Petrismo arremetió contra De la Espriella tras su retiro espiritual con el nuevo gabinete: “¿Y el Estado laico para cuándo?”

Representantes y figuras políticas afines al gobierno saliente de Gustavo Petro lanzaron mensajes críticos contra el presidente electo Abelardo de la Espriella tras la difusión de imágenes en las que aparece liderando un acto religioso junto a los integrantes de su equipo ministerial previo a la posesión presidencial.

Las publicaciones generaron cuestionamientos por el presunto desconocimiento del principio de neutralidad religiosa establecido en la Carta Magna.

En el material audiovisual compartido en plataformas digitales se observa a De la Espriella con una camándula junto a su esposa, Ana Lucía Pineda, y los ministros designados en un retiro espiritual, en Atlántico.

Durante la actividad, definida como la primera reunión oficial del gabinete, se realizaron alabanzas, se entregaron biblias marcadas con los colores de su campaña —muy diferentes a las carátulas del libro tradicional— y el guía del encuentro afirmó que habían “empezado con el pie derecho”.

Y es que cabe destacar que la Constitución Política de 1991 consagró en su artículo 19 la libertad de cultos y la neutralidad del Estado en materia religiosa. Esta disposición superó la norma contenida en la Constitución de 1886, mediante la cual se otorgaba un estatus oficial a la Iglesia católica dentro de la función pública del país.

En la práctica, esto significa que el Estado debe actuar con neutralidad frente a las creencias religiosas: las leyes y las políticas públicas deben fundamentarse en la Constitución y en el interés general, no en principios religiosos.

Así reaccionaron desde el petrismo al acto religioso de Abelardo de la Espriella

Frente a estos hechos, exfuncionarios de la administración saliente y congresistas del Pacto Histórico cuestionaron la compatibilidad entre las manifestaciones religiosas públicas de las autoridades gubernamentales y la legalidad que rige en el territorio nacional.

El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) Carlos Carrillo publicó en la red social X su postura respecto al simbolismo utilizado en el encuentro de los miembros del nuevo Ejecutivo.

“Desconocer que Colombia es un Estado laico es una afrenta a la Constitución y un retroceso de siglos. Suplantar la Constitución con la Biblia es algo que de ninguna manera podemos tolerar”, afirmó el exfuncionario.

Por su parte, Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía, detalló los alcances del concepto de laicidad estatal y advirtió sobre las implicaciones institucionales de estas actuaciones en el ejercicio del poder público.

En su cuenta de X, el líder progresista señaló: “El Estado laico no tiene una religión oficial y garantiza la libertad de conciencia y de cultos para todas las personas. Esto significa que todas las confesiones religiosas son iguales ante la ley y que quienes no profesan ninguna religión gozan de la misma protección".

“Un Estado laico no es un Estado contrario a la religión; por el contrario, protege el derecho de cada persona a creer, cambiar de religión o no tener ninguna”, indicó el exministro.

Otras figuras legislativas e integrantes del gabinete saliente se sumaron a las declaraciones en plataformas digitales para exigir la preservación de los acuerdos institucionales vigentes.

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico Mafe Carrascal reaccionó mediante un mensaje breve en el que cuestionó la vigencia de las garantías normativas del país: “¿Y el Estado laico para cuándo?”.

A las voces del petrismo se añadió la declaración del ministro de Trabajo saliente, Antonio Sanguino, que rechazó la articulación entre el ejercicio de la función gubernamental y la práctica de cultos específicos.

“Absolutamente grotesco. Un Estado laico, como lo define nuestra Constitución y como se deriva de nuestra tradición republicana, no puede terminar convertido en una Iglesia o en una confesión religiosa. Oscurantismo puro y duro”, posteó el exministro.

De igual forma, la concejala de Bogotá Heidy Sánchez, or la misma colectividad, expuso los riesgos que implica supeditar la toma de decisiones presupuestales o legislativas a dogmas particulares.

“La fe de cualquier servidor público merece respeto, pero el gobierno tiene obligaciones constitucionales con un país diverso. Colombia es un Estado laico, y esa garantía existe precisamente para impedir que las creencias personales se confundan con las decisiones públicas. Si esa frontera empieza a desdibujarse, las alarmas democráticas se encienden”, expresó la concejala.

Sánchez añadió a su crítica los cambios en los discursos del mandatario entrante y la necesidad de priorizar el rigor institucional: “Si este es el punto de partida de la llamada ‘patria milagro’, encabezada por quien antes se proclamaba ateo y de manera conveniente ahora es un fervoroso creyente, vale la pena preguntarse si los problemas del país se enfrentarán con políticas públicas o con actos de fe. Gobernar exige responsabilidad, rigor y respeto por la institucionalidad”.