Valle del Cauca declaró calamidad pública por seis meses tras daños ocasionados por el fuerte temblor de magnitud 7,4

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció la expedición del decreto que declara la calamidad pública en el departamento, tras la aprobación del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, como respuesta inmediata al devastador sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026, con epicentro en San José del Palmar (Chocó).

La medida busca activar todos los protocolos de atención, acelerar la llegada de ayudas y permitir una gestión ágil y coordinada de la emergencia en los municipios más afectados. Hasta el momento, el balance preliminar indica al menos 27 personas fallecidas en el Valle del Cauca, con víctimas reportadas en Buga (tres), Zarzal (uno), El Cairo (dos), Roldanillo (tres, incluido un concejal), Yumbo (tres), Calima El Darién (cuatro), Buenaventura (cuatro), Sevilla (cinco), Florida (uno) y La Unión (uno).

La gobernadora lamentó profundamente las pérdidas y subrayó que la prioridad es proteger la vida y garantizar la atención de los damnificados.

Situación en los municipios y acciones inmediatas

El impacto del terremoto es especialmente crítico en varios municipios. En El Cairo, cerca del 80% del municipio presenta afectaciones estructurales. En El Águila se reportó el colapso total del hospital, mientras que en Zarzal numerosos heridos han saturado la capacidad del hospital local, que también se encuentra colapsado. En Cartago, fue necesario evacuar pacientes del hospital para salvaguardar su integridad.

En Buenaventura, la emergencia se atiende con el despliegue de maquinaria amarilla, carpas y colchonetas para la población afectada. Los organismos de socorro y la Fuerza Pública trabajan en labores de evacuación, atención y evaluación de daños en terreno, apoyados por la administración departamental, que consolida un censo municipio por municipio para articular las ayudas que requiere la región ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) Nacional.

Declaratoria de calamidad pública: alcance y propósito

El Decreto No. 1.03.01-1070 de 2026 declara la calamidad pública en el Valle del Cauca por un periodo inicial de seis meses, permitiendo una respuesta institucional más flexible y expedita, conforme a la Constitución y la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del riesgo de desastres.

El decreto se fundamenta en el principio de “hecho notorio”, lo que posibilita la toma de decisiones urgentes sin esperar informes técnicos exhaustivos, dada la magnitud confirmada de los daños.

Entre las disposiciones principales, el decreto ordena la formulación y ejecución de un Plan de Acción Específico de Recuperación, bajo responsabilidad del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, así como la revisión e inventario urgente de daños en infraestructura pública y bienes inmuebles departamentales. Se instruye notificar a las aseguradoras la ocurrencia del siniestro y activar los mecanismos para reclamar las pólizas vigentes.

Las acciones contractuales necesarias para la atención de la emergencia se regirán por la ley de contrataciones de emergencia, permitiendo acelerar la compra de bienes, servicios y obras requeridas. Además, los contratos celebrados estarán sujetos a control fiscal específico y deberán ser remitidos a la Contraloría Departamental para su seguimiento.

Control, coordinación y próximos pasos

El decreto exige a los alcaldes municipales activar las Salas de Crisis Locales, herramientas clave para la coordinación de la respuesta en cada jurisdicción. También integra al expediente del decreto las actas del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo y los informes preliminares que sustentan la declaratoria.

El objetivo central de la declaratoria es garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficaz, facilitando la movilización de recursos humanos, técnicos y financieros para la reconstrucción, rehabilitación y restitución de servicios públicos e infraestructura.

La gobernadora Dilian Francisca Toro reafirmó que todas las capacidades del departamento permanecen activas y que el trabajo en terreno es permanente para evaluar daños, atender a los damnificados y proteger la vida y derechos de la población.

Con la declaratoria de calamidad pública, se activan todos los mecanismos legales y administrativos previstos para emergencias, lo que permitirá al Valle del Cauca enfrentar de manera excepcional las consecuencias del terremoto, acelerar la reconstrucción y coordinar esfuerzos con el Gobierno Nacional y entidades territoriales.