Elizabeth Cristina Ortiz Peña mantiene actualmente dos contratos vigentes con entidades del Estado por un valor conjunto de $188.683.333, de acuerdo con una revisión de los registros del Secop y Función Pública.
Su nombre cobró notoriedad pública después de que el entonces ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, la destacara durante un evento en El Espinal, Tolima, por su participación en la gestión de recursos para el Hospital San Rafael.
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El contrato de mayor cuantía corresponde a la Presidencia de la República y tiene un valor de $121.733.333. Según los documentos, el acuerdo fue celebrado de manera directa y está relacionado con actividades de monitoreo, seguimiento y análisis de medios de comunicación nacionales y regionales, así como con el apoyo a la difusión de contenidos de la Jefatura de Despacho Presidencial.
El contrato, de acuerdo con una de las piezas documentales mencionadas, tiene ejecución hasta el 30 de diciembre de 2026. Otra versión del expediente ubica su fecha de terminación el 31 de diciembre del mismo año y establece honorarios mensuales de $11 millones, sujetos a las condiciones de ejecución pactadas.
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El segundo contrato vigente aparece registrado con la Superintendencia de Subsidio Familiar por $66.950.000. El objeto del acuerdo contempla la prestación de servicios profesionales para apoyar labores de inspección y vigilancia sobre las cajas de compensación familiar, además de la elaboración de modelos estadísticos destinados a fortalecer las labores de supervisión fuera de sitio.
De esta manera, los dos contratos actualmente activos suman $188.683.333. Los registros revisados muestran que Ortiz Peña ha tenido vínculos contractuales con diferentes entidades del Estado y que algunos de estos acuerdos fueron suscritos durante el gobierno de Gustavo Petro.
Otros contratos con entidades del Estado
Además de los dos contratos que permanecen vigentes, los registros de BuscaSecop dan cuenta de otros acuerdos que ya fueron ejecutados.
Entre ellos aparece un contrato relacionado con el sector de Minas y Energía por $121 millones, cuyo propósito estaba relacionado con el apoyo a la formulación, ejecución y seguimiento de convenios dirigidos a personas que comercializan combustibles sin cumplir la normatividad vigente en zonas de frontera.
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También figura otro contrato por $55 millones para apoyar el diagnóstico social en áreas de influencia relacionadas con la distribución de combustibles en zonas fronterizas.
A estos acuerdos se suma un contrato con el Ministerio de Salud por $60 millones, vinculado a la Dirección de Promoción y Prevención. Según el objeto contractual, las actividades estaban relacionadas con la revisión, estructuración, formulación y gestión de proyectos de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Los objetos de los contratos son diferentes y corresponden a funciones específicas de las entidades que los suscribieron. Además, los valores registrados en los contratos no necesariamente equivalen a dinero efectivamente pagado, pues los desembolsos dependen del avance de la ejecución, los plazos y las condiciones establecidas en cada acuerdo.
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El reconocimiento de Jaramillo
De acuerdo con Semana, el nombre de Elizabeth Ortiz comenzó a tener mayor exposición pública después de una intervención de Guillermo Alfonso Jaramillo durante un evento en El Espinal, en el que se refirió a las gestiones relacionadas con recursos para el Hospital San Rafael.
En esa ocasión, el entonces ministro de Salud destacó públicamente el papel de Ortiz en la consecución de recursos para la institución hospitalaria y agradeció su participación en las gestiones.
La mención se produjo mientras Jaramillo hablaba sobre los $8.000 millones destinados al hospital. Posteriormente, diferentes cuentas en redes sociales comenzaron a divulgar información sobre los contratos que Ortiz había tenido con entidades públicas y los valores asociados a ellos.
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Ortiz Peña aparece identificada en la documentación citada como psicóloga y especialista en gestión pública. Los registros conocidos muestran contratos con entidades como la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Minas y Energía y la Superintendencia de Subsidio Familiar
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