Pacto Histórico presentó 14 propuestas “urgentes” para reconstruir Cali tras el terremoto de magnitud 7,4

El Pacto Histórico presentó 14 propuestas consideradas urgentes para la reconstrucción de Cali y el Valle del Cauca, tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a la región el 10 de agosto de 2026.

El epicentro del sismo se localizó en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, pero la capital vallecaucana se ubicó entre las zonas más afectadas, con 130 personas fallecidas, 94 desaparecidas, 1.485 heridas y 15 edificios colapsados, según cifras oficiales.

El documento, encabezado por Alejandro Ocampo, vicepresidente del Senado, está dirigido al Gobierno nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Cali y el Concejo Distrital. La propuesta central exige acelerar la atención a los damnificados y garantizar transparencia plena en el manejo de los fondos y recursos destinados a la recuperación.

Las medidas propuestas abarcan varios frentes. El primero consiste en la realización de un censo unificado de afectados, que distinga entre propietarios y arrendatarios, e incluya tanto viviendas como comercios e instalaciones institucionales. Este registro permitiría identificar con precisión el universo de damnificados y las características de los inmuebles afectados.

Otro punto clave es la entrega inmediata de subsidios de arrendamiento por al menos un año a las familias que perdieron sus hogares. El pago debe realizarse, según el documento, de manera directa a las cuentas bancarias de los afectados, con plazo máximo fijado para el 20 de agosto, sin intermediación de organizaciones no gubernamentales ni terceros.

El enfoque está orientado a las comunas más afectadas de Cali, identificadas como la 5, 18, 17, 11, 9, 2 y 19, así como a quienes permanecen en viviendas de familiares o amigos ante la escasez de oferta habitacional y el incremento de los precios de arriendo tras el desastre.

El documento solicita a la Gobernación del Valle del Cauca, a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y a la Alcaldía de Cali que informen qué predios desocupados, con situación jurídica regularizada y condiciones adecuadas, pueden ser utilizados como alojamiento temporal. Esta medida busca ofrecer una respuesta inmediata a familias desplazadas por el sismo.

En materia económica, el paquete incluye alivios tributarios y financieros para los damnificados. Se propone congelar los arriendos y créditos de quienes resultaron afectados, así como el impuesto predial y el de industria y comercio (ICA).

También se solicita el congelamiento del impuesto de vehículos automotores, estampillas y otras contribuciones departamentales. Entre las medidas se suma un subsidio a la nómina dirigido a pequeños empresarios y emprendedores que perdieron sus negocios a causa del terremoto.

El texto pide que el alcalde de Cali presente ante el Concejo Distrital los decretos necesarios para exenciones tributarias sobre tasas, impuestos y tributos locales, cubriendo tanto viviendas como establecimientos comerciales perjudicados por el sismo.

Respecto a la reconstrucción física, la propuesta exige una inspección técnica inmediata de edificaciones con el fin de determinar cuáles pueden recuperarse, cuáles habilitarse y cuáles deben demolerse. También señala la urgencia de tramitar casos en los que familias no pueden entrar a sus viviendas por falta de aval de Gestión del Riesgo, aunque esos inmuebles no estén en peligro de colapso.

Frente a la especulación, el documento plantea la adopción de medidas de control para evitar incrementos injustificados en los precios de alquiler y de materiales de construcción. Adicionalmente, solicita trabajo coordinado entre las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) y el Gobierno nacional para la revisión de las redes de acueducto, alcantarillado y el estado de los postes de alumbrado público tras el sismo.

En el aspecto de los servicios públicos, la propuesta pide a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios que exija a EMCALI suspender el cobro de servicios a los usuarios con predios afectados, una vez se evalúen los inmuebles. Esta suspensión se plantea hasta el 31 de diciembre de 2026, como alivio adicional a los damnificados.

Otra de las acciones recomendadas es la creación de un comité de veeduría compuesto por los propios afectados, encargado de fiscalizar la entrega de ayudas y monitorear la gestión de los recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción. La propuesta incluye la exigencia de cifras públicas y verificables sobre las ayudas recogidas y distribuidas, con detalle de cantidad, destinatarios y condiciones.

El documento también solicita rendición de cuentas sobre los fondos privados anunciados para la reconstrucción, incluidos los mencionados por la Alcaldía en relación con la familia Gilinski, y reclama mecanismos de seguimiento para asegurar la trazabilidad de cada subsidio y cada decisión adoptada.