El presidente de la República, Gustavo Petro, pidió el 27 de julio de 2026 declarar insubsistente a Angie Rodríguez como directora del Fondo Adaptación, en medio de una disputa por el traslado de un billón de pesos que la funcionaria advirtió como posiblemente ilegal y de un obstáculo jurídico central: una incapacidad médica que, de seguir vigente, impediría su salida inmediata del cargo.
“Angie es una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio y que lamento haber conocido”, expuso en su cuenta de X al referirse a la funcionaria y reclamar su salida.
Petro también escribió: “No entiendo una prensa que no averigua a quién entrevista y le falta el respeto incluso como paciente”. Más tarde cuestionó la rapidez de su recuperación: “Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones psiquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido?”.
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Tras varios días de incertidumbre y acusaciones por parte y parte, el Ministerio de Hacienda, liderado por Germán Ávila, oficializó vía decreto la insubsistencia de Angie Rodríguez.
“DECRETA. Artículo 1. Declárase insubsistente, a partir del día 01 de agosto de 2026, el nombramiento de la señora ANGIE LIZETH RODRIGUEZ FAJARDO, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.031.142.676 de Bogotá, en el cargo de Gerente de Entidad Descentralizada, Grado 0013 del Fondo Adaptación”, establece el documento fechado el 31 de julio de 2026.
La denuncia de Angie Rodríguez contra Gustavo Petro
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y actual gerente del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, presentó este miércoles 29 de junio de 2026 una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
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El escrito, radicado por su apoderado Manuel Villanueva pide una actuación urgente para proteger sus derechos fundamentales y vincula la acusación con presiones para mover cerca de $1 billón hacia el Ministerio de Hacienda desde recursos comprometidos con obras sociales en La Mojana.
En efecto, sostiene que esa reorientación de recursos carecía de justificación técnica y de soporte fiscal. La denuncia plantea que esa maniobra podría encuadrar en el delito de peculado por aplicación oficial diferente, previsto en el artículo 399 del Código Penal.
Rodríguez afirmó al presentar la acción que su salud mental se deterioró en el entorno laboral y que, cuando decidió denunciar lo ocurrido, encontró “violencia de género política, violencia institucional, acoso laboral y espero que las autoridades actúen”. También dijo que, si en Colombia no hay avances en la investigación, acudirá a instancias internacionales.
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La controversia no se limita a la administración del Fondo de Adaptación. Una parte central del relato se remonta al paso de Rodríguez por el Dapre, donde, según su versión, se opuso al nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de Juventudes porque consideró que no cumplía los requisitos del cargo.
De acuerdo con la denuncia, esa negativa desencadenó episodios de maltrato por parte de Petro, con comentarios sobre su apariencia física y presiones para que cambiara su posición. El mandatario, conforme al relato consignado, terminó ordenando la vinculación de Guerrero.
La funcionaria relaciona ese episodio con su salida del Dapre y con su posterior llegada a la dirección del Fondo de Adaptación, un traslado que describe como forzado. El documento también conecta esa secuencia con la designación de Guerrero como representante de la Presidencia en el Consejo Directivo de la Universidad Popular del Cesar.
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