Fiscalía acusó a cuatro exfuncionarios de la alcaldía de Daniel Quintero por sobrecostos en contratos por más de $3.700 millones

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a cuatro exfuncionarios y contratistas vinculados a la alcaldía de Daniel Quintero por un presunto desvío de recursos en contratos del Inder y Metroparques, en un caso que el ente calcula en $3.705 millones de sobrecostos y que se originó en compras de uniformes, balones, medallas e implementos deportivos financiados con recursos de Presupuesto Participativo de Medellín entre 2020 y 2021.

La acusación sostiene que uno de los contratos investigados, previsto inicialmente para dos meses y medio, terminó extendido a 26 meses y medio, con modificaciones y adiciones que llevaron su valor final a $22.043 millones.

Ese proceso contractual comprendía 72 festivales deportivos, 593 eventos recreativos, 16 justas deportivas distribuidas en 257 torneos, 80 torneos barriales, 252 grupos de cuadras recreativas y 421 puntos activos.

Los acusados son Diana Paola Toro Zuleta, exdirectora del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder); Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques; María Eugenia Domínguez Castañeda, exjefe de Compras y exgerente general de esa entidad; y el contratista Mauricio Jaramillo Botero, representante legal de Cian Eventos y Logística S.A.S.

De acuerdo con la acusación, los recursos fueron administrados por el Inder y luego trasladados a Metroparques, que terminó contratando a esa empresa. La tesis de la Fiscalía es que los entonces funcionarios intervinieron desde sus cargos para favorecer los intereses económicos del contratista.

Según lo expuesto en audiencia, el contrato interadministrativo de mandato sin representación 390 de 2020 fue celebrado entre el Inder y Metroparques para ejecutar actividades financiadas con recursos de Presupuesto Participativo y Planeación Local. Después, Metroparques adelantó el proceso que concluyó con la selección de Cian Eventos y Logística S.A.S.

La Fiscalía cuestionó la estructuración de ese proceso por varias razones: dijo que no se hizo de manera adecuada el estudio previo, que no hubo justificación suficiente de los precios y que se usó una invitación privada que restringió la participación de posibles oferentes.

Además, sostuvo que los interesados tuvieron apenas un día hábil para presentar propuestas y que las ofertas no incluían una estructura económica que permitiera sustentar los valores cobrados.

El ente acusador también afirmó que dentro de Metroparques se habrían avalado maniobras contractuales para legalizar precios más altos de lo normal. En palabras del fiscal, “se presentó un sobrecosto considerable en la adquisición de bienes por parte de Mauricio Jaramillo Botero, en calidad de representante legal de la empresa mencionada, para suministrarlos a Metroparques”.

La acusación fue formalizada el viernes 14 de agosto. En esa diligencia, la Fiscalía señaló que cuenta con los testimonios de 18 personas y con un acervo probatorio de 1.800 documentos.

El núcleo económico del expediente está en las compras de 2020 y 2021 de uniformes, balones, implementos deportivos y medallas. Según el fiscal, las facturas de esos bienes estaban valoradas en $2.942 millones, pero la investigación determinó un sobrecosto total de $3.705 millones.

La Fiscalía afirmó que al revisar los soportes de los contratos entre Metroparques y la empresa privada encontró irregularidades en los estudios de mercado, en los que presuntamente se distorsionó el precio real de los bienes adquiridos. También aseguró que varios implementos comprados a esos valores ni siquiera eran de calidad y, pese a eso, fueron recibidos a satisfacción.

Otro de los cuestionamientos se dirige a la ejecución del contrato por parte de Cian Eventos y Logística S.A.S.. Según la acusación, la empresa subcontrató organizaciones sociales para desarrollar las actividades, lo que habría creado una cadena de intermediación que incrementó los costos y puso en duda su capacidad real para ejecutar directamente el objeto contractual.

La Fiscalía agregó que algunos elementos entregados, entre ellos balones, no cumplían con las especificaciones exigidas por el Inder. Aun así, según el ente, fueron aceptados por Metroparques.

La respuesta central del caso es esta: la Fiscalía acusa a los cuatro procesados de haber permitido o ejecutado pagos con precios artificialmente elevados en un contrato público para actividades deportivas y recreativas, con lo que, según su teoría del caso, recursos destinados a programas comunitarios terminaron favoreciendo al contratista.

El ente atribuyó a Toro Zuleta y a Liévano Ospina una presunta apropiación de $1.999 millones. A Domínguez Castañeda le atribuyó una presunta apropiación de $3.705 millones, y a Jaramillo Botero la misma suma, mediante los cobros realizados a Metroparques por los bienes usados para ejecutar las actividades.

Toro Zuleta y Liévano Ospina fueron acusados por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Liévano Ospina y Domínguez Castañeda también deberán responder por interés indebido en la celebración de contratos, mientras que los tres exservidores públicos fueron acusados por peculado por apropiación agravado en favor de terceros; Jaramillo Botero fue señalado como coautor interviniente de este último delito.

Durante la audiencia, el fiscal sostuvo: “Diana Paola Toro Zuleta y Jorge Enrique Liévano Ospina se apropiaron de la suma de $1.999 millones y María Eugenia Domínguez se apropió de $3.705 millones, los tres en provecho de Cyan Logística y Eventos SAS, a través de la autorización del pago de precios artificialmente elevados de los bienes requeridos para el desarrollo de las actividades priorizadas en el presupuesto participativo”.

La Fiscalía señaló que los exfuncionarios implicados podrían enfrentar penas de hasta 33 años de cárcel y que el contratista acusado se expone a una condena de hasta 16 años. Los señalamientos, según lo expuesto en la acusación, deberán ser debatidos y probados en juicio.