Contraloría investiga canje de TES efectuado por el Gobierno Petro: tendría incidencia en la deuda pública de administraciones futuras

La Contraloría General de la República investiga un canje de bonos TES realizado en octubre de 2025 porque, aunque redujo en términos nominales la deuda interna, habría trasladado costos de financiamiento a futuros gobiernos, elevado el pago de intereses y abierto lo que el organismo define como un problema de orden constitucional.

Según Bloomberg, que accedió a los documentos del proceso, la operación intercambió $43,4 billones en títulos de deuda local por $35,4 billones en nuevas emisiones. El resultado fue una reducción nominal de $8 billones, pero también un aumento anual de intereses de $316.500 millones.

La Contraloría General de la República rechazó la defensa presentada por el Ministerio de Hacienda y remitió el expediente a la Inspección General para que evalúe eventuales medidas disciplinarias contra funcionarios públicos.

En la documentación citada por el medio, el ente de control sostuvo que la búsqueda de alivio de liquidez de corto plazo terminó por cargar el costo sobre administraciones futuras.

La auditoría se concentró en una transacción del 8 de octubre de 2025. De acuerdo con el organismo, los bonos sustituidos pagaban cupones cercanos al 7,25%, mientras que los nuevos títulos fueron emitidos con tasas de 11,75% y 12%.

Ese cambio llevó a la Contraloría a concluir que la maniobra no produjo ahorros fiscales de largo plazo. Por el contrario, el ente fiscalizador consideró que incrementó estructuralmente el costo del servicio de la deuda y redujo el margen disponible para gasto social y otras prioridades presupuestarias.

En la remisión del caso, la entidad escribió: “Las operaciones de manejo de deuda pública que trasladan de manera excesiva las cargas financieras hacia el futuro, mediante el incremento sustancial del servicio de la deuda, la acumulación desproporcionada de intereses o el diferimiento irrazonable de obligaciones fiscales, pueden afectar la dimensión intertemporal de la sostenibilidad fiscal”.

La observación central de la auditoría no fue que el canje violara las reglas técnicas de gestión de deuda. Según los documentos, la propia oficina de control reconoció que la operación cumplió con esas normas, pero afirmó que sus efectos fiscales de largo plazo superaron los beneficios inmediatos de liquidez.

Otro punto objetado por la Contraloría General de la República fue el uso reiterado de títulos con vencimiento inferior a un año para canjearlos por bonos de más largo plazo. A juicio del organismo, ese mecanismo convierte instrumentos concebidos para liquidez temporal en financiamiento permanente.

La entidad advirtió que esa práctica puede aumentar gradualmente las obligaciones de largo plazo del Estado. También sostuvo que restringe el espacio fiscal de próximos gobiernos, porque posterga cargas y acumula intereses más altos.

En los documentos citados por Bloomberg, el organismo incluso señaló que la transacción planteó “cuestiones constitucionales sustanciales”. La razón, según esa evaluación, es que trasladó de forma excesiva cargas financieras a futuras administraciones y alteró la sostenibilidad fiscal en su dimensión intertemporal.

El caso se produce en un contexto en el que la administración del presidente Gustavo Petro acudió con frecuencia a operaciones de manejo de pasivos para aliviar presiones financieras derivadas de déficits crecientes, tasas de interés elevadas y menores ingresos tributarios.

El director de Crédito Público, Javier Cuéllar, lideró varias de esas operaciones, aunque su nombre no fue mencionado directamente en la auditoría.

Hacienda defendió la estrategia y dijo que reflejaba condiciones de mercado

El Ministerio de Hacienda respondió que el objetivo de la operación era reducir riesgos de refinanciación y liquidez, además de extender el perfil de vencimientos de la deuda pública. La cartera sostuvo que, en un entorno fiscal exigente, esa estrategia buscaba moderar la concentración de pagos en el corto plazo.

Sobre el alza de los cupones, el ministerio argumentó que las tasas de los nuevos bonos reflejaban las condiciones reales del mercado. También afirmó que emitir títulos con cupones artificialmente más bajos habría obligado al Gobierno a colocarlos con descuentos mayores y, por esa vía, a emitir un volumen nominal más alto de deuda para obtener el mismo financiamiento.

La respuesta oficial quedó resumida así en los documentos del proceso: “La emisión sistemática de valores con descuento, si bien puede reducir el servicio de la deuda en términos de intereses, aumenta el costo financiero implícito y también ejerce presión al alza sobre el stock de deuda al requerir mayores importes nominales de emisión para lograr el mismo nivel de financiación efectiva”.

La oficina de control desestimó ese argumento y sostuvo que la evaluación de la gestión de deuda no puede limitarse a la liquidez inmediata. Según la publicación, la posición del organismo es que esas decisiones deben juzgarse también por sus efectos duraderos sobre el costo del servicio de la deuda y la sostenibilidad fiscal.

En paralelo, la Contraloría realizó una intervención física en el Ministerio de Hacienda con acompañamiento de Policía Judicial para recolectar información técnica y financiera.

Esa actuación se desarrolló en una función de advertencia sobre riesgos en las finanzas públicas, después de que el organismo identificara más de 14.000 contratos por cerca de $4,55 billones tras el fin de la Ley de Garantías, un aumento de 22,5%.