Las propuestas con las que el alcalde Galán busca combatir el crimen y la inseguridad en Bogotá: hasta con inteligencia artificial

La Alcaldía de Bogotá planteó ante la Fiscalía General de la Nación y representantes del sector judicial un paquete de cinco propuestas destinadas a garantizar sanciones efectivas contra el crimen y mejorar la seguridad en las ciudades.

El encuentro que sostuvieron el alcalde Mayor Carlos Fernando Galán y la fiscal General Luz Adriana Camargo puso sobre la mesa acciones concretas para agilizar los procesos penales y dotar a las autoridades de mayores herramientas frente al delito.

La iniciativa recibió una respuesta positiva inicial por parte de las autoridades nacionales y se perfila como un nuevo capítulo en el debate sobre la política criminal en el país, destacó un informe del diario El Tiempo.

Propuestas para agilizar la justicia y fortalecer investigaciones

La primera línea de acción presentada por el Distrito consiste en acortar el tiempo entre la captura en flagrancia y la sentencia, con el objetivo de evitar que los procesos judiciales se extiendan durante meses o años y asegurar que los responsables reciban sanciones oportunas.

Al respecto, Galán dijo: “La ciudadanía exige que el Estado actúe con rapidez cuando se trata de hechos delictivos. Si quienes son capturados en flagrancia enfrentan de inmediato las consecuencias, la reincidencia disminuirá y la confianza en la justicia aumentará”.

La segunda propuesta apunta a mejorar el acceso de los jueces a información relevante sobre los antecedentes de los capturados, de modo que al momento de decidir sobre medidas de aseguramiento, puedan consultar de manera eficiente el historial de capturas e imputaciones.

“Hoy, los jueces enfrentan dificultades para acceder a los antecedentes completos de quienes comparecen ante ellos. Dotarlos de mejores herramientas tecnológicas permitirá decisiones más informadas y, en consecuencia, más justas”, aseguró un funcionario de la Secretaría de Seguridad que participó en la elaboración de las propuestas, agregó el mismo diario bogotano.

En tercer lugar, la administración distrital propone eliminar barreras administrativas que dificultan el acceso de la Policía a cámaras privadas de vigilancia tras la comisión de un delito. Y es que en la actualidad, la obtención de esos registros puede tomar tiempo valioso para la investigación.

La proposición plantea que las autoridades cuenten con procedimientos ágiles para acceder a la evidencia audiovisual.

“El tiempo es un recurso crítico en la investigación criminal. Facilitar el acceso a imágenes privadas puede marcar la diferencia entre esclarecer un caso o dejarlo impune”, afirmó la fiscal Camargo, de acuerdo con lo que informaron voceros de la Alcaldía Mayor.

Las dos últimas iniciativas apuntan a combatir de forma más efectiva el crimen organizado y optimizar la operatividad policial.

Por un lado, el Distrito sugiere reforzar el delito de concierto para delinquir para que los cabecillas de redes criminales respondan también por los delitos cometidos por los integrantes de sus organizaciones.

Por otro, se propone incorporar herramientas de inteligencia artificial en trámites relacionados con la captura y legalización de detenciones, con el fin de reducir el tiempo que los policías permanecen en diligencias judiciales y permitirles reincorporarse más rápidamente a sus labores de patrullaje.

El respaldo institucional a las propuestas del alcalde Galán

Las propuestas llegan tras meses de diálogo entre la Alcaldía de Bogotá y las Altas Cortes. En un encuentro celebrado el 15 de abril, participaron representantes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura.

Allí, el Distrito expuso preocupaciones sobre el vencimiento de términos, la alta carga laboral de fiscales y jueces, las dificultades para controlar medidas de detención domiciliaria y el hacinamiento carcelario.

Uno de los argumentos centrales de la administración distrital es el alto nivel de reincidencia en delitos como el hurto. Según cifras de la Policía Metropolitana de Bogotá, de los 5.025 detenidos por hurto en 2025, 4.497 recuperaron la libertad posteriormente, lo que equivale a un promedio de 12 personas liberadas diariamente tras ser capturadas por ese delito.

“Estos números muestran que la reincidencia es un problema estructural. No se trata solo de capturar, sino de asegurar que el proceso judicial culmine con una sanción efectiva”, señaló un vocero de la Policía durante el encuentro.

La congestión de despachos en la Fiscalía agrava la situación. Existen fiscales que asumen más de mil casos simultáneos, una carga que, según la Alcaldía, tiene un impacto directo en la duración de las investigaciones y en la posibilidad de que los procesos lleguen a término.

A su vez, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior de la Judicatura presentaron en la reunión avances en medidas para evitar la dilación de procesos y compartieron el estado de su plan decenal de justicia.

“La articulación entre las entidades nacionales y el gobierno distrital es indispensable para alcanzar resultados. La fiscal general ha mostrado apertura y compromiso para avanzar en soluciones de fondo”, destacó Galán tras el encuentro.

Por su parte, el ministro de Justicia designado, Iván Cancino, sostuvo una conversación con el alcalde y le mostró su interés en apoyar el debate sobre la política criminal cuando asuma el cargo.

“Desde el Ministerio de Justicia, la prioridad será trabajar en la modernización del sistema y la reducción de la impunidad. Las propuestas del Distrito serán consideradas en este proceso”, aseguró Cancino en un mensaje enviado a los asistentes de la reunión.

Expertos en seguridad, como el exsecretario Hugo Acero, señalaron que el desafío principal consiste en lograr que la reincidencia tenga un peso mayor al momento de definir medidas de aseguramiento, siempre en el marco de la ley.

“Hay que avanzar hacia un diálogo directo entre la Alcaldía y el Consejo Nacional de la Judicatura para identificar las causas de la reincidencia y enviar un mensaje claro a la ciudadanía sobre el compromiso institucional con la seguridad”, explicó Acero en diálogo con el mismo medio.