
El 25 de agosto de 2026, la Corte Constitucional avaló el 90% del articulado de la reforma pensional impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, una decisión adoptada por 7-1 que mantuvo en pie la mayor parte de la ley y devolvió nueve artículos al Congreso para corregir vicios de forma, en un fallo que reactivó la controversia planteada desde su origen por el Centro Democrático.
El partido de oposición anunció una contrarreforma a la reforma pensional de Gustavo Petro con el argumento de que la ley limita la libertad de elección de los cotizantes de menores ingresos y compromete el ahorro y las finanzas públicas en el mediano plazo.
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La decisión de impulsar un nuevo proyecto de ley se conoció junto con una de las cifras que más repite la oposición sobre el sistema: el senador del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, advirtió que están en juego $550 billones de los colombianos y sostuvo que, si ese ahorro no se protege, el país terminará obligado a subir la edad de jubilación.
El anuncio lo hizo el senador Andrés Forero en sus redes sociales, según informó, su partido prepara una iniciativa para “corregir los problemas creados por la pensional”. En ese mensaje sostuvo que Petro “se ensañó con los cotizantes de menos recursos económicos y limitó su libertad de elección” y afirmó que ese punto “se debe enmendar”.
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Álvaro Uribe anticipó un modelo con fondos privados como eje único

Aunque el texto todavía no está terminado, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, adelantó en su cuenta de X la idea general de la propuesta. “Algo simple: Que quede solamente el sistema de fondos; con garantía de pensión mínima y pilar semi-contributivo (BEPs). Se impulsa el programa del adulto mayor. Se respeta Colpensiones a sus actuales afiliados, sin nuevas afiliaciones y sin nuevos trasladados. Así se eliminan los subsidios regresivos”, escribió.
Ese planteamiento supone dejar el manejo del sistema en los fondos privados, mantener una garantía de pensión mínima, conservar un componente semicontributivo a través de los BEPs y cerrar la entrada de nuevos afiliados y traslados a Colpensiones, aunque con respeto por quienes están vinculados a la entidad estatal.
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Uribe Vélez también reiteró su posición sobre el papel que, a su juicio, debe tener esa administradora pública. “Colpensiones no se necesita, es ineficiencia, derroche y clientelismo. Los fondos privados pueden manejar todas las cotizaciones y hacer los pagos de acuerdo con la ley. Una pequeña cuenta de MinHacienda liquidaría pensiones de invalidez y sobrevivencia”, afirmó.
El líder del Centro Democrático añadió que una reforma pensional que elimina el ahorro puede producir beneficios iniciales, pero después genera un déficit que consideró insostenible. En esa misma línea, planteó “una nueva norma para que los fondos privados tengan el manejo del mayor % de los recursos” y defendió “un solo régimen y el desmonte de subsidios inequitativos para fortalecer al adulto pobre y a quienes sin ingresos no alcanzan a pensionarse”.
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En otro mensaje, Uribe Vélez expuso los que, en su criterio, son los riesgos a los que se expone el país con la reforma pensional de la anterior administración. El exmandatario ha señalado de manera reiterada que reducir esos fondos crea riesgos para los trabajadores y para el manejo de la economía.
En esa línea, advirtió: “Si trasladan el alto porcentaje de los fondos de pensiones al Estado, seguramente seguirán pagando las pensiones, pero con riesgos financieros e inflacionarios derivados de la falta de reservas. Puede ser que el fondo público inicialmente lo manejen bien, pero terminarán gastándolo; ya se vivió con las reservas del Seguro Social”.
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En su postura, defendió el desempeño histórico del sistema privado. Según su planteamiento, esos fondos, que identificó como propiedad de los trabajadores, suman más o menos USD 80.000.000.000 y han mostrado rendimientos reales del 8% durante muchos años, por encima de la inflación.
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