La investigación que involucra a la comunicadora Lina Marcela Castillo Nisperuza y al exconcejal de Bogotá Hollman Morris tomó un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía General de la Nación reasignara el expediente a una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia con enfoque de género.
La decisión se produjo después de que un juzgado resolviera parcialmente el proceso y ordenara continuar con uno de los aspectos de la denuncia presentada por Morris.
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El Juzgado 86 Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá decidió precluir las acusaciones por injuria y calumnia relacionadas con las manifestaciones públicas de Castillo sobre presuntos hechos de acoso sexual y laboral que, según ella, ocurrieron en 2019 cuando trabajaba en el entorno político del entonces concejal.
La decisión judicial determinó que no había lugar a continuar el proceso penal en esos puntos, al considerar que las expresiones realizadas por Castillo estaban relacionadas con denuncias de posibles violencias basadas en género y correspondían a un ejercicio de expresión y denuncia pública.
Sin embargo, el despacho judicial mantuvo abierto un componente distinto de la investigación relacionado con una acusación de calumnia por una supuesta afirmación sobre un atropellamiento que habría causado 15 días de incapacidad. En este punto, la jueza consideró que no existían elementos suficientes para tomar una decisión definitiva y ordenó separar esa parte del expediente.
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Fiscalía cambia la dirección del caso
Tras la decisión judicial, la fiscal general Luz Adriana Camargo determinó trasladar el proceso a Marcela Abadía, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, quien asumirá la investigación con una perspectiva especializada en violencia basada en género.
La reasignación quedó establecida en la resolución No. 0-0061 del 23 de marzo de 2026. Según la Fiscalía, la medida busca garantizar un análisis integral del expediente y aplicar estándares reforzados de atención a posibles víctimas.
El cambio ocurrió luego de cuestionamientos de organizaciones sociales, periodistas y un colectivo integrado por más de 100 mujeres, quienes solicitaron que el caso no fuera analizado únicamente desde la denuncia por injuria y calumnia presentada por Morris, sino también desde las acusaciones iniciales formuladas por Castillo.
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En la resolución, la fiscal general señaló que el origen de la actuación penal estaba relacionado con las denuncias previas de la comunicadora sobre presuntos hechos de acoso sexual y laboral. Por esa razón, indicó que era necesario evaluar el caso bajo un enfoque que tenga en cuenta las posibles condiciones de desigualdad y las dinámicas de poder.
Las denuncias iniciales de Castillo
El caso se remonta a enero de 2019, cuando Lina Marcela Castillo denunció públicamente a Hollman Morris por presuntas conductas de acoso sexual y laboral mientras desarrollaba actividades relacionadas con el Concejo de Bogotá.
Castillo aseguró en ese momento que había recibido comentarios sobre su apariencia y que habría existido un comportamiento inapropiado por parte del entonces concejal. Morris negó las acusaciones y posteriormente presentó una denuncia por injuria y calumnia al considerar que las afirmaciones afectaban su honra.
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El proceso penal se concentró durante varios años en esa denuncia presentada por Morris, situación que generó críticas de sectores que consideraban necesario revisar también las acusaciones iniciales realizadas por Castillo.
La Fiscalía explicó que, cuando una persona que ha sido señalada por posibles hechos de violencia denuncia posteriormente a quien hizo las acusaciones, las autoridades deben analizar el contexto para evitar que los mecanismos judiciales terminen generando un efecto de silenciamiento para quienes denuncian.
Uno de los elementos que tomó relevancia dentro del caso fue el debate sobre el llamado escrache, una práctica mediante la cual personas denuncian públicamente presuntos abusos o violencias, principalmente a través de redes sociales o medios de comunicación.
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La Fiscalía recordó que la Corte Constitucional ha reconocido la importancia de la libertad de expresión en estos escenarios, especialmente cuando las denuncias están relacionadas con violencia de género y buscan visibilizar situaciones que históricamente han tenido dificultades para llegar a las autoridades.
Con la llegada de Marcela Abadía al expediente, el ente investigador tendrá que revisar nuevamente los elementos del caso y determinar el alcance de las denuncias formuladas por ambas partes.
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