Encontraron trazas de cocaína en el agua de 5 ciudades colombianas: un informe rastrea la contaminación hasta China

Colombia es, desde hace años, el mayor productor mundial de cocaína, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). Ahora, un informe difundido este año le agrega una dimensión al problema que rara vez entra en la discusión pública: sus residuos químicos ya están llegando al agua que millones de colombianos consumen todos los días, incluso en ciudades a cientos de kilómetros de cualquier cultivo de coca o laboratorio clandestino.

El trabajo, titulado “Contaminación Invisible: cocaína e insumos químicos asociados a su producción en el agua potable de Colombia”, fue elaborado por el Center for a Secure Free Society (SFS), con sede en Washington D.C. y especializado en seguridad y defensa hemisférica. El muestreo y el análisis de laboratorio estuvieron a cargo de un equipo de la Universidad de La Sabana, que recolectó y procesó las muestras entre diciembre de 2025 y enero de 2026.

Según el informe del SFS, los investigadores tomaron muestras en doce ciudades y diecinueve puntos de recolección, entre ellos los principales centros urbanos del país —Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Cúcuta— y otros siete municipios. En conjunto, el estudio cubrió a una población de 17 millones de personas, el 32% de los habitantes de Colombia.

Cinco ciudades

El hallazgo más relevante del informe fue la detección de trazas de cocaína en el agua del grifo —ya tratada— en Bogotá, Cali, Cartagena, Popayán y Quibdó, ciudades que suman más de 11,8 millones de habitantes.

Con la excepción de Cali, la contaminación persistió después del proceso de potabilización. En Bogotá, la concentración llegó a 0,027 microgramos por litro tras el tratamiento, luego de haberse detectado 0,030 microgramos por litro antes del tratamiento en el sistema de La Regadera y 0,018 en la planta de Tibitoc. En Cali se hallaron 0,030 microgramos por litro antes del tratamiento, en la planta Puerto Mallarino. En Cartagena, 0,032 microgramos por litro en el Canal del Dique bajaron a 0,005 en el agua ya tratada. Popayán y Quibdó registraron, respectivamente, 0,004 y 0,002 microgramos por litro en el grifo.

Según detalla el informe, junto con la cocaína aparecieron otras sustancias asociadas a su procesamiento.

La acetona se detectó en el agua tratada de siete ciudades, con valores de entre 2 y 32 microgramos por litro, con el máximo en Villavicencio.

El metanol superó en varias localidades el valor de referencia internacional de 3 miligramos por litro, con picos de 4,3 en Florencia y 3,2 en Montería.

El nitrógeno amoniacal alcanzó los 2,7 miligramos por litro en Bogotá, muy por encima del umbral de referencia de 0,5 que usa el propio informe como comparación.

También se hallaron niveles altos de diésel en los puntos de pretratamiento de Bogotá, con 22,2 miligramos por litro en Tibitoc, y de Cartagena, con 9,9 en el Canal del Dique.

El informe es cuidadoso en un punto: aclara que estas concentraciones no permiten inferir efectos clínicos inmediatos sobre la población ni atribuir cada hallazgo a una única fuente de contaminación. Lo que sostienen sus autores es que se trata de indicadores de una contaminación química difusa y persistente en sistemas hídricos vinculados a territorios donde opera la economía ilícita de la cocaína.

“Tal como revelan los hallazgos del SFS, el volumen alarmante de precursores químicos y gasolina vertidos en la producción de cocaína está generando una contaminación masiva y silenciosa. Este derrame tóxico no solo aniquila la fertilidad de nuestros suelos en las zonas de origen, sino que se expande a través del agua hasta llegar a las grandes ciudades”, afirmó Leonardo Coutinho, Director Ejecutivo del Center for a Secure Free Society. Y agregó: “Pretender que los sistemas de tratamiento filtren esta carga química es ignorar el origen del problema. Combatir el narcotráfico desde la raíz es indispensable no solo para acabar con la violencia y la captura del Estado, sino para proteger el territorio y la salud de todos los colombianos”.

