Reforma pensional de Petro avalada por la Corte Constitucional tiene más de 100 demandas: podría tener problemas para entrar en vigencia

La reforma pensional enfrenta actualmente más de 100 demandas de inconstitucionalidad presentadas ante la Corte Constitucional de Colombia, un escenario que podría modificar su entrada en vigencia, prevista para el 1 de abril de 2027.

El alto tribunal deberá retomar el estudio de estos recursos a partir de esa fecha, luego de declarar exequible la mayoría de los artículos de la ley y devolver nueve disposiciones a la Cámara de Representantes para que corrija los vicios de procedimiento señalados.

Uno de los puntos centrales de las demandas es el aval fiscal de la reforma. El abogado y socio de Holland & Knight, Camilo Cuervo, advirtió, en declaraciones a La República, que la ausencia de un respaldo financiero sólido constituye uno de los argumentos más robustos en contra de la ley.

“Una norma de esta magnitud debe contar con un respaldo fiscal que permita demostrar que el Estado puede asumir las obligaciones”, explicó Cuervo.

Así mismo, el especialista estimó que la reforma implica un costo cercano a $70 billones, lo que representa alrededor de dos puntos del Producto Interno Bruto (PIB), y trasladaría una parte significativa de la carga del aseguramiento al sector público, especialmente por el umbral de 2,3 salarios mínimos.

Por su parte, el presidente de Asofondos, Andrés Velasco, coincidió en que la fiscalización será clave en el análisis de la Corte. “Una de las demandas señala que el texto finalmente aprobado no contaba con ese estudio, pues el Gobierno lo había elaborado para la ponencia presentada para cuarto debate en la plenaria de la Cámara, que luego tuvo cambios importantes. Este será uno de los asuntos que la Corte deberá analizar después del 1 de abril de 2027”, afirmó Velasco.

El trámite legislativo aún no ha concluido. La Cámara de Representantes deberá discutir y subsanar los nueve artículos devueltos, que abordan aspectos como la administración de los recursos del sistema pensional y el traspaso de fondos a Colpensiones. Si la Cámara los aprueba sin cambios, la reforma completaría su proceso; si los rechaza o modifica, el articulado podría quedar incompleto o requerir conciliación con el Senado.

El avance de propuestas alternativas dinamiza la discusión sobre la reforma pensional en la Cámara de Representantes y el futuro de Colpensiones. El representante Daniel Briceño anunció su apoyo a la llamada “Contrarreforma de la Libertad”, propuesta por la columnista Jerome Sanabria, que busca eliminar el pilar semicontributivo y permitir a los afiliados elegir entre devolución de saldos o renta vitalicia.

“Darle la oportunidad a los afiliados de escoger si quieren su devolución de saldos o una renta vitalicia con su ahorro pensional”, explicó Briceño. Además, pretende que el componente contributivo sea opcional y que los ciudadanos elijan dónde cotizar, limitando el aporte a Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos.

Representantes como Hernán Cadavid y María Clara Posada también declararon su intención de promover una contrarreforma para ajustar los aspectos que, según su criterio, permanecen sin resolver en la Ley 2381, como el envejecimiento de la población, la informalidad laboral y la necesidad de fortalecer el ahorro para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Del mismo modo, Asofondos sostuvo que las modificaciones introducidas no han solucionado problemas estructurales del sistema, y que estos desafíos deberían abordarse en el trámite complementario y en los espacios de diálogo institucional.

“Desde el gremio participaremos en los espacios que se abran desde las instituciones correspondientes, del Legislativo y el Ejecutivo, para buscar el mejor sistema pensional para los colombianos”, señaló Velasco en declaraciones recogidas por La República.

La Corte Constitucional retomará el análisis de los artículos pendientes y de las demandas acumuladas una vez se complete el trámite en el Legislativo.

Este proceso podría derivar en la anulación de artículos específicos, de partes del articulado o, en el caso más extremo, de la totalidad de la ley. La decisión del alto tribunal sobre las demandas y el cumplimiento de los procedimientos legislativos determinará el futuro del sistema pensional y de la propia reforma.