la expedición de pasaportes
El Tribunal estableció que la suspensión provisional de los convenios no tiene como objetivo detener la expedición de pasaportes. Por ello, ordenó a las entidades involucradas adoptar las medidas administrativas, contractuales y operativas necesarias para impedir una interrupción del servicio.
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Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Fondo Rotatorio, la Imprenta Nacional de Colombia y la entidad portuguesa deberán presentar un informe conjunto dentro de los 20 días hábiles siguientes a la notificación de la providencia.
El documento deberá incluir las actividades ejecutadas, las fases que ya se implementaron, los compromisos materializados, el cronograma actualizado y los documentos que acrediten el avance real del nuevo modelo.
Las entidades también tendrán que entregar información sobre toda la cadena de producción de las libretas, incluidos los centros de fabricación y personalización, así como los contratistas, subcontratistas o terceros que participen en el proceso.
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Según la decisión, la suspensión continuará hasta que las partes acrediten, con información objetiva y verificable, el estado de ejecución del modelo, la disponibilidad de las libretas y las condiciones de seguridad aplicadas para su custodia y producción.
La excanciller Rosa Villavicencio, en conversación con Caracol Radio, aseguró que la decisión es “contradictoria”.
“Es una medida contradictoria. El Tribunal de Cundinamarca siempre se ha opuesto a los pasaportes y hay contradicciones entre unas salas y otras. Es desafortunado para la sociedad colombiana porque es un proceso que está funcionando sin problema y la estructura no tiene ningún tipo de fisura legal”, afirmó.
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