En el caso Lili Pink, abogados defensores hicieron revelador señalamiento: “No es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”

La defensa legal de Lili Pink emitió un comunicado en el que reveló información relevante sobre las audiencias de imputación y las medidas de aseguramiento que enfrenta la empresa.

Los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña (del buffete Riveros Bazzani), quienes lideran la estrategia jurídica, afirmaron que, tras analizar más de 1.500 archivos (equivalentes a 4GB de documentos) trasladados a la Fiscalía, no existen pruebas que sustenten acusaciones de contrabando.

“Sin contrabando, no es jurídicamente posible imputar lavado de activos ni enriquecimiento ilícito”, señalaron los representantes legales en la declaración oficial que se conoció la mañana del martes 18 de agosto de 2026.

El equipo de defensa explicó que, según las respuestas de la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) a la Fiscalía, la mercancía de Lili Pink habría ingresado al país a través de puertos autorizados, utilizando intermediarios sometidos a vigilancia estatal y cumpliendo con la normativa aduanera vigente.

Los abogados recordaron que entre mayo y septiembre de 2023, la Dian realizó visitas a la compañía y, tras revisar menos del 1% de la mercancía objeto de fiscalización, decomisó la totalidad del inventario, que correspondía a más de tres millones de prendas avaluadas en 54.000 millones de pesos.

“La compañía ratifica que la mercancía contaba con toda la documentación exigida por la regulación vigente”, aseguraron los juristas.

La defensa también denunció que estos hechos motivaron una denuncia penal por presunto abuso de autoridad, presentada en 2023 ante la Fiscalía General de la Nación, así como la impugnación de los actos administrativos del decomiso ante el Consejo de Estado.

Después, en enero de 2026, la empresa detectó que parte de la mercancía decomisada estaba siendo comercializada ilegalmente en tiendas no autorizadas y sin vínculo con la marca Lili Pink, lo que llevó a la presentación de dos nuevas denuncias penales.

Según el comunicado, la Fiscalía no ha avanzado en las denuncias presentadas por la compañía tanto en 2023 como en 2026.

Los abogados expusieron que tres jueces de control de garantías distintos han declarado la ilegalidad de varios actos de investigación en las últimas semanas, lo que, a su juicio, pone en evidencia graves fallas en el proceso.

Frente a este panorama, los representantes legales de Lili Pink reiteraron que continuarán actuando en todas las instancias para mantener la presunción de inocencia de las personas involucradas y preservar su buen nombre.

“La defensa será técnica, rigurosa y permanente hasta el esclarecimiento total de los hechos”, concluyeron los abogados en el comunicado oficial.

El caso sigue en desarrollo y la defensa insiste en que las actuaciones de la compañía se han ajustado a la legalidad, mientras continúa el trámite judicial y las investigaciones correspondientes.

La Dian se pronunció días antes

La Dian respaldó el 11 de agosto la petición de la Fiscalía para que un juez envíe a prisión a ocho imputados por una presunta red transnacional de contrabando y lavado de activos vinculada con Lili Pink, al sostener que la medida de aseguramiento es necesaria para proteger la evidencia y contener una estructura que, según la investigación, habría operado durante años con sociedades en Colombia, Panamá y otros países.

La dimensión patrimonial del caso quedó expuesta en las cifras presentadas en audiencia: la Fiscalía reportó un presunto lavado de activos por más de $730.000 millones, un posible enriquecimiento ilícito superior a $430.000 millones, aprehensiones y decomisos de mercancía por más de $54.000 millones y un contrabando que superaría los $75.000 millones.

A la par, en los operativos ya fueron embargados 405 locales comerciales, 40 inmuebles, ocho vehículos y una sociedad. Las diligencias de ocupación de bienes se hicieron con apoyo del Ejército Nacional en 59 ciudades y municipios de 25 departamentos donde la cadena tiene presencia.

La solicitud de medida de aseguramiento fue presentada por la representación civil de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, reconocida como víctima dentro del proceso penal. La apoderada de la entidad dijo en audiencia que los elementos expuestos por la Fiscalía permiten una inferencia razonable de participación de los ocho procesados.

Los investigados son Max Marvin Abadi, David Max Abadi Homsani, Malaquilla Bismar Hernández, Lorena Bernal Castro, Myriam Luz de las Mercedes Sánchez Laguna, Jonnatan Villamil Soler, Luz Adriana López López y Merlín Roxana Mendoza Arias. Ninguno aceptó los cargos de concierto para delinquir con fines de contrabando, contrabando, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

La acusación describe una red con sociedades de papel y control desde el exterior

En la audiencia, la apoderada de la Dian sostuvo que la intervención de la entidad busca destacar la afectación al sistema tributario aduanero, al control del comercio exterior, al recaudo fiscal, al patrimonio público y al orden económico y social.

También advirtió sobre la posible existencia de una organización transnacional con funciones societarias, financieras, administrativas y de representación repartidas entre varios actores.

Según esa exposición, la estructura habría usado de manera sucesiva personas jurídicas nacionales y extranjeras. Empresarios panameños y nicaragüenses, junto con empleados de distintos niveles, habrían intervenido en la creación y operación de compañías fachada para facilitar el ingreso ilegal de mercancías al país.

La abogada afirmó que el entramado se habría articulado alrededor de sociedades comercializadoras, proveedoras e importadoras para ejecutar las operaciones investigadas.

Ese esquema, añadió la jurista, permitía aparentar una tercerización en la adquisición y suministro de mercancías destinadas a la sede central de Lili Pink en Barranquilla.

Otro grupo de personas, de acuerdo con la misma intervención, habría prestado su nombre para constituir sociedades de papel y dar apariencia de legalidad a operaciones de exportación e importación.

Algunas compañías constituidas en Panamá habrían ejercido funciones de control accionario o de titularidad, un elemento que, para la representación de la víctima, muestra capacidad de organización y componentes económicos y societarios en el exterior.

La apoderada agregó que los antecedentes de la denuncia de la Dian y lo expuesto durante la audiencia permiten advertir una estructura empresarial compleja que habría operado durante varios años.

Esa dinámica incluía la creación, transformación, liquidación y sustitución sucesiva de sociedades, mientras se mantenían establecimientos de comercio, marcas, infraestructura operativa y la participación recurrente de varias de las personas hoy imputadas.