La confirmación de un nuevo brote de tuberculosis en la cárcel El Pedregal en Medellín, Antioquia, encendió las alarmas entre defensores de derechos humanos y autoridades sanitarias en el departamento.
El penal, que alberga a más de 4.500 personas, experimenta una propagación de la enfermedad que supera las cifras oficiales conocidas hasta ahora.
La Veeduría Penitenciaria local advirtió que la situación podría ser considerablemente más grave de lo informado, señalando que más de 60 personas podrían estar contagiadas dentro del establecimiento. Esta advertencia se produjo tras la confirmación oficial de seis internas bajo tratamiento en el pabellón femenino y otros 41 casos en el área masculina.
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Actualmente, las autoridades sanitarias mantienen a seis mujeres bajo tratamiento con un esquema de antibióticos de seis meses, según explicó Rita Almanza, líder de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Medellín.
El brote se detectó cuando una interna resultó positiva y, en menos de una semana, se identificaron cinco casos adicionales en el mismo pabellón.
El personal médico implementó un cerco epidemiológico para contener el avance de la enfermedad entre las 1.300 mujeres que conviven en el área femenina de la cárcel. Las autoridades aseguraron que los medicamentos se suministrarán de manera continua para evitar recaídas y complicaciones por resistencia bacteriana.
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La Secretaría de Salud de Medellín confirmó que la tuberculosis se mantiene activa en diferentes áreas del penal. Desde inicios de 2026, 41 internos del pabellón masculino permanecen bajo tratamiento, lo que evidencia la persistencia del brote en el centro penitenciario.
Jorge Carmona, defensor de la población privada de la libertad, denunció que los internos diagnosticados con tuberculosis estarían siendo trasladados a otros departamentos, lo que podría facilitar la diseminación de la enfermedad entre cárceles. Carmona también cuestionó la idoneidad de los espacios de aislamiento y la capacidad de respuesta sanitaria del penal, donde solo dos médicos atienden a la totalidad de los internos.
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En palabras del líder social Carmona: “Que todo el que se atreve a coger un teléfono y a informar a la veeduría o a informar hacia afuera lo que está pasando en la cárcel Pedregal es que se están llevando la gente con tuberculosis hacia otros departamentos. ¿Qué significa esto? Que están trasladando una enfermedad de un establecimiento a otro”.
La veeduría penitenciaria del país está alertando sobre un posible brote de tuberculosis en la cárcel de Pedregal de Medellín, que tiene en riesgo a más de 4 mil personas, hombres y mujeres que permanecen en esta penitenciaria. La queja es que presuntamente los detenidos no estarían recibiendo atención médica oportuna.
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El defensor Jorge Alberto Carmona advirtió que la propagación de la tuberculosis podría acelerarse si no se adoptan medidas adicionales. “Estamos hablando de unas 1.300 internas y en cualquier momento esto podría propagarse”, enfatizó, insistiendo en la urgencia de garantizar condiciones sanitarias adecuadas tanto para mujeres como para hombres en el penal.
Además, las autoridades penitenciarias han sido señaladas por la presunta falta de respuesta médica oportuna. Según Carmona, la cárcel cuenta apenas con dos médicos para toda la población reclusa, lo que genera inquietud sobre la capacidad real del sistema de salud interna para enfrentar un brote de esta magnitud.
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El defensor también cuestiona el uso de los recursos destinados a la atención sanitaria, pues las condiciones actuales no reflejarían una gestión adecuada de los contratos firmados con las entidades responsables.
Riesgos de hacinamiento y atención médica limitada
La situación ha puesto en evidencia las carencias estructurales del sistema de salud penitenciario. Defensores de derechos humanos insisten en que el hacinamiento y el acceso restringido a servicios médicos agravan el riesgo de contagio y dificultan la contención del brote.
En respuesta a la crisis, la veeduría solicitó declarar emergencia sanitaria en El Pedregal, con el objetivo de reforzar las medidas de prevención y mejorar la calidad de la atención médica. El temor es que la enfermedad continúe propagándose entre los reclusos y se transforme en un problema de salud pública de mayor escala.
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La Secretaría de Salud local reiteró que las personas afectadas reciben el tratamiento adecuado y que se mantienen protocolos para evitar la extensión del brote. Sin embargo, las dudas persisten respecto a la efectividad de las estrategias de control dadas las condiciones de hacinamiento y la insuficiencia de personal médico.
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