La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) solicitó a la Corte Constitucional aplazar hasta el 1 de abril de 2028 la entrada en vigencia de las disposiciones de la reforma pensional, programada actualmente para un año antes.
En su criterio, el plazo adicional permitiría completar los ajustes operativos, tecnológicos, financieros e institucionales necesarios para poner en marcha el nuevo sistema. Además de evitar riesgos sistémicos y proteger los derechos vinculados con la seguridad social, el mínimo vital y la confianza legítima de afiliados, pensionados y beneficiarios.
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La petición fue presentada dentro del expediente D-15989 y plantea una “modulación de los efectos temporales” de la Sentencia C-264 de 2026. Colpensiones pidió que el tribunal difiera la aplicación de las disposiciones por un año o, de manera subsidiaria, fije un periodo adicional que considere suficiente.
El margen para resolver las disposiciones pendientes se reduce porque la Cámara de Representantes tiene hasta el 30 de octubre de 2026 para subsanar los artículos señalados por la Corte. Después de ese trámite, las decisiones para la implementación deberían adoptarse antes de la fecha de entrada en vigor prevista.
La petición de Martha Peralta
Sobre el proyecto de ley impulsado por el gobierno del expresidente Gustavo Petro, la congresista Martha Peralta, implicada en la investigación de la red de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), solicitó a la Corte Constitucional que no tenga en consideración la petición de Colpensiones.
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“PRIMERA. RECHAZAR POR IMPROCEDENTE la “Solicitud excepcional de modulación de los efectos temporales de la Sentencia C-264 de 2026”, presentada por la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) el 22 de septiembre de 2026, por no corresponder a un mecanismo procesal previsto para modificar los efectos temporales de una sentencia de constitucionalidad. Subsidiariamente, NEGARLA, debido a que los elementos aportados no demuestran una imposibilidad material insuperable ni justifican la necesidad y proporcionalidad del aplazamiento solicitado”, puntualiza el documento.
A su vez, pidió “NO ABRIR el incidente de impacto fiscal promovido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 22 de septiembre de 2026, por cuanto la Sentencia C-264 de 2026 no generó un impacto fiscal distinto del evaluado y avalado por ese mismo Ministerio durante el trámite legislativo (conceptos de octubre de 2023 y de 4 de junio de 2024) y la solicitud no acompaña el plan concreto de cumplimiento que exige la Ley 1695 de 2013. Subsidiariamente, si el incidente se abre, abstenerse de diferir la fecha de entrada en vigencia y de afectar los componentes de protección social de la Ley 2381 de 2024, en aplicación del artículo 334 de la Constitución”.
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Las pretensiones de Peralta son “mantener el resolutivo cuarto de la Sentencia C-264 de 2026 y, en consecuencia, el 1.º de abril de 2027 como fecha de entrada en vigor de las disposiciones de la Ley 2381 de 2024 declaradas exequibles, así como preservar los componentes de protección social cuya aplicación fue amparada por la decisión”.
El documento enviado por la senadora fue publicado en redes sociales por el congresista del partido Creemos Simón Molina que expresó su indignación por la propuesta de Peralta, puesto que el entramado por el que está siendo investigada promovió la entrega de millonarias dádivas a legissladores para aprobar reformas de la anterior administración, en particular, los cambios al sistema de pensiones.
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“Martha Peralta, PONENTE de la Ley 2381, radicó un memorial para que se rechace el aplazamiento a 2028 y el sistema entre en vigor SÍ O SÍ el 1 de abril de 2027. La misma que Olmedo López y Sneyder Pinilla señalan por contratos de maquinaria amarilla de MÁS DE $2.100 MILLONES en La Guajira, y por una lista de recomendados a cambio de apoyo (sic)”, escribió Molina en su cuenta de X.
Y agregó: “Una reforma en la que la Corte debe investigar las pruebas sobrevivientes de presunta corrupción en el senado. ¡QUÉ CINISMO!” .
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