Abelardo de la Espriella tendría que cobrar más de $50 billones en impuestos para arreglar el descuadre de dinero que le deja Gustavo Petro

Las cuentas públicas que recibirá el gobierno de Abelardo de la Espriella de manos del gobierno de Gustavo Petro llegan bajo la presión del ajuste fiscal de varios expertos y entidades como el centro de pensamiento económico Anif y de una advertencia del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que ve posible un desbalance de 7,4% del Producto Interno Bruto (PIB) y lo considera “insostenible”.

Anif propuso para el gobierno entrante una hoja de ruta de consolidación fiscal con un ajuste mínimo de 3% del PIB, equivalente a $53 billones, con énfasis en recortes y eficiencia del gasto público, medidas de ingreso por 0,6 puntos del PIB, cerca de $12 billones, y acciones para impulsar el crecimiento económico.

Planteó, por medio del informe ‘Evidencia para un ajuste fiscal basado en menor gasto’, que el deterioro de las finanzas públicas responde al crecimiento acelerado del gasto del Estado en los últimos años y a la rigidez de una parte importante del presupuesto. Bajo esa premisa, sostuvo que “el componente central de la propuesta corresponde al ajuste del gasto público”.

Calculó que 77% del esfuerzo total de consolidación provendría de medidas de austeridad y de una mayor eficiencia del gasto. El bloque equivale a 2,1 puntos del PIB, es decir, $41 billones, y lo presenta como una corrección más estructural y sostenible de las cuentas fiscales.

Cómo se repartiría el ajuste fiscal

Dentro del ajuste, el centro de pensamiento estima un recorte de $14 billones en gasto de funcionamiento, equivalente a 0,7% del PIB. La propuesta incluye una estrategia de austeridad administrativa y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

Según el centro de pensamiento económico, recaería sobre el gasto de inversión. Allí ubicó un potencial de ahorro de $27 billones, equivalente a 1,4% del PIB, a partir de una racionalización del gasto contractual y de una revisión de la ejecución presupuestal.

La propuesta no plantea suprimir la inversión pública, sino reordenarla bajo criterios de eficiencia. Anif sostiene que esa vía permite priorizar recursos y mejorar el impacto económico del presupuesto sin depender de forma exclusiva de mayores ingresos tributarios.

Apuesta por reordenar la inversión pública

Anif afirmó que “más allá de plantear un recorte en la inversión, el objetivo es fortalecer su eficiencia y focalización”. La definición aparece como uno de los ejes del planteamiento para el gobierno entrante. Estima que en 2026 solo 35% del gasto de inversión correspondería a proyectos que son productivos. Según la entidad, el dato abre espacio para revisar la composición del presupuesto sin afectar de manera necesaria la capacidad de inversión del Estado.

Al respecto, apuntó que “como parte de la estrategia, Anif propone revisar la inversión pública para priorizar los proyectos de mayor impacto económico y social. El documento plantea racionalizar el gasto, reasignar recursos hacia iniciativas estratégicas y revisar los subsidios públicos para mejorar su focalización y eficiencia”.

Dicho cambio en el presupuesto apunta a concentrar recursos en proyectos estratégicos y a elevar el rendimiento económico de cada peso destinado a inversión pública. También busca mejorar la ejecución del gasto y reforzar la capacidad estatal para impulsar sectores con mayor potencial de crecimiento.

Ingresos, formalización y crecimiento como apoyo fiscal

Junto con el ajuste del gasto, Anif propuso fortalecer los ingresos públicos con medidas equivalentes a 0,6 puntos del PIB, cerca de $12 billones. La propuesta se apoya en una mayor fiscalización y en el combate a la evasión. También advirtió que el ajuste presupuestal no bastará por sí solo. “Además del ajuste en el gasto público, la consolidación fiscal solo será sostenible si está acompañada de un mayor crecimiento económico”, señaló.

Así las cosas, propuso medidas para fortalecer la inversión, mejorar el entorno regulatorio, promover la formalización empresarial y reactivar los sectores productivos con mayor rezago. La proyección apunta a una economía con expansión anual de entre 3,5% y 4%, con efecto sobre la base tributaria y el peso de la deuda pública frente al PIB.

Bajo esa lógica, el saneamiento de las finanzas públicas no descansaría solo en el recorte del gasto, sino también en una economía más dinámica. La combinación de mayores ingresos y crecimiento aparece en la propuesta como un apoyo adicional para estabilizar las cuentas fiscales.