Fiscalía retiró esquema de seguridad asignado a Lucy Laborde, la exfiscal del caso contra Nicolás Petro

Lucy Laborde, exfiscal encargada del caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente de la República, Gustavo Petro, denunció haber recibido presiones directas de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, para retirar el delito de lavado de activos de la imputación y dejar solo el de enriquecimiento ilícito.

Según Laborde, la instrucción se dio durante una reunión en el despacho de Camargo, en presencia de varios funcionarios. Sin embargo, dijo, se negó a seguirla porque, en su criterio, había evidencia suficiente para sostener la acusación por ese delito.

Tras la denuncia, la Fiscalía General de la Nación dejó en firme la decisión de retirar el esquema de protección que tenía la fiscal Lucy Laborde, argumentando que el “deber reforzado de protección” para funcionarios que investigan criminalidad organizada “no fue desconocido” porque ella contó con acompañamiento “durante el periodo en que la valoración técnica lo estimó procedente” y la medida se revisó con “parámetros técnicos y normativos”.

La determinación quedó plasmada en un acto de la Dirección de Protección y Asistencia, que sostuvo que, tras revisar lo alegado por la funcionaria, “no es dable arribar a una conclusión diferente a aquella contenida en la Resolución 01-1977 del 30 de julio de 2026”, ya que el recurso presentado “no desvirtúa los presupuestos técnicos y jurídicos que sustentaron la terminación de la medida de acompañamiento de seguridad”.

En el mismo documento, la dependencia se pronunció sobre señalamientos formulados por la fiscal respecto de su situación interna. “En cuanto a las afirmaciones de acoso laboral, persecución institucional o cuestionamientos frente a actuaciones administrativas internas, esta instancia reitera que tales asuntos no constituyen, por sí mismos, factores generadores de la medida de acompañamiento de seguridad dentro del Programa de Protección y Asistencia”, indicó.

El ente investigativo agregó que, para ese tipo de controversias, la funcionaria “cuenta con los mecanismos administrativos, disciplinarios o judiciales correspondientes para controvertir dichas situaciones ante las autoridades competentes, de estimarlo pertinente”, subrayando que la Dirección de Protección y Asistencia “no puede sustituir las competencias de la Dirección Ejecutiva, de la Comisión de Convivencia Laboral, de la jurisdicción contenciosa administrativa, de los jueces constitucionales o de las autoridades disciplinarias”.

La denuncia de Lucy Laborde contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo

La exfiscal Lucy Laborde denunció ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, por presuntas presiones e irregularidades en el proceso contra Nicolás Petro Burgos.

En la presentación, Laborde pidió que se investiguen conductas que, a su juicio, podrían configurar prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de función pública, revelación de secreto, utilización indebida de información oficial privilegiada, falsedad ideológica en documento público, constreñimiento al servidor y persecución laboral, en concurso.

La exfiscal también solicitó la compulsa de copias y la remisión por competencia frente a terceros sin fuero ante esa corporación. Entre las personas mencionadas en la denuncia aparecen Aura Liliana Trujillo, delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía, y el abogado Alejandro Carranza, actual defensor de Petro Burgos.

Uno de los episodios relatados por Laborde se remonta a cuando dirigía el proceso contra el hijo mayor del entonces presidente Petro. Según su escrito, recibió una propuesta para modificar la acusación y retirar los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, con el fin de centrar la actuación en una presunta estafa.

La exfuncionaria del Ministerio Público sostuvo que el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien representó inicialmente a Nicolás Petro Burgos, le planteó una terminación anticipada del proceso. Según la denuncia, el penalista le dijo que llevaría esa fórmula a Presidencia para que fuera considerada.

Laborde reprodujo en su escrito esta afirmación: “El abogado Dr. Ricardo Gaviria Ramírez, que llevó esa propuesta, manifestó que lo ‘socializaría con Presidencia’ y, posteriormente, me informó que ‘en Presidencia no la aprobaron porque Colombia quedaría mal internacionalmente si el hijo del presidente era condenado por lavado de activos’”.

En efecto, sostuvo que ese hecho le consta por la manifestación directa que, conforme a sus afirmaciones, recibió del abogado. Por lo tanto, pidió que ese episodio sea verificado por las autoridades porque, de confirmarse, podría mostrar una “injerencia externa e indebida en la definición de una actuación penal”, señala el documento.