Mientras la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez continúa con su estrategia para dar un vuelco al expediente judicial contra el expresidente por su presunta responsabilidad en masacres en Antioquia, la indagatoria sigue programada para el viernes 4 de septiembre, aun cuando el conflicto de competencias entre la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones no ha sido resuelto por la Corte Constitucional.
De hecho, el ente acusador realizó una serie de movidas en las últimas horas mientras espera una definición sobre qué entidad debe continuar con el proceso, incluidas las citaciones al exmandatario y al testigo estrella: Salvatore Mancuso.
El equipo investigador planea visitar Montería para entrevistar al exjefe paramilitar con el objetivo de precisar detalles del cuestionario que Uribe deberá responder en la indagatoria, según información revelada por Caracol Radio.
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Esta entrevista buscaría confirmar hechos previamente relatados por Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz y sumar elementos a la investigación por presuntos vínculos con grupos paramilitares.
El procedimiento judicial contra el exmandatario se mantiene vigente, ya que ninguna decisión judicial ha suspendido la citación. La defensa de Uribe aún puede pedir una reprogramación, pero hasta ahora la diligencia sigue en pie. Mientras tanto, el proceso continúa bajo la jurisdicción de la Fiscalía, a la espera de que la Corte Constitucional determine quién debe asumir la investigación.
Ejes de la indagatoria: masacres y asesinatos bajo la lupa
El caso aborda hechos ocurridos durante el periodo en que Uribe fue gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997. El primer punto de análisis será la masacre de La Granja, perpetrada en junio de 1996 en Ituango. En esa ocasión, varios habitantes fueron asesinados por grupos paramilitares, y la Fiscalía intenta establecer el grado de conocimiento y actuación de las autoridades departamentales en esos hechos.
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La segunda masacre que será objeto de indagatoria tuvo lugar en noviembre de 1997 en El Aro, también en Ituango. Diversas familias sufrieron asesinatos, desplazamientos y violencia por parte de grupos armados ilegales. La Fiscalía busca determinar la implicación y el conocimiento que pudo haber tenido el entonces gobernador sobre estos ataques.
El asesinato del abogado y defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, ocurrido en febrero de 1998, constituye otro eje de la investigación. Valle había denunciado la actividad de los paramilitares en Antioquia y había advertido sobre la situación de violencia en la región. La Fiscalía intenta esclarecer qué información poseían las autoridades sobre estas denuncias y cómo se desarrollaron los hechos previos a su muerte.
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Finalmente, la indagatoria también abordará eventos relacionados con la hacienda Guacharacas. Se investigan las circunstancias en las que surgieron estructuras paramilitares vinculadas posteriormente al Bloque Metro de las Autodefensas en esa zona.
Competencia en disputa y continuidad de la investigación
El conflicto de competencias surgió cuando la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes solicitó a la Fiscalía el expediente de Uribe, alegando que el caso por concierto para delinquir podría corresponder al Congreso. La Corte Constitucional recibió la controversia, pero aún no ha tomado una decisión definitiva.
Mientras tanto, la Fiscalía argumenta que debe seguir adelante con las actividades programadas, incluyendo la entrevista a Mancuso y la indagatoria a Uribe. Según fuentes cercanas al proceso, la diligencia podría extenderse durante varios días debido a la complejidad y cantidad de hechos investigados.
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Este proceso es independiente de la investigación por presunta manipulación de testigos, por la que Uribe fue absuelto de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal en segunda instancia. Esa absolución sigue bajo revisión de la Corte Suprema de Justicia.
La situación jurídica de Uribe permanece en suspenso, ya que la definición sobre la competencia podría cambiar el curso de la investigación. Mientras tanto, la Fiscalía continúa con sus actuaciones, a la espera de una decisión que podría modificar el escenario procesal en las próximas semanas.
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