
La Fiscalía pidió imputar a Laura Sarabia tras el testimonio del capitán Óscar Leandro Mojica, que la señaló como la persona que ordenó someter a Marelbys Meza a un polígrafo después de la denuncia por un presunto robo de dinero en su apartamento.
El ente investigador informó que radicó la solicitud de audiencia por los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, con diligencia fijada para el lunes 14 de septiembre.
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En un documento judicial citado en el expediente, la Fiscalía sostiene que Sarabia se comunicó por teléfono con un coronel de la Policía para ordenar el cambio de su esquema de seguridad y la realización de la prueba.
“En llamada telefónica con el coronel, (Laura Sarabia) le dio la instrucción de realizar el cambio del esquema de seguridad y luego la realización del polígrafo a su empleada de servicio”, señala el texto.

La declaración de Mojica quedó incorporada en un principio de oportunidad que aprobó un juez, lo que lo habilitó como testigo dentro del proceso. El capitán era jefe de Hurto a Residencias de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Metropolitana de Bogotá cuando acudió al apartamento de Sarabia el 29 de enero de 2023.
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Según la Fiscalía, el relato permitirá sustentar la hipótesis de que el polígrafo se ordenó para esclarecer el presunto hurto de pertenencias privadas con recursos estatales destinados a otras funciones. El documento judicial afirma: “El testimonio de Óscar Leandro Mojica permitirá dar cuenta de que fue la señora Laura Camila Sarabia quien dio la orden al coronel Feria de realizar la prueba de polígrafo a Marelbys Meza”.
El caso se originó por actuaciones contra Meza, quien trabajaba para Sarabia, tras la desaparición de una suma de dinero de la vivienda de la entonces funcionaria.
La niñera fue trasladada a dependencias oficiales y sometida al procedimiento, que quedó bajo escrutinio por el eventual uso de integrantes y recursos de la seguridad presidencial para atender un asunto particular.
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La investigación pasó por distintas dependencias de la Fiscalía, incluida la unidad anticorrupción y la delegada ante la Corte Suprema de Justicia. En la audiencia del 14 de septiembre, la Fiscalía expondrá ante un juez los hechos con los que busca vincular formalmente a Sarabia al proceso.
Las condenas a cuatro policías marcan el expediente por interceptaciones e interrogatorios en el caso Sarabia

La Fiscalía le imputará a Laura Sarabia, los delitos de abuso de función pública y constreñimiento ilegal agravado, después de que fracasara el intento de su defensa por cerrar el caso mediante justicia restaurativa y evitar que el expediente avanzara por la vía penal.
El proceso se remonta a hechos ocurridos entre el 27 y 29 de enero de 2023, cuando Marelbys Meza, niñera y empleada del aseo de Sarabia, habría sido obligada a someterse a una prueba de polígrafo tras la pérdida de una maleta que, según el ente acusador, contenía documentación y dinero.
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Por ese episodio ya hay cuatro policías condenados en primera instancia y otros siguen en juicio por su presunta participación en la logística de la interceptación del teléfono de Meza y en los interrogatorios posteriores.
La antigua jefa de gabinete, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y exembajadora de Colombia en el Reino Unido en el gobierno de Gustavo Petro llegará a esa diligencia con una negociación agotada.
De acuerdo con sus abogados Mauricio Pava y Mario Iguarán buscaron llevar el caso desde la justicia penal hacia un esquema restaurativo que incluyera una compensación económica para la víctima.
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Ni Meza ni la Fiscalía aceptaron esa salida, pese a que la propuesta fue presentada en unas cinco oportunidades, según fuentes cercanas al caso citadas por El Colombiano. Para el ente acusador, las pruebas reunidas hasta ahora justifican que la exfuncionaria responda formalmente ante un juez.
La defensa buscó un acuerdo para evitar que el caso llegara a imputación

La justicia restaurativa que intentó invocar la defensa de Sarabia consiste, en términos generales, en un mecanismo de mediación entre las partes para resolver las consecuencias del delito sin necesidad de llegar a juicio o a sentencia. Su eje es un acuerdo orientado a la reparación del daño, siempre que exista voluntad tanto de la víctima como de la persona investigada.
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Ese modelo está previsto en el Código de Procedimiento Penal colombiano. El artículo 518 establece: “Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador”.
La misma norma añade: “Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad”.
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Consultado por El Colombiano, el abogado penalista Óscar Santamaría Puerta explicó que “la justicia restaurativa es una forma de no llevar un proceso penal al juicio, sino de darle una terminación por medio de mecanismos alternativos como la reparación, la indemnización o las excusas públicas, entre otros”.
El penalista precisó ante el medio que ese camino no está abierto para todos los delitos. “No todos los delitos permiten aplicar la justicia restaurativa. Por ejemplo, se puede con el hurto simple, pero no con el hurto calificado y agravado; podría usarse con el homicidio culposo (como el de los accidentes de tránsito), pero no con el doloso (premeditado). Aceptarlo es parte de la discrecionalidad del fiscal”.
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