El terremoto del 10 de agosto de 2026 tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó. Hasta el momento, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reportó 273 fallecidos, 407.530 familias afectadas y 97.515 personas damnificadas. Además, informó que 12.584 viviendas fueron destruidas, 74.873 presentaron averías y 172 edificios colapsaron.
Si bien Bogotá no estuvo entre las zonas con víctimas ni colapsos de infraestructura, el fuerte movimiento sí dejó inquietudes entre los habitantes de la capital. Tras el sismo, varios ciudadanos reportaron grietas, fisuras y otras posibles afectaciones en sus viviendas y acudieron a las autoridades para determinar si esos cambios representaban algún riesgo. La Secretaría Distrital del Hábitat reportó 464 quejas ciudadanas relacionadas con deficiencias en edificaciones. A esta cifra se suman las 360 solicitudes de visita técnica que, con corte al 12 de agosto a las 12 p. m., recibió el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).
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Los requerimientos provienen de diferentes sectores de la ciudad. Suba, Usaquén, Kennedy, Engativá y Fontibón son las localidades que concentran el mayor número de solicitudes para revisar posibles daños en viviendas y oficinas. De acuerdo con el Idiger, hasta el momento fueron evaluadas 14.067 unidades habitacionales. Las inspecciones buscan establecer qué tipo de afectaciones presentan los inmuebles y determinar si alguna de ellas puede representar un riesgo para sus ocupantes.
Ante el número de reportes, el Idiger, la Secretaría Distrital del Hábitat y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) establecieron una alianza para apoyar la evaluación de los casos y brindar acompañamiento técnico a las familias que manifestaron preocupación por el estado de sus viviendas.
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Edwin Chiriví, gerente de Camacol Bogotá, explicó a El Tiempo: “Expertos del Idiger e ingenieros de Camacol, sumando todos los esfuerzos empresariales, se encargarán de evaluar técnicamente los daños y determinar si existe algún riesgo en la vivienda para las personas y familias que habitan allí”.
La revisión permitirá establecer si las señales detectadas después del terremoto corresponden a daños que comprometen la seguridad de las estructuras. Según informó el mandatario distrital al medio anteriomente mencionado, cerca del 80% de las notificaciones ya fueron atendidas.
Las inspecciones realizadas hasta ahora no encuentran afectaciones estructurales que indiquen un posible colapso. El mandatario distrital señaló que, después de recibir la información de los afectados y realizar las respectivas valoraciones, “no se ha identificado ningún daño estructural que ponga en riesgo la estructura para que pueda haber un colapso”.
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El impacto del terremoto no se limitó a las viviendas. La Ungrd también informó afectaciones en 2.198 centros educativos, 825 centros comunitarios y 216 centros de salud. En Bogotá, sin embargo, la principal respuesta de las autoridades se concentra en atender las inquietudes de los ciudadanos sobre las condiciones de sus inmuebles.
Quienes tengan dudas sobre el estado de una vivienda pueden comunicarse con la línea de emergencias 123 e informar que desean reportar un inmueble afectado por el terremoto. En este canal está activo el programa de inspectores postsismo del Idiger. También pueden enviar el reporte al correo ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co. Para iniciar la atención, los ciudadanos deben seguir las instrucciones de los operadores y entregar la información y las fotografías que sean solicitadas.
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Después de recibir el caso, los ingenieros especializados realizan una valoración preliminar. Si las condiciones del inmueble lo requieren, se programa una visita técnica para revisar directamente las posibles afectaciones. Las autoridades recomiendan utilizar estos canales ante cualquier duda sobre el estado de una edificación después del sismo. El objetivo es que cada reporte pueda ser analizado técnicamente y que los habitantes conozcan si las señales observadas representan algún riesgo para quienes ocupan la vivienda.
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