Defensoría pide revisar suspensión de las Emisoras de Paz que ahora solo transmiten música

Las veinte Emisoras de Paz quedaron en el centro de una discusión sobre el papel que deben cumplir los medios públicos en las regiones más golpeadas por el conflicto armado. La suspensión de sus espacios regionales e informativos llevó a la Defensoría del Pueblo a pedir al Gobierno que revise la medida y garantice la continuidad de la programación para la que fueron creadas.

La decisión implica un cambio en la operación de estas estaciones. Según la información entregada, las emisoras dejaron de transmitir contenidos informativos, de opinión y culturales y actualmente solo mantienen programación musical. La Defensoría recordó que estas estaciones tienen una condición particular frente a otros medios públicos. Su creación responde al punto 6.5 del Acuerdo Final de Paz firmado con las antiguas FARC-EP y su propósito está relacionado con la convivencia, la reconciliación, el reconocimiento de los derechos de las víctimas y la pedagogía sobre la implementación del acuerdo.

Por esa razón, el organismo considera que cualquier modificación de su programación debe tomar en cuenta el carácter territorial, informativo y diferencial de las emisoras. Aunque reconoce que el Gobierno tiene facultades para revisar y ajustar los contenidos de los medios públicos, advierte que las decisiones sobre estas estaciones deben considerar los compromisos derivados del Acuerdo Final.

La suspensión fue adoptada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, de acuerdo con la información suministrada en el comunicado. Las veinte emisoras fueron creadas después del acuerdo de paz de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas Farc, durante el segundo periodo presidencial de Juan Manuel Santos.

Una de las principales preocupaciones está relacionada con las comunidades a las que llegan estas estaciones. Las emisoras se encuentran ubicadas en territorios que sufren de manera histórica los efectos del conflicto armado y cumplen una función para acercar información de interés público a esas poblaciones.

Las estaciones están ubicadas en Ituango, Antioquia; Chaparral, Tolima; Fonseca, La Guajira; Convención, Norte de Santander; San Jacinto, Bolívar; Arauquita, Arauca; Algeciras, Huila; Puerto Leguízamo, Putumayo; Bojayá y Riosucio, Chocó; Florida y Buenaventura, Valle; El Tambo, Cauca; Mesetas, Meta; San José del Guaviare, Guaviare; San Vicente del Caguán, Caquetá; Tumaco, Nariño; Fundación, Magdalena; Tierralta, Córdoba, y Agustín Codazzi, Cesar.

El asunto, además, llegó al Congreso. Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, anunció que se citará a un debate de control político a la ministra de las TIC, Alexandra Falla, y a la gerente de Inravisión, Ángela María Mora. La citación busca examinar la decisión y un presunto detrimento patrimonial relacionado con la suspensión. Toro cuestionó que el funcionamiento de las emisoras pueda quedar sujeto a los cambios de administración y sostuvo: “Esto no va a los vaivenes ideológicos o políticos de gobierno es un acuerdo de Estado que sale del acuerdo de paz”.

El representante agregó que, a su juicio, la decisión del Gobierno afecta el derecho a la información de más de 460.000 personas. Su señalamiento se suma al llamado de la Defensoría para que se reevalúe la suspensión y se adopten las medidas necesarias para recuperar la programación regional e informativa.

Para la Defensoría, mantener estos espacios resulta relevante porque permiten visibilizar las voces de comunidades afectadas por la violencia, fortalecer procesos territoriales de reconciliación y reconstrucción del tejido social y facilitar el acceso a contenidos de interés público. El organismo pidió al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y a Inravisión reevaluar prioritariamente la decisión. La solicitud busca que las veinte estaciones continúen desarrollando las funciones para las que fueron creadas y que cualquier ajuste a su programación tenga en cuenta las particularidades de los territorios donde operan.

La discusión también plantea el alcance que tendrá la revisión sobre los medios públicos. Mientras el Gobierno mantiene la posibilidad de modificar la programación, la Defensoría insiste en que las Emisoras de Paz requieren un tratamiento acorde con su origen y sus objetivos.