
El Consejo de Estado admitió la demanda de nulidad contra el nombramiento de la excongresista Lina María Garrido Martín como directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dispuesto mediante el Decreto 1149 del 10 de agosto de 2026, aunque negó suspenderla provisionalmente y dejó el debate de fondo para la sentencia.
La entidad reconoció que la ANT certificó 129 meses de experiencia profesional relacionada a favor de Garrido Martín. Sin embargo, la Sección Quinta del alto tribunal consideró necesario recaudar y valorar las certificaciones laborales. El auto advirtió que no había en el expediente documentos con las funciones u obligaciones ejercidas por la demandada antes de asumir la dirección de la ANT.
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La demandante cuestionó que la trayectoria de Garrido Martín como asesora de una Unidad de Trabajo Legislativo, concejal de Arauca, candidata a la Asamblea y representante a la Cámara corresponda a experiencia política y legislativa, sin semejanza funcional con las responsabilidades de la dirección de la Agencia Nacional de Tierras.
La solicitud cautelar también planteó que la hoja de vida de Garrido Martín no fue publicada durante tres días calendario antes de su designación en los portales de la ANT y de la Presidencia de la República, como exige la normativa para este tipo de nombramientos.

La Sala concluyó que las capturas de pantalla presentadas fueron tomadas el 13 de agosto de 2026, después de la expedición del decreto cuestionado. Por esa razón, no permitían establecer si la información estuvo o no disponible en los días previos a la designación.
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El Consejo de Estado añadió que el Decreto 1012, expedido el 5 de agosto de 2026 y vigente desde el día siguiente, suspendió durante 15 días calendario los efectos de la disposición que establecía esa obligación de publicidad para empleos como el de directora de la ANT.
La falta de documentos sobre las tareas desarrolladas por Garrido Martín en sus cargos anteriores impidió, además, comparar su experiencia con las funciones exigidas para dirigir la entidad. La Sección Quinta señaló que, en esta etapa inicial, no era posible determinar si cumplía o no con el requisito de experiencia relacionada.
La decisión precisó que la negativa a suspender el nombramiento responde a los límites de la etapa cautelar y no anticipa el sentido de la sentencia sobre la nulidad solicitada. “No implica prejuzgamiento”, señaló la Sección Quinta. Garrido Martín continuará en el cargo mientras avanza el proceso.
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El auto ordenó notificar la demanda a la directora de la ANT y comunicar la providencia al presidente de la República, al ministro de Agricultura, al Ministerio Público y a la parte demandante.
El proceso seguirá con la entrega de los antecedentes del nombramiento
La admisión de la demanda se produjo después de que la Sección Quinta verificó que cumplía los requisitos formales y que fue presentada dentro del término legal. El Decreto 1149 fue publicado el 10 de agosto de 2026 y la acción quedó radicada el 14 de agosto, antes del vencimiento del plazo de 30 días, fijado para el 22 de septiembre.
Con el auto del 10 de septiembre, el Consejo de Estado ordenó al presidente de la República y al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural remitir, al contestar la demanda, “copia íntegra de los antecedentes del acto acusado” que estén en su poder.
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Esos documentos incluyen las certificaciones laborales que deberán ser examinadas para definir, en la sentencia, si Garrido Martín acreditó la experiencia profesional relacionada exigida para el cargo.
La providencia también dispuso notificar a la directora de la ANT, informar a la comunidad sobre la existencia del proceso y comunicar la actuación al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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