Por qué descartan que sea solo por consumo humano

La presencia de cocaína en aguas urbanas no es un fenómeno exclusivo de Colombia. La literatura científica internacional la documenta en varios países y, como resume el propio informe, suele explicarla por el consumo humano de la droga y su posterior excreción hacia el sistema de alcantarillado. Estudios europeos multinacionales informan, en ese contexto, concentraciones promedio de entre 0,3 y 0,4 nanogramos por litro en ciudades de alto consumo.

El informe compara esa cifra con lo hallado en Colombia —entre 2 y 30 nanogramos por litro según el punto de muestreo— y sostiene que la diferencia es demasiado grande para explicarse solo por el consumo urbano, ya que implicaría niveles de consumo per cápita extraordinariamente altos y sin respaldo empírico en ninguna otra parte del mundo.

La hipótesis que plantean sus autores es que existen fuentes adicionales de contaminación, directamente asociadas al procesamiento ilícito de cocaína y al vertido de residuos químicos en ríos y suelos. Es una inferencia razonada a partir de la comparación con otros estudios, aunque el propio documento reconoce que esas comparaciones deben tomarse con cautela por las diferencias metodológicas, hidrológicas y temporales entre unos y otros, y que no logran establecer una relación causal exclusiva entre cada contaminante y una fuente específica.

Los riesgos

El informe dedica un apartado extenso a la toxicidad de las sustancias halladas, aunque sin convertir los hallazgos en un diagnóstico epidemiológico —algo que los propios autores dicen de manera explícita que no pretenden hacer—.

El amoníaco, en niveles por encima de 0,5 miligramos por litro, no solo es tóxico por sí mismo sino que, según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, favorece procesos de nitrificación que reducen el pH del agua y pueden liberar plomo y cobre desde las cañerías, generando lo que el informe llama un segundo ciclo de exposición.

El metanol, por su parte, se metaboliza en formaldehído y luego en ácido fórmico, compuestos asociados a toxicidad neurológica y ocular en casos de intoxicación clínica; los valores hallados en Montería y Florencia superan el límite de referencia de 3 miligramos por litro que usa el Departamento de Salud de Minnesota. El diésel, en los puntos de pretratamiento, apareció muy por encima del valor de referencia de 0,05 miligramos por litro que utiliza el informe como comparación.

Los autores señalan que las poblaciones más vulnerables a una exposición crónica y de bajo nivel son los niños, por la mayor absorción proporcional de contaminantes y el cerebro aún en desarrollo, y los adultos mayores, por la menor capacidad de depuración renal y hepática. Pero insisten en un límite que conviene remarcar: estas concentraciones no equivalen a intoxicación aguda ni a una enfermedad clínica comprobada. Lo que documentan, dicen, es la persistencia de contaminantes vinculados a actividad ilícita dentro de sistemas de agua para consumo humano, algo que amerita más monitoreo ambiental y epidemiológico, no una alarma sanitaria inmediata.

El informe también conecta la contaminación hídrica con la seguridad alimentaria. Cita evidencia experimental según la cual concentraciones ambientales de apenas 0,001 microgramos por litro de cocaína pueden afectar el ADN de ciertas plantas e interferir en su germinación, la etapa más vulnerable del ciclo de cultivos como el café, el arroz de riego, el banano, el cacao y hortalizas de semilla pequeña como el tomate o la cebolla.

A eso se suma el vertido de residuos alcalinos —como el cemento usado para neutralizar ácidos durante el procesamiento— que puede elevar el pH del suelo y alterar la disponibilidad de nutrientes, con un impacto especialmente severo en suelos tropicales. Colombia, señala el informe citando al Banco Mundial y a la FAO, usa 372,9 kilos de fertilizante por hectárea cultivable, el doble del promedio de América Latina y el Caribe, lo que —según los autores— vuelve a la agricultura del país particularmente dependiente de la estabilidad química del suelo y del agua.

