Gloria Arizabaleta, la excongresista que pidió suspender al presidente Gustavo Petro, tendrá que rendir indagatoria ante la Corte Suprema: esta es la fecha de la audiencia

La Corte Suprema de Justicia confirmó que el miércoles 2 de septiembre de 2026 fue fijada la diligencia de indagatoria contra la excongresista Gloria Arizabaleta, a raíz del auto con el que intentó suspender al presidente Gustavo Petro, una decisión sin efectos jurídicos que abrió una investigación por presunta extralimitación de funciones y por posibles presiones burocráticas.

De acuerdo con la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal, la audiencia quedó programada para las 9:00 a. m. en el Palacio de Justicia de Bogotá, donde deberá responder por los delitos de concusión, prevaricato por acción, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Previamente, la exrepresentante a la Cámara del Pacto Histórico había informado la designación del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera para su defensa ante la Corte Suprema de Justicia.

“Informo a la opinión pública que atenderé todos los llamados de la justicia con plena disposición y en un marco de colaboración eficaz con las autoridades”, había informado Arizabaleta en un video publicado en sus redes sociales.

Cronología del caso

El origen de este polémico caso se remonta al 10 de junio de 2026, cuando Gloria Arizabaleta, en su calidad como presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, expidió un auto que ordenaba la suspensión provisional de Gustavo Petro dentro de una investigación por posible participación indebida en política.

Esa actuación desató una controversia jurídica y política porque esa corporación legislativa no tiene competencia constitucional para suspender directamente al jefe de Estado.

En ese tipo de procesos, cualquier acusación contra un jefe de Estado debe ser estudiada por la Cámara de Representantes en pleno y, si avanza, pasar al Senado, que es la corporación encargada del juicio político.

La orden no produjo efectos sobre la permanencia de Petro en la Casa de Nariño porque carecía de sustento legal. El caso adquirió mayor dimensión porque se conoció en el periodo previo a las elecciones presidenciales y porque el documento fue leído en un primer momento como un intento real de separar del cargo al presidente.

Por estos hechos, la Procuraduría General de la Nación la suspendió de su cargo y abrió una investigación disciplinaria al considerar una posible extralimitación de funciones. El organismo señaló que la decisión no fue remitida a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, como corresponde en este tipo de actuaciones.

Otros detalles de la investigación

La hipótesis central de la Corte Suprema de Justicia es que la publicación del auto de suspensión no fue un acto aislado, sino el desenlace de una cadena de presiones sobre el Ejecutivo.

De acuerdo con un expediente de 46 páginas, revelado por El Tiempo, Arizabaleta sostuvo cuatro reuniones con el abogado del mandatario, Alejandro Carranza, conocido en redes sociales como “Hombre jurista”.

En esos encuentros, habría pedido servir de enlace con el Gobierno para coordinar el cierre de las investigaciones contra Petro a cambio de cargos en entidades estatales y recursos económicos.

El expediente también señala que la exrepresentante advirtió al defensor del presidente que, si el Ejecutivo no “negociaba” ni conseguía los votos necesarios dentro de la Comisión de Investigación y Acusaciones, impulsaría decisiones adversas contra el jefe de Estado.

Esa advertencia quedó reflejada en el último encuentro registrado, celebrado el 8 de junio. “Usted ya sabe, usted tiene que hablar o tienen que buscar los votos. Busquen los votos. Si ustedes no arreglan, nosotros lo llevamos a juicio”, afirmó Arizabaleta, según el testimonio de Carranza ante la Corte Suprema.

Dos días después, el 10 de junio, difundió públicamente la orden de suspensión contra el presidente mientras este cumplía compromisos internacionales.

La investigación también recoge declaraciones sobre supuestas solicitudes de beneficios concretos. Según las actuaciones judiciales, Arizabaleta pidió a la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nohora Mondragón, la designación de una persona en la directiva de la Fiduprevisora.

A eso se suma el testimonio del exministro de Hacienda Germán Ávila, quien declaró ante la Corte que en reuniones realizadas en febrero y mayo la exrepresentante le solicitó dinero a cambio de emitir votos favorables en los procesos que avanzaban en la comisión legislativa.

El expediente incorpora además intercambios de mensajes en los que, según la investigación, Arizabaleta entregó a Carranza borradores de decisiones judiciales de carácter reservado que se tramitaban en esa célula legislativa. También quedaron registrados diálogos sobre la elaboración de un documento relacionado con una compulsa de copias contra el exfiscal general Néstor Humberto Martínez.

Tras conocerse esas piezas probatorias, la defensa del presidente anunció que pedirá formalmente una medida de aseguramiento privativa de la libertad contra la exlegisladora.