La representante del Pacto Histórico, Mafe Carrascal, manifestó su rechazo frente al anuncio del gobierno encabezado por Abelardo de la Espriella sobre el regreso de la fumigación aérea como estrategia para atacar los cultivos de uso ilícito en el país.
Carrascal calificó la medida como “gravísima” y sostuvo que contradice las obligaciones impuestas por la Corte Constitucional. “El Gobierno de @ABDELAESPRIELLA anunció el regreso de la fumigación aérea. Y esto es gravísimo y va en contra de las obligaciones que estableció la Corte Constitucional”, declaró la congresista.
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Las sentencias T-236 de 2017 y T-413 de 2021, emitidas por la Corte Constitucional, establecieron parámetros claros para proteger la salud, el ambiente y los derechos de las comunidades campesinas que habitan en las zonas rurales donde habitualmente se desarrollan estas operaciones.
Según Carrascal, estas decisiones judiciales sentaron un precedente que obliga al Estado a privilegiar la protección de la vida y el entorno por encima de cualquier estrategia punitiva.
“Fumigar no es simplemente cambiar un químico por otro. Es intervenir territorios donde viven familias, donde hay cultivos de alimentos, animales, fuentes de agua y comunidades que pueden quedar expuestas”, advirtió la representante.
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La polémica se intensificó luego de conocerse que la sustancia seleccionada para las nuevas aspersiones sería el glufosinato de amonio.
Para Carrascal, existe una profunda preocupación por la falta de estudios actualizados e independientes que demuestren la seguridad del producto.
“Ahora sabemos que el Gobierno pretende utilizar glufosinato de amonio, pero seguimos esperando los estudios que demuestren que su uso no representa un riesgo para la salud y el ambiente”, subrayó la congresista, quien espera claridad respecto al respaldo científico de la decisión.
La representante explicó que, ante la ausencia de información oficial y ante la incertidumbre que genera la reanudación de la fumigación aérea, presentó un derecho de petición dirigido al Ministro de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes.
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El objetivo es obtener respuestas concretas sobre el tipo de sustancia química que se va a utilizar, la autoridad que autorizó su aplicación, las zonas específicas donde se realizarán las aspersiones, el presupuesto asignado y la cantidad de familias campesinas que podrían resultar afectadas.
“Por eso radiqué un derecho de petición al Ministro de Justicia y al Consejo Nacional de Estupefacientes. Quiero saber qué van a utilizar, quién lo autorizó, dónde van a fumigar, cuánto va a costar y cuántas familias campesinas podrían quedar expuestas”, recalcó.
En el documento remitido a las autoridades, Carrascal exige que el Gobierno precise y documente cada una de las decisiones adoptadas para retomar la aspersión aérea, considerando tanto el marco legal vigente como la evidencia científica disponible.
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La congresista pregunta de manera directa: “¿Qué sustancia se va a asperjar sobre el territorio colombiano, sobre quiénes y con qué evidencia científica?”.
En el texto, se solicita la relación de todas las sesiones del Consejo Nacional de Estupefacientes, copia de los actos administrativos recientes, detalles sobre la elección del glufosinato de amonio y los estudios toxicológicos o ecotoxicológicos que respalden su uso en Colombia.
Carrascal también pidió que se aclare el fundamento normativo que habilita la utilización del glufosinato, información sobre el proveedor, los costos por litro y por hectárea, así como el mecanismo de contratación adoptado.
De igual forma, solicita que se informe si existen acuerdos internacionales o cooperación técnica con otros países para la reanudación de estas prácticas, así como las metas de erradicación y el presupuesto proyectado para los próximos años.
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En su intervención, la congresista planteó una inquietud de fondo sobre la política pública: “¿Cuánta plata va a poner el Gobierno para fumigar y cuánta para ofrecerles alternativas reales a los campesinos?”.
Por último, Mafe Carrascal advirtió que si el Estado se limita a enviar aviones para destruir cultivos, sin invertir en desarrollo rural, asistencia técnica ni alternativas económicas, no se resolverá la problemática de fondo. “Estamos trasladando nuevamente el costo de la guerra contra las drogas a los campesinos”, concluyó.
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