Transparencia por Colombia calificó como “deficiente” la gestión anticorrupción del Gobierno Petro: “No consolidó cambios estructurales”

La evaluación sobre las políticas de transparencia e integridad del gobierno de Gustavo Petro deja un balance con más deficiencias que reconocimientos. Un informe elaborado por Transparencia por Colombia concluye que las acciones impulsadas durante el cuatrienio no lograron consolidar transformaciones de fondo para enfrentar la corrupción y calificó la gestión como “deficiente”.

El documento revisó las principales iniciativas promovidas por el Ejecutivo durante los cuatro años de mandato y encontró que, aunque hubo medidas relevantes y avances en distintos frentes, estos no se tradujeron en cambios estructurales dentro del Estado. La organización sostiene que la estrategia perdió fuerza con el paso del tiempo y terminó sin cumplir las expectativas planteadas al inicio del gobierno.

Entre las conclusiones del análisis también aparece un cuestionamiento al papel desempeñado por el propio mandatario. Según el informe, hizo falta un liderazgo ético más solido, ya que el presidente “estuvo inmerso en múltiples escándalos relacionados con funcionarios cercanos”, una situación que, para la organización, afectó la credibilidad de la agenda anticorrupción.

La principal apuesta del cuatrienio fue la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción, diseñada para ofrecer una visión de largo plazo frente a este problema. Sin embargo, el informe sostiene que “inició con impulso discursivo y algunas medidas relevantes, pero no consolidó cambios estructurales”. Además, advierte que “terminó concentrándose en acciones puntuales y fragmentadas, algunas de ellas ya contempladas en el marco normativo vigente”.

Durante la administración también fueron reglamentados los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público. A esto se sumó la creación del Sistema Nacional de Integridad, el Grupo de Transparencia del Sector Defensa y la Línea 157 para recibir denuncias relacionadas con posibles hechos de corrupción. Pese a esos avances institucionales, Transparencia por Colombia señala que todavía hace falta medir su impacto real en la prevención de estas conductas.

Otro de los aspectos que genera preocupación es la protección de quienes denuncian irregularidades. Aunque hubo avances legislativos orientados a fortalecer ese mecanismo, el informe advierte una contradicción importante al mencionar “los cuestionamientos públicos del presidente Gustavo Petro hacia una exfuncionaria que denunció presuntos hechos de corrupción”, los cuales podrían “desincentivar la denuncia y debilitar la confianza en las garantías ofrecidas por el Estado”.

En materia de acceso a la información pública, la organización reconoce el inicio del proceso para formular la Política Pública de Acceso a la Información, una tarea pendiente desde la expedición de la Ley 1712 de 2014. No obstante, esa iniciativa no alcanzó a ser aprobada antes de concluir el periodo presidencial.

El informe también analiza la contratación estatal. Allí destaca la consolidación de SECOP II y de la Tienda Virtual del Estado como herramientas para fortalecer la transparencia. Aun así, advierte que persisten dificultades relacionadas con “la lenta migración de las entidades a estas plataformas” y “las deficiencias en la calidad de la información registrada”.

El componente electoral igualmente recibe observaciones. La organización recuerda que el Gobierno promovió dos proyectos de acto legislativo para reformar el sistema político, pero “Ninguno logró completar su trámite en el Congreso”. A ello se suma la ausencia de una actualización de la Política Penal Electoral después de que su vigencia terminara en 2025, lo que redujo la capacidad institucional para enfrentar de manera articulada la financiación ilegal de campañas, la compra de votos y la injerencia de organizaciones criminales.

Respecto a los temas ambientales y de paz, el balance reconoce avances puntuales como el Fondo para la Vida y la Biodiversidad y la creación de 16 bolsas subregionales de recursos del Acuerdo de Paz. Sin embargo, Transparencia por Colombia advierte que continúan los riesgos asociados a la discrecionalidad en la selección de proyectos y a las limitaciones para vigilar la ejecución de esos recursos. De cara al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, la organización recomienda consolidar una política anticorrupción de Estado, fortalecer la protección a denunciantes, completar la modernización del SECOP, aprobar la Política Pública de Acceso a la Información y actualizar la Política Penal Electoral.