Congresista pidió a la Fiscalía investigar al expresidente Gustavo Petro por presunta instigación contra Miguel Uribe Turbay

El representante Jaime Arizabaleta pidió este jueves a la Fiscalía que investigue al expresidente Gustavo Petro por una presunta instigación contra Miguel Uribe Turbay, asesinado hace un año en Bogotá, y reclamó que la indagación avance más allá de los responsables directos.

“Hacer un llamado hoy a que la Fiscalía tome cartas en el asunto, porque solamente ha tomado cartas en el asunto con los autores materiales y no con los autores intelectuales”.

Arizabaleta sostuvo que, en su criterio, “aquí también hay una responsabilidad política” y señaló directamente a Petro: “Hay que decirlo, del presidente de la República, de Gustavo Petro Urrego, que antes de ese magnicidio expuso cuarenta y tres tiros contra Miguel Uribe Turbay, exponiéndolo día y noche, diciendo que el abuelo de Miguel era un genocida”.

En su declaración, el congresista recordó episodios de la retórica política del entonces mandatario y aseguró que “recuerda Colombia cómo ondeaba esa bandera de guerra a muerte y salía en plaza pública, en las tarimas, desencajado, diciendo que los congresistas que se oponían a sus reformas no pasarían”.

Arizabaleta citó una frase que atribuyó a Petro en ese contexto: “Decía: ‘¡No pasarán!’”. Y cerró su pedido con una exigencia directa a las autoridades judiciales: “La justicia tiene que interrogar a Gustavo Petro Urrego”.

¿Qué ha pasado con los responsables del crimen?

Miguel Uribe Turbay, político colombiano de 39 años, senador y aspirante a la presidencia, fue atacado a tiros en un parque de Bogotá durante un acto público el 7 de junio de 2025.

Un adolescente de 14 años logró acercarse al escenario y disparó tres veces, hiriendo gravemente al senador ante la presencia de decenas de asistentes. Tras el atentado, Uribe Turbay fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció internado durante 64 días, sometiéndose a múltiples intervenciones médicas antes de fallecer en agosto de ese año. Este hecho conmocionó al país, dejando a su familia y al ámbito político con un fuerte vacío.

La investigación judicial permitió identificar y capturar a la mayoría de los responsables materiales y logísticos del crimen. Entre los condenados se encuentran personas encargadas de la coordinación, entrega de armas y logística de escape, con penas de entre 20 y 26 años de prisión.

El atacante, al ser menor de edad, recibió una sanción de siete años en un centro de reclusión juvenil, la máxima permitida por la ley para adolescentes. Además, el caso reveló deficiencias en los protocolos de protección, ya que se registraron decenas de solicitudes de refuerzo policial que no habrían sido atendidas.

Las autoridades determinaron que el asesinato fue planificado como parte de un esquema criminal que involucró pagos millonarios y la participación de una organización armada disidente. Pese a los avances en la desarticulación de la red operativa, los autores intelectuales, identificados como miembros de la Segunda Marquetalia, permanecen prófugos.

Existen órdenes de captura internacional contra ellos, pero informes de inteligencia indican que se encuentran refugiados en la frontera con Venezuela, lo que ha dificultado su arresto.

La familia de Uribe Turbay ha mantenido viva su memoria y continúa exigiendo justicia, mientras el caso sigue generando debate nacional sobre la seguridad de los líderes políticos y la lucha contra la impunidad en crímenes de alto impacto.

El caso de Miguel Uribe Turbay continúa abierto en varios frentes, marcando la agenda pública y judicial. El llamado a esclarecer todas las responsabilidades, tanto materiales como intelectuales, mantiene la presión sobre las autoridades y subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para figuras políticas. La exigencia de verdad y justicia sigue presente, mientras persisten interrogantes sobre el alcance de las redes criminales y la respuesta institucional ante los hechos que estremecieron al país.