Abrieron investigación contra Postobón por el despido de 100 empleados: “Encerrar y coaccionar a un trabajador no es negociar”

El ministerio de Trabajo se refirió de manera formal a la investigación que se abrió en contra de la empresa Postobon, luego de que un grupo de trabajadores con fuero de salud habrían sido retirados sin la autorización previa que exige la ley.

Así lo señaló un informe el 2 de agosto de 2026 por parte del portal Vorágine que dejó al descubierto un episodio que se habría presentado el 15 de mayo de 2026, cuando desde la reconocida compañía se citó en Bogotá a cerca de 100 empleados con enfermedades o restricciones médicas y les presentó la terminación de sus contratos como acuerdos voluntarios.

Sin embargo, testimonios, audios y denuncias conocidos por el mismo medio describen presiones, amenazas y humillaciones en un proceso que ya investiga el Ministerio del Trabajo por posibles despidos ilegales y trato discriminatorio.

Todos los citados compartían una condición: padecían dolencias físicas o mentales que habían derivado en limitaciones para sus funciones, y fueron convocados a cuatro auditorios en distintos puntos de la capital sin conocer el verdadero motivo de la reunión y solo al llegar supieron que la empresa había decidido desvincularlos.

Esto llevó a que Sandra Milena Muñoz Caña, viceministra de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, se refiriera a este fragmento de audio y a las acciones que se siguen adelantando por parte de la misma cartera.

“Representantes legales de esta compañía presionaron presuntamente a sus propios trabajadores para obligarlos a renunciar a sus derechos”, inició su declaración Muñoz al precisar que “el país entero conoció lo que vivieron cerca de cien empleados de Postobón el pasado 15 de mayo”.

La funcionaria del Ministerio de Trabajo afirmó que los empleados “además se encuentran en estado de vulnerabilidad, pues sufren de diversas enfermedades y restricciones médicas”.

Los audios registran amenazas, encierro y presión para firmar

Entre los casos documentados, el de Selena Zafra aparece como uno de los más graves. La trabajadora, de 45 años y con 11 años en la empresa, fue citada al hotel Dann Carlton junto con más de 20 compañeros cuyos puestos también estaban marcados por nombre.

Zafra reconoció de inmediato que todos tenían enfermedades o restricciones médicas, muchas adquiridas durante años de trabajo en la empresa.

Según su relato, sus problemas comenzaron en 2017, cuando cayó de un camión de la compañía y sufrió un trauma craneoencefálico; después presentó pérdida de memoria, desorientación e incontinencia urinaria, y con el tiempo se sumaron una hernia en la columna, ansiedad, depresión y psoriasis.

Antes de los despidos, una empleada de gestión humana les dijo que la empresa pasaba por un momento difícil y que todos estaban allí para contribuir, detalló el reportaje del mismo medio. Luego ingresó un hombre sin brazos que dio una charla de motivación en la que se presentó como ejemplo de superación por haber sido campeón de ciclismo.

Después, los empleados fueron llamados uno por uno a una oficina contigua. Allí, Zafra grabó 45 minutos de conversación con un abogado de la compañía que la presionó para firmar el acuerdo de terminación.

En ese audio, el abogado reconoce que el proceso apuntaba a personas con problemas de salud.

“Desafortunadamente esto implica que algunas personas van a ser retiradas de la compañía, y van a ser retiradas porque sí o porque no. Y aquí hay dos formas: a las buenas y a las malas”, le dice el jurista a la mujer.

El abogado también señaló: “Yo soy abogado y con un equipo analizamos cada uno de los casos de salud, como el tuyo”. Y agrega: “Yo sé que tú tienes unas patologías, tengo una hoja que dice qué tienes”.

La oferta para Zafra fue de $50 millones. Cuando ella pidió un acuerdo “respetuoso” y acorde con su antigüedad y su estado de salud, el abogado respondió que no había margen de negociación y le advirtió que, si no aceptaba, la empresa terminaría el vínculo con una carta en la que constaría que desaparecían las causas que le daban origen.

La presión subió de tono cuando el abogado le planteó que una demanda tardaría tres años y que, aun si ganaba, la indemnización legal sería menor. En otro tramo le dijo: “Si tú demandas a una empresa, nadie te contrata, eso sí lo tengo clarísimo”.

Cuando Zafra pidió salir a hablar con su familia y tomar aire, aseguró que no se lo permitieron.

“Necesito respirar, necesito llamar a mi familia, tengo que hacerlo afuera. Yo acá no me estoy sintiendo cómoda, tengo derecho a salir. Dame media hora para tomar una decisión”, dijo ella; el abogado contestó: “No puedo”.

Más adelante, ante la posibilidad de acudir a un juez o al ministerio, el hombre respondió: “A ti qué culos te importa si a Postobón le meten una multa por esto. Esa satisfacción qué (…) Tú no ganas nada porque jodan a Postobón”. Después, el mismo abogado añadió: “Cuando te quedes sin el pan y sin el queso, eso es un mierdero”.

Zafra terminó firmando en medio de una alteración emocional que ella misma describió como extrema.

Además, ella contó que, al salir, entró al baño con la idea de quitarse la vida y que una mujer que estaba allí la detuvo cuando intentaba subirse al lavamanos.

