Ministerio de Transporte informó que varios peajes no cobrarán el paso de maquinaria amarilla y de ayudas humanitarias por el terremoto

En medio de las emergencias por el terremoto del 10 de agosto de 2026 con réplicas en varias regiones del país, el Gobierno habilitó el paso sin cobro de peaje para maquinaria amarilla y vehículos que transporten ayudas humanitarias, con el objetivo de acelerar la llegada de equipos y suministros a las comunidades afectadas.

La ministra de Transporte Elsa Noguera confirmó la decisión en X al señalar: “Seguimos tomando decisiones para que la ayuda llegue más rápido a las comunidades afectadas”.

La funcionaria explicó que la medida se implementó junto con la Agencia Nacional de Infraestructura y las concesiones viales, y precisó el alcance operativo: “Con la @ANI_Colombia logramos que los concesionarios permitan el paso sin cobro de peaje para maquinaria amarilla y vehículos con ayudas humanitarias en corredores estratégicos de las zonas afectadas”.

El Ministerio de Transporte informó en un comunicado que el esquema aplica en seis corredores donde se mantiene la atención permanente por afectaciones asociadas a la emergencia. Los tramos mencionados son Buga–Buenaventura, Malla Vial del Valle y Armenia–Pereira–Manizales, a los que se suman Tercer Carril Bogotá–Girardot y Girardot–Ibagué–Cajamarca.

Según la cartera, la decisión busca garantizar una respuesta más rápida mediante el tránsito de maquinaria, equipos de emergencia y carga humanitaria hacia los territorios con mayores daños. “Así facilitamos la movilización de maquinaria, equipos de emergencia y ayudas hacia los territorios que más lo necesitan”, escribió Noguera desde su cuenta.

El presidente de la ANI, Ricardo Ayerbe, vinculó la medida a la respuesta estatal ante la emergencia y a la función de la red vial en el despliegue de recursos. “Esta medida busca facilitar y agilizar el ingreso de maquinaria, equipos y ayudas hacia las zonas que más lo necesitan, contribuyendo desde la infraestructura vial a la respuesta integral del Estado frente a la emergencia”, señaló.

El comunicado, fechado en Bogotá D.C. el 14 de agosto de 2026, indicó que las concesiones han dispuesto sus capacidades “desde el inicio de la emergencia” y que el paso libre se realiza previa articulación con las entidades responsables de la atención. La ANI agregó que seguirá coordinando con concesionarios, autoridades territoriales, organismos de socorro y fuerza pública el monitoreo de los corredores y la atención de nuevas situaciones.

Noguera afirmó que el ministerio mantiene la coordinación con las autoridades y organismos de socorro para recuperar la movilidad en las zonas impactadas. “Desde el @MinTransporteCo seguimos articulando esfuerzos con concesionarios, autoridades y organismos de socorro para recuperar la movilidad y acompañar a las familias afectadas”, sostuvo.

En su mensaje, la ministra apeló a la corresponsabilidad frente a la emergencia: “En momentos como este, todos tenemos que poner de nuestra parte”.

Por qué el terremoto en Colombia fue tan destructivo

El terremoto de magnitud 7,4 que afectó Colombia el 10 de agosto de 2026 provocó la destrucción parcial o total de numerosas construcciones. La resistencia de las edificaciones ante un sismo no depende únicamente de la fuerza del evento, sino de factores como el diseño, los materiales, la calidad de las conexiones estructurales y el tipo de suelo donde se levantan.

Ingenieros civiles remarcaron que la intensidad sísmica, la calidad constructiva, el estado de conservación y la antigüedad de la edificación son determinantes en el nivel de daño sufrido.

Según datos citados, cerca del 71% de los edificios en Colombia presentan bajo o nulo nivel de sismorresistencia, principalmente por la informalidad en la construcción, sobre todo en municipios pequeños. Esta informalidad implica escasa supervisión técnica y ausencia de planificación estructural adecuada. Rafael Camilo Gutiérrez Melgarejo, especialista en estructuras, señaló que la falta de control por parte de ingenieros estructurales es una causa relevante de los daños.

Las estructuras levantadas antes de la existencia de normas antisísmicas son consideradas las más expuestas, ya que la primera regulación oficial se implementó en 1984, y su cumplimiento fue obligatorio recién a partir de la reforma constitucional de 1991.

Muchas edificaciones antiguas no han sido actualizadas conforme a los códigos actuales, lo que incrementa su vulnerabilidad. El reglamento vigente desde 2010 previó que la normativa ayudó a evitar colapsos graves, aunque advirtió que los elementos no estructurales continúan siendo un riesgo para la seguridad de las personas.