Presuntas víctimas de acoso sexual por parte de Jorge Alfredo Vargas confirmaron que no participarán en el proceso penal: “No es nuestro interés”

Tres de las periodistas vinculadas como presuntas víctimas dentro del proceso penal que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra el periodista Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual hicieron público un comunicado en el que explican las razones por las que no desean participar activamente en la investigación judicial.

Aunque insisten en que los hechos denunciados ocurrieron, aseguran que su prioridad es proteger su salud mental, su intimidad y evitar una nueva revictimización.

El pronunciamiento fue divulgado por la firma BES Lawyer’s Office, que informó que asumió la representación legal de las tres comunicadoras y, según explicó el despacho, las periodistas decidieron emitir un mensaje conjunto para aclarar su posición frente al proceso penal, luego de que en las últimas horas se conociera la imputación de cargos contra el comunicador.

En el documento, las mujeres sostienen que nunca solicitaron hacer parte del proceso judicial y que esa decisión ha sido comunicada tanto a Caracol Televisión como a la propia Fiscalía desde el comienzo de las actuaciones.

“No se puede renunciar a un caso en el que no hemos pedido estar. Desde el primer momento hemos sido claras, tanto ante Caracol Televisión S.A. como ante la propia Fiscalía, que no es nuestro interés denunciar penalmente al señor Vargas. Consideramos que, tras las denuncias internas, la compañía ya tomó las decisiones que, a nuestro sentir, nos dieron verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”, señalaron las periodistas en el comunicado.

Las comunicadoras reconocieron que la Fiscalía tiene la obligación legal de investigar este tipo de conductas al tratarse de delitos que se persiguen de oficio. Sin embargo, afirmaron que, pese a esa circunstancia, han manifestado reiteradamente su voluntad de no constituirse como víctimas procesales con representación jurídica dentro del expediente.

“Una vez culminado este proceso interno, la Fiscalía nos ha contactado e insistido en llamadas telefónicas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp para hacer parte de un proceso legal. Pese a nuestra negativa, conocemos que delitos como el acoso sexual en concurso homogéneo y sucesivo deben ser investigados de oficio por la Fiscalía General de la Nación. Aunque respetamos que el ente investigador actúe en cumplimiento de su deber constitucional y legal, hemos manifestado en repetidas ocasiones nuestra intención de no constituirnos por ahora como víctimas a través de un apoderado dentro del proceso que inició la Fiscalía, que ha insistido en nuestra participación”, indicaron.

Las periodistas explicaron que su decisión no representa una retractación ni un cambio en las versiones entregadas durante las investigaciones internas adelantadas por el canal. Por el contrario, sostienen que los hechos denunciados ocurrieron y recuerdan que, como consecuencia de ese proceso, el hoy imputado terminó su vínculo laboral con Caracol Televisión.

“Nuestra decisión ha sido conocida por las autoridades desde el inicio y responde exclusivamente a la necesidad de proteger nuestra intimidad, nuestra salud mental y nuestro proyecto de vida. No obedece a un cambio de versión, ni a una retractación, ni tampoco desvirtúa que los hechos abusivos y denigrantes contra nuestra libertad sexual ocurrieron. Prueba de ello es la terminación de mutuo acuerdo del contrato laboral del hoy imputado con Caracol Televisión”, manifestaron en el comunicado.

En otro apartado del comunicado, las presuntas víctimas expresaron su preocupación por la exposición pública que, según ellas, ha generado el manejo del caso y advirtieron que esa situación ha derivado en una nueva forma de afectación emocional.

“No queremos ser objeto de estigmatización y creemos que el manejo que la Fiscalía le ha dado a este caso ya nos está exponiendo a escenarios de acoso judicial y mediático. Hoy, nuestra salud mental y emocional dependen de que podamos superar esta agresión y no repetir los hechos que ya son de conocimiento de las autoridades”, afirmaron.

Asimismo, recordaron que durante la inspección realizada por el Ministerio del Trabajo en las instalaciones de Caracol Televisión se solicitaron las denuncias internas, pese a que, según indican, el área de Gestión Humana insistió en mantener la reserva de las víctimas. Posteriormente, agregaron, la Fiscalía obtuvo copia de ese material mediante orden judicial.

Las comunicadoras también invocaron el artículo 11 de la Ley 906 de 2004, que consagra los derechos de las víctimas dentro del proceso penal, para pedir que se respete su autonomía y su decisión de no intervenir activamente en el expediente.

“No hemos renunciado a la verdad, no hemos negado los hechos, no hemos solicitado que la investigación se detenga y no pretendemos obstaculizar el trabajo de la administración de justicia. Lo único que hemos pedido es que no nos obliguen a constituirnos como víctimas procesales y lo hacemos conforme al derecho que tenemos a decidir cómo afrontar una situación profundamente difícil. Pedimos que se respete nuestra decisión de no participar activamente en el proceso penal y no ser revictimizadas”, concluyeron.

El pronunciamiento fue firmado en Bogotá el 5 de agosto de 2026 y finaliza con un llamado a la Judicatura, a la sociedad y a los medios de comunicación para que respeten su identidad, su dignidad y su voluntad mientras la investigación continúa su curso.