Seguridad en Colombia: alcaldes tienen más responsabilidades, pero pocos recursos para enfrentar el crimen, según informe

La seguridad en Colombia enfrenta un problema que trasciende las capacidades de las autoridades locales: alcaldes y gobernadores deben responder ante los ciudadanos por hechos de violencia mientras buena parte de las herramientas para combatirlos permanece en manos del Gobierno nacional.

Esa tensión es uno de los puntos centrales del informe Repensar la seguridad en Colombia: Liderazgo subnacional en una crisis nacional, elaborado por el Diálogo Interamericano a partir de experiencias y discusiones de alcaldes, gobernadores y otros actores vinculados con la seguridad que se reunieron en Bogotá. Para el informe, una tarea del gobierno de Abelardo de la Espriella será establecer una coordinación permanente entre la Nación y los territorios, con recursos y capacidad operativa. La propuesta busca que alcaldes y gobernadores tengan una participación efectiva en la estrategia nacional de seguridad.

Aunque los alcaldes son la máxima autoridad de policía en sus municipios, la Policía Nacional está bajo el Ministerio de Defensa y responde al presidente. Los mandatarios locales no pueden nombrar, trasladar, remover ni ascender a los integrantes de la institución. Tampoco tienen control sobre los presupuestos policiales, las prioridades de inteligencia o la capacidad investigativa.

Por eso, deben responder a sus comunidades por problemas sobre los que no tienen control completo. A esa dificultad se suma la disponibilidad de recursos. El informe señala que el Gobierno nacional transfiere alrededor del 20 % de sus ingresos a los gobiernos locales, pero una parte importante del Sistema General de Participaciones tiene destinación específica. Del total, el 58,5 % está destinado a educación, el 24,5 % a salud y el 5,4 % a agua y saneamiento. Solo el 11,6 % queda para gastos de libre destinación, entre ellos la seguridad, aunque esta porción también enfrenta restricciones.

El documento recoge situaciones en las que las administraciones territoriales terminan cubriendo necesidades asociadas con la seguridad. En Bogotá, por ejemplo, se reportó un déficit de aproximadamente 10.000 policías y casos en los que autoridades nacionales y locales financian los mismos insumos, como vehículos y equipos.

Capturas sin procesos que avancen

El informe también pone el foco en la justicia. Señala que medir la seguridad únicamente por el número de capturas resulta insuficiente si los procesos judiciales no avanzan. En 2024, más del 93 % de los procesos penales activos no superó la etapa de indagación preliminar. Las autoridades locales consultadas describieron casos de personas capturadas que son liberadas rápidamente mientras sus procesos permanecen pendientes. Para el informe, esta situación afecta la confianza de las víctimas y de la ciudadanía y reduce el efecto disuasorio de las operaciones policiales.

Los funcionarios de la justicia también están expuestos. Jueces, fiscales y otros trabajadores recibieron amenazas e intimidaciones de grupos criminales. Según el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano, ocurre aproximadamente un ataque contra un juez, fiscal o empleado judicial cada nueve días y más del 97 % de esos casos permanece sin resolver. La prevención aparece como otro frente de la política de seguridad. El informe reconoce que la aplicación de la ley es necesaria para desarticular organizaciones criminales, pero advierte que por sí sola no evita que la violencia se reproduzca.

Los grupos ilegales pueden atraer jóvenes al ofrecer ingresos, pertenencia, protección y estatus que no encuentran en el Estado o en la economía formal. Por ello, los programas más efectivos identifican a jóvenes, familias, colegios y barrios con mayor exposición al reclutamiento y concentran allí los recursos.

El documento también reclama continuidad. El Programa Departamentos y Municipios Seguros, creado en 2004, permitió a alcaldes y gobernadores fortalecer sus relaciones con la Policía e integrar sectores como salud, educación y tránsito a la planeación de seguridad. Sin embargo, perdió fuerza después de un cambio de Gobierno, aunque algunas metodologías permanecieron. Para el informe, Colombia necesita mecanismos de coordinación que sobrevivan a los ciclos políticos. La advertencia llega mientras algunos mandatarios enfrentan amenazas de muerte y otros destinan recursos a necesidades de detención o gastos relacionados con la Policía Nacional.