Gobierno Petro habría interferido en proceso de extradiciones de varios criminales, aseguró exministra de Justicia: “Hubo intromisión”

La exministra de Justicia Ángela María Buitrago afirmó que su salida del gobierno de Gustavo Petro estuvo relacionada con su negativa a avalar beneficios para jefes criminales en el marco de la paz total. Señaló que dejó constancia escrita de que no podían avanzar diálogos ni suspensiones mientras los grupos continuaran delinquiendo, no entregaran armas y no realizaran actos verificables de sometimiento.

A proposito de la ordén del presidente Abelardo de la Espriella de dar vía a la extradicción de a Estados Unidos de cinco cabecillas de grupos criminales, de los cuales, estan en custodía, Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo;Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, y Geovany Andrés Rojas, conocido comoAraña, mentras que Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, y a Gabriel Yepes Mejía, alias HH, estan prófugos de la justicia.

En entrevista con Blu Radio, Buitrago ubicó uno de los episodios centrales en mayo de 2025, cuando firmó la resolución de extradición de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, mientras el presidente estaba en China. Tras su salida, la decisión fue modificada: la extradición se concedió, pero quedó suspendida mientras el jefe criminal permanecía, supuestamente, en mesas de paz.

La exministra precisó que presentó su renuncia el 15 de mayo de 2025 y dejó el cargo el 16 de mayo de 2025, “entre otras cosas” por la intervención de la Oficina del Comisionado de Paz en un trámite que, según ella, no era de su competencia.

Relacionó esa tensión con la captura de alias Andrés Araña en febrero de 2025. Defendió la legalidad del procedimiento ejecutado por el CTI porque respondía a una circular roja de Interpol y a una orden internacional, y afirmó que ni jueces ni fiscales podían suspender una medida de esa naturaleza.

Buitrago cuestionó el uso de la paz total

La exministra resumió su posición con una objeción jurídica y política. “Siempre cuando yo fui ministra de Justicia manifesté que no podía sentarse a la mesa sin que hicieran actos de sometimiento, ni entregaran armas, ni se desmantelaran. No podían seguir delinquiendo”, afirmó.

Sostuvo que el Ministerio de Justicia no tenía competencia sobre el proceso de paz, que esas decisiones correspondían al presidente y al comisionado, y que su intervención consistió en dejar constancias formales sobre los riesgos de negociar con estructuras que mantenían control territorial, extorsiones y otras actividades criminales.

Cuestionó la interpretación de la ley 2272. “La paz total fue utilizada para cosas que tampoco tenían como marco la paz total”, dijo. Añadió que la norma “nunca permitía” aplicar suspensiones como se venía haciendo, menos aún frente a órdenes internacionales o personas que seguían cometiendo delitos.

Sostuvo que esa lectura jurídica fue constante durante su paso por el ministerio y que la expresó en reuniones, debates de control político y documentos enviados al presidente. Para ella, el problema no era solo la mesa de diálogo, sino el uso de ese escenario para alterar decisiones judiciales o administrativas sin base legal.

Choque por la captura de alias Araña e intromisiones en la extradición de alias HH

Sobre alias Andrés Araña, Buitrago dijo que su cartera no participó en la captura, pero fue consultada después sobre la legalidad del operativo. “Es completamente legal”, respondió entonces al comisionado de paz, porque se trataba del cumplimiento de una circular roja de Interpol y de una orden internacional.

Afirmó que no existía margen para presentar ese procedimiento como un entrampamiento al proceso de paz. “No había ningún entrampamiento, había un cumplimiento de una orden y de una circular roja de Interpol”, sostuvo, rechazando la tesis que defendieron sectores del Gobierno tras la detención en un hotel de Bogotá.

Pidió públicamente un “giro total” al proceso de paz durante una locución presidencial en febrero de 2025. Según explicó, buscó advertir que las comunidades estaban sometidas al hostigamiento, la extorsión y formas de control ejercidas por esos grupos armados.

Dijo que nunca asistió a esas mesas, pero recordó por lo visto en medios que el entonces comisionado de paz Otty Patiño intervino para evitar la captura. Añadió que existía una denuncia por ese episodio y defendió la actuación del CTI como ajustada al mandato de la ley procesal colombiana y de los instrumentos internacionales.

Según Buitrago, el trámite de extradición de alias HH marcó el quiebre definitivo. “Hubo intromisión de la Oficina del Comisionado de Paz”, afirmó al describir el envío de un concepto negativo que consideró sin validez legal.

Sostuvo que ese concepto le fue remitido por una comisionada encargada y que solo la Corte Suprema de Justicia podía emitir una opinión negativa dentro del procedimiento de extradición. “Un comisionado de paz no tiene facultad ni competencia para intervenir en un proceso o un procedimiento de extradición”, dijo.

Explicó que respondió oficialmente a esa comunicación, firmó la resolución favorable a la extradición y, poco después, formalizó su salida. Según su relato, la pretensión inicial era negar la entrega del jefe criminal con base en ese concepto, pero ella consideró que eso era imposible porque se cumplían los requisitos legales y persistía la actividad delictiva.

Mencionó intentos de cambiar al director de drogas por una persona que no cumplía requisitos y cuestionó maniobras para sacar al director de la Uspec en un área delicada para la administración penitenciaria.

Ángela María Buitrago dijo que se negó a frenar la extradición de alias HH y defendió la legalidad de la captura de alias Araña.

Críticas a la Fiscalía por suspender órdenes sin actos verificables

La exministra expresó una “discrepancia jurídica” con decisiones de la Fiscalía en varios de estos casos. Explicó que la suspensión prevista en la ley solo podía operar cuando existieran actos reales y verificables de sometimiento, requisito que, a su juicio, no se cumplía con grupos que continuaban criminalizando territorios y población civil.

“Estoy convencida de que no se puede dar la suspensión”, dijo al ser consultada por las órdenes levantadas a favor de personas capturadas o condenadas. Aclaró que no calificaba la actuación de la Fiscalía, pero remarcó que no veía competencia para hacerlo en esos supuestos.

Indicó que la propia Fiscalía corrigió después una de esas decisiones al revocar la suspensión dictada. Para Buitrago, ese retroceso confirmó que la medida inicial no debía haberse adoptado, porque involucraba a personas condenadas y se apartaba del marco legal que ella venía señalando.

Su objeción incluyó que la ley 2272 no podía suspender órdenes emitidas desde el exterior ni neutralizar circulares rojas de Interpol, porque esos mecanismos forman parte de los compromisos del país en materia de extradición y colaboración con la justicia de otros Estados.

Buitrago aseguró que puso estos hechos en conocimiento de los órganos de control y de investigación. Señaló que presentó los nombres de las personas intervinientes, sus consideraciones jurídicas y los episodios que consideraba sin sustento legal, y precisó que esa información está en la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Corte Suprema.

En la parte final de la entrevista mencionó el caso de Mocho Olmedo y afirmó que le pareció “una aberración” que una persona capturada por la Fiscalía hubiera quedado bajo competencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, organismo que, según sostuvo, no tenía facultades para ello.