La ruta de los precursores: de China a los laboratorios colombianos

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La segunda mitad del informe se aparta del laboratorio y se adentra en el terreno del comercio internacional. A partir de datos de la base UN Comtrade de Naciones Unidas, el equipo del SFS analizó siete corredores comerciales de sustancias químicas de doble uso entre 2015 y 2024: China-Brasil, China-Venezuela, China-Ecuador, China-Colombia, Brasil-Venezuela, Brasil-Colombia y Ecuador-Colombia. Con un modelo estadístico de detección de anomalías, el informe identifica patrones que interpreta como indicios de desvío de precursores hacia la producción de cocaína.

En el corredor China-Brasil, las cantidades comerciadas treparon de 14,7 millones de unidades en 2020 a 183,2 millones en 2022, un salto del 840% en un año, mientras el valor unitario declarado caía a menos de un tercio. Ese patrón —más volumen a menor precio— es, según el informe, incompatible con una simple reposición industrial. El flujo colapsó 79% en 2023 y 2024, en coincidencia con controles más estrictos introducidos por Colombia en 2022 y con investigaciones de la policía federal brasileña sobre desvío de precursores químicos.

El corredor China-Venezuela registró la anomalía más pronunciada de toda la serie: de 117.050 unidades en 2018 a 39,5 millones en 2019, un aumento superior al 33.000%, seguido de un colapso casi inmediato. El informe interpreta ese comportamiento como típico de una zona de transbordo temporal. El corredor China-Ecuador, en cambio, no muestra un pico único sino un crecimiento sostenido, de 646.320 unidades en 2021 a 3,3 millones en 2024, que los autores vinculan más a la expansión de la producción de cocaína en Colombia que al desarrollo industrial ecuatoriano; citan además un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre más de setenta cruces fronterizos no autorizados entre Ecuador y Colombia, concentrados cerca de Nariño y Putumayo.

El corredor directo entre China y Colombia creció un 103% entre 2021 y 2024, mientras el corredor formal Brasil-Colombia se contraía un 91% en el mismo período. Esa relación inversa es, para los autores, la señal más clara de una reasignación deliberada de rutas ante el mayor control regulatorio en cada país de tránsito.

El informe cruza estos datos comerciales con un tercer indicador: el consumo de gasolina por habitante a nivel municipal, usando datos abiertos del gobierno colombiano. Municipios de la Cordillera de Nariño, como Policarpa, con 179 galones por habitante al año —casi cuatro veces el promedio nacional de 45 galones—, y de Norte de Santander, como Mutiscua, con 202 galones, muestran consumos extremos que coinciden geográficamente con corredores de cultivo y procesamiento de coca ya documentados por las autoridades de seguridad colombianas.

El señalamiento a China

El informe no se detiene en la descripción de las rutas comerciales: dedica buena parte de sus conclusiones a responsabilizar políticamente al gobierno chino. Cita el Informe de Precursores 2024 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, el Informe Europeo sobre Drogas 2024 de la Agencia de la Unión Europea para las Drogas y el Informe INCSR 2025 del Departamento de Estado de Estados Unidos, todos coincidentes en señalar a empresas chinas como la principal fuente global de precursores químicos ilícitos.

También menciona una investigación bipartidista del Congreso de Estados Unidos, de abril de 2024, según la cual el sistema chino de reembolso del IVA incentivó, desde 2018, la exportación de al menos catorce sustancias análogas al fentanilo —muchas clasificadas como Lista I en tratados de la ONU— con una tasa de reembolso que llegó al 13% en 2020.

La conclusión política del SFS es explícita: el patrón de aplicación normativa desigual por parte de Beijing —firme cuando el problema amenaza su orden interno y laxo cuando el costo se externaliza hacia terceros países— no constituiría una política formal de patrocinio estatal del narcotráfico, pero sí una asimetría estructural de la que, según el informe, el Estado chino no queda exento de responsabilidad política.

La investigación estuvo dirigida por Leonardo Coutinho, director ejecutivo del SFS, y José Gustavo Arocha, senior fellow de la organización, con la colaboración de investigadores latinoamericanos que pidieron no ser identificados por razones de seguridad.