Daniel Briceño denunció que Petro dejó ‘amarradas’ a 1.270 personas en el Ministerio de Igualdad: “Se van a llevar hasta los inodoros”

A través de sus redes sociales, el representante a la Cámara Daniel Briceño, que integra la bancada del Centro Democrático, denunció el domingo 2 de agosto de 2026 lo que sería la contratación de 1.270 personas en el Ministerio de Igualdad, ya en liquidación; en una maniobra que dejaría comprometidos recursos superiores a los $30.000 millones, por intermedio de una empresa de servicios temporales.

Briceño denunció que esta dependencia, cuyo cierre fue ordenado por la Corte Constitucional a partir del 20 de junio, dejó “amarradas” 1.270 personas mediante un contrato de prestación de servicios con Laborando S.A.S. por hasta $30.275.999.986 para la ejecución y gestión operativa del programa Jóvenes en Paz; lo que causó una fuerte ola de comentarios en las plataformas digitales.

El documento que divulgó indicó, sin embargo, que esa cantidad corresponde a una proyección de necesidades y que puede ajustarse según los requerimientos del servicio y la disponibilidad presupuestal. Por ello, el congresista presentó el caso como una contratación cerrada en medio del proceso que, según dijo, atraviesa el ministerio, que debería salarios aún a centenares de contratistas.

“El Ministerio de la Igualdad que ya está en liquidación esta semana dejó amarradas 1.270 personas a través de una empresa de servicios temporales (...) Se entregará un anticipo de $9.082.799.996. Se van a llevar hasta los inodoros”, dijo Briceño en su perfil de X, que reiteró sus críticas a la saliente administración, a cinco días del final del mandato, en medio de fuertes denuncias de corrupción.

En sus señalamientos, Briceño mostró copia del contrato de prestación de servicios, tramitado bajo una invitación a contratación directa. En el mismo se identificaron como partes intervinientes al Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y a Laborando S.A.S., que sería la beneficiaria de la entrega de estos multimillonarios montos.

¿Qué dice el contrato sobre las 1.270 personas que serían vinculadas?

El objeto reproducido en el contrato señala que se requiere “contratar el servicio de una empresa de servicios temporales para la vinculación del Talento Humano necesario para la ejecución y gestión operativa del Programa Jóvenes en Paz”, hasta un total de 1.270 personas en misión; lo que causó la respuesta de Briceño, que advirtió sobre el aparente detrimento patrimonial que estaría fraguándose.

La distribución prevista dividió ese personal en cuatro grupos. El documento asignó 75 personas a la Unidad de Gestión, 1.016 al Equipo Territorial, 15 al Equipo Gerencial de Apoyo y 164 al Equipo de Atención Integral a Jóvenes en Contextos Críticos y de Emergencia Social. También detalló las funciones generales de cada bloque, en un proceder que encendió las alertas de la veeduría legislativa.

Según el contrato, la Unidad de Gestión concentra la dirección estratégica, la planeación institucional, la coordinación operativa, además del seguimiento, el monitoreo, el control, la gestión administrativa, documental y contractual, y a lo que se suman las comunicaciones y la gestión de la información. Este documento especifica que el anticipo, en todo caso, corresponde al máximo del 30%.

El Equipo Territorial apareció como el principal componente operativo de la estrategia en los territorios priorizados. A su vez, el Equipo Gerencial de Apoyo reforzaría tareas de dirección, coordinación, supervisión y toma de decisiones estratégicas, mientras el equipo de atención integral apuntaría a situaciones de alta vulnerabilidad social y crisis territoriales.

Este sería el plazo, ajustes y alcance operativo del acuerdo

En el mismo contrato se especificó que la cifra de personal no es definitiva, sino que responde a una proyección de necesidades operativas, técnicas, administrativas y territoriales para el período contractual, con soporte en el plan de acción del programa. Lo que abriría la puerta a aumentos, reducciones, redistribuciones o ajustes entre equipos según requerimientos del servicio.

En cuanto al tiempo de ejecución, el contrato fija un plazo de cuatro meses. Ese período incluye la operación entre el 1 de julio de 2026 y el 31 de octubre de 2026; aunque el parágrafo sobre el plazo añadió que el acuerdo operará con una bolsa de recursos de tope máximo y, del mismo modo, prevé que ese plazo pueda ampliarse si se requiere, sin cambiar la naturaleza del contrato ni el límite de su valor.