Álvaro Uribe expresó su preocupación por aval de la Corte Constitucional a la reforma pensional de Petro: “Acaba con el ahorro”

El 25 de agosto de 2026, la Corte Constitucional avaló el 90% del articulado de la reforma pensional impulsada por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, una decisión adoptada por 7-1 que mantuvo en pie la mayor parte de la ley y devolvió nueve artículos al Congreso para corregir vicios de forma, en un fallo que reactivó la controversia planteada desde su origen por el Centro Democrático.

La votación dejó exequible la gran mayoría del texto y abrió un ajuste limitado sobre esos nueve artículos. El alcance de la decisión golpeó de frente a uno de los sectores que había cuestionado y demandado la reforma.

Álvaro Uribe Vélez fue una de las voces que reaccionó con mayor dureza, aunque sostuvo su posición de respetar y acatar las decisiones judiciales. En su cuenta oficial de X, insistió en que la reforma produce alivios iniciales, pero compromete la sostenibilidad futura del sistema.

“La reforma pensional que acaba con el ahorro trae beneficios iniciales y en el mediano plazo crea un déficit insostenible”, escribió el exmandatario.

Luego planteó una alternativa: “Se necesita una nueva norma para que los fondos privados tengan el manejo del mayor % de los recursos. Conviene un solo régimen y el desmonte de subsidios inequitativos para fortalecer al adulto pobre y a quienes sin ingresos no alcanzan a pensionarse”, expuso el exmandatario.

Uribe Vélez insistió en que trasladar recursos al Estado eleva el riesgo financiero

La respuesta de Uribe Vélez se concentró en el papel de los fondos privados y en el efecto que, a su juicio, tendría una mayor concentración de recursos en manos del Estado colombiano. El líder del Centro Democrático ha señalado de manera reiterada que reducir esos fondos crea riesgos para los trabajadores y para el manejo de la economía.

En esa línea, advirtió: “Si trasladan el alto porcentaje de los fondos de pensiones al Estado, seguramente seguirán pagando las pensiones, pero con riesgos financieros e inflacionarios derivados de la falta de reservas. Puede ser que el fondo público inicialmente lo manejen bien, pero terminarán gastándolo; ya se vivió con las reservas del Seguro Social”.

En su postura, defendió el desempeño histórico del sistema privado. Según su planteamiento, esos fondos, que identificó como propiedad de los trabajadores, suman más o menos USD 80.000.000.000 y han mostrado rendimientos reales del 8% durante muchos años, por encima de la inflación.

La controversia política no se limitó al exmandatario. Desde el Centro Democrático, el senador Andrés Forero calificó el fallo como una mala noticia y lo vinculó con un posible deterioro de las condiciones de quienes hoy cotizan y de quienes se pensionarán en el futuro.

Forero enfocó su crítica en el impacto de la reforma sobre los jóvenes y los afiliados con menos recursos. “Mala noticia para los jóvenes la decisión de la Corte sobre la reforma pensional. Esta perjudica a los cotizantes de menos recursos, desploma el ahorro nacional y pone en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Se requiere una reforma que corrija defectos”, afirmó.

Por su parte, María Clara Posada, senadora del Centro Democrático, anunció que presentará un proyecto de ley para “modificar los dos aspectos más críticos del proyecto”, según sus declaraciones en X.

“1. Se le debe devolver el ahorro a las personas que no logran cumplir los requisitos para pensionarse. Actualmente funciona así, pero la Reforma le roba los recursos y lo cambia por un subsidio mínimo. 2. ⁠El umbral mínimo de cotización en Colpensiones debe ser de 1 salario mínimo. Los recursos del Estado deben enfocarse en garantizar los recursos para los más vulnerables (sic)“, explicó la senadora.

Desde el Legislativo, el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, anunció que la corporación adelantará el trámite de subsanación ordenado por la Corte Constitucional frente a algunos apartados de la reforma pensional, luego de la decisión adoptada por la Sala Plena sobre la Ley 2381 de 2024.

Barguil señaló que la Corporación cumplirá con el procedimiento establecido por la Corte Constitucional y que este se desarrollará bajo criterios de transparencia y rigor institucional. Garantizaremos un debate democrático y transparente, con rigor institucional y absoluto respeto por la Constitución”, escribió en X.