Ministerio de Trabajo le pone la lupa a Postobon por presuntos despidos a 100 empleados en Bogotá

Muñoz destacó que “estos trabajadores fueron citados presuntamente bajo engaños en diferentes auditorios de Bogotá; allí, al parecer, los encerraron en oficinas, les pasaron seguro a las puertas para impedirles salir y los sometieron a presiones y humillaciones para forzarlos a firmar supuestos terminaciones de acuerdo voluntario. Les negaron el derecho básico a llamar a sus familias y la presión psicológica fue tan brutal que algunos trabajadores sufrieron ataques de pánico y terminaron hospitalizados en urgencias psiquiátricas”.

Por tal motivo, la viceministra de Relaciones Laborales e Inspección dejó en claro que “encerrar y coaccionar a un trabajador no es negociar, es un atropello directo a la dignidad humana”, y añadió que “ante esta gravísima vulneración de derechos laborales y humanos, desde el Ministerio de Trabajo no nos quedamos de brazos cruzados”.

Muñoz afirmó que “en el despacho de este Viceministerio de Relaciones Laborales conversamos con las y los trabajadores y a través de nuestra unidad de Investigaciones Especiales, el pasado 17 de julio del 2026, proferimos un auto contra Gaseosas LUX SAS, razón social de la compañía de la que estamos hablando”.

También se precisó que “mediante este acto administrativo ordenamos una medida preventiva de protección y de aplicación inmediata para salvaguardar la integridad de las y los trabajadores”.

Como tercera acción se exigió “a la empresa que comunique esta decisión a todo su personal a través de sus carteleras y sus canales electrónicos”, indicó Muñoz, al recordar que “ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”.

Por todo lo anterior, desde la cartera de Trabajo se aseveró que “los acuerdos de terminaciones voluntarios obtenidos bajo amenazas son ilegales”.

Al final, Muñoz setenció: “A nosotros sí nos importa que se respete a la clase trabajadora y llegaremos hasta las últimas consecuencias en nuestras investigaciones. El trabajo no nos puede costar la vida ni la salud”.

Otros trabajadores describen el mismo patrón en hoteles de Bogotá

Según la publicación del mismo medio independiente, los relatos de otros empleados repiten el mismo esquema.

Otro caso es el de Luisa Fernanda Gallo, citada al hotel Cosmos, y que contó que también fue recibida con una charla motivacional y luego presionada para firmar mientras le recordaban que tenía tres hijos y que podía irse sin nada.

Gallo dijo que salió temblando y llorando, y que su esposo la llevó a la clínica Los Nogales. Allí quedó hospitalizada con 40 °C de fiebre y, según su testimonio, fue remitida a psiquiatría por un ataque de ansiedad.

Por su parte, Diana Romero fue convocada al hotel Hilton y relató que dos hombres le mostraron los documentos y le dijeron que la decisión de la compañía debía firmarse “sí o sí”.

Ella aseguró que le negaron salir por agua para calmarse y que, cuando intentó abrir la puerta durante unos cinco minutos en que quedó sola, no pudo hacerlo porque estaba asegurada.

Entre tanto, la abogada Paola Yepes, que junto con la firma Jesús Yepes & Abogados Consultores representa a casi la mitad de los desvinculados, sostiene que se trató de despidos ilegales. La jurista explicó que todos los afectados tenían una condición de salud o restricciones reconocidas y que, en esos casos, la desvinculación exige autorización del ministerio, incluso si existiera justa causa.

Yepes también cuestionó el método usado para obtener las firmas, y dijo que a los trabajadores los forzaron con información privilegiada y que no solo se afectó su libertad de decidir, sino también su libertad de locomoción porque “no podían irse, no podían salir”.

La mayoría de los despedidos trabajaba desde hacía años como vendedores en calle. Sus tareas incluían recorrer varios kilómetros al día, visitar decenas de tiendas y supermercados, cargar maletas con publicidad o muestras y surtir neveras y vitrinas con botellones y otros elementos pesados, labores que, según los testimonios, derivaron en lesiones de columna, piernas y rodillas, además de cuadros de ansiedad y depresión asociados a la presión laboral.

Muñoz afirmó que aun en las terminaciones voluntarias no puede existir ningún tipo de presión, y señaló que citar a los trabajadores a un hotel ya constituye una forma de presión, que debieron contar con tiempo suficiente para revisar la información y buscar asesoría externa, y que la frase “firmen ya o no hay nada” contraría el procedimiento.

La viceministra agregó que estos acuerdos presentados como voluntarios, pese a la coacción, ocurren con regularidad. Por lo tanto, Muñoz advirtió que las empresas no pueden usar esa figura para eludir estabilidades laborales reforzadas ni para seleccionar solo a quienes consideran más productivos.

Mientras tanto, Postobón respondió a la investigación que no tiene declaraciones sobre los señalamientos particulares y reiteró que sus procesos de gestión de personal se desarrollan dentro de la legislación laboral colombiana vigente.

La empresa sostuvo que, cuando se llega a un acuerdo de terminación, este se suscribe de forma voluntaria entre las partes, “sin perjuicio de los derechos” de la persona involucrada, y añadió que atenderá cualquier requerimiento de las autoridades competentes.