Corte Suprema reveló preocupantes cifras sobre violencia y explotación sexual contra menores: más de 22.600 fueron víctimas en la última década

La Corte Suprema de Justicia reveló nuevas cifras sobre la violencia y la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia durante el conversatorio “Violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes”, realizado el martes 28 de julio en la Universidad Eafit, sede Medellín.

En el encuentro, la corporación presentó un balance sobre la dimensión de estos delitos y expuso algunos de los principales desafíos que enfrentan las instituciones para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos.

Entre los datos expuestos, la Corte señaló que uno de cada cinco adolescentes usuarios de internet en Colombia, equivalente al 21%, ha sufrido alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por la tecnología.

Según las cifras presentadas, entre las situaciones reportadas con mayor frecuencia por los tutores legales de las víctimas se encuentran la recepción de imágenes sexuales no deseadas, las ofertas de dinero o regalos a cambio de fotografías con contenido sexual y la presión o el chantaje para impedir que ese material sea compartido.

De acuerdo con la información presentada por el alto tribunal, el 15% de los menores afectados recibió imágenes sexuales no deseadas, mientras que el 6% fue objeto de ofrecimientos de dinero o regalos a cambio de fotografías de contenido sexual. Asimismo, el 5% enfrentó presiones o chantajes relacionados con ese tipo de material.

La corporación también advirtió que la violencia sexual, que comprende conductas como actos sexuales abusivos, acoso y acceso carnal, entre otras, se mantiene como una de las principales causas de ingreso de menores de edad a la Dirección de Protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).

Según las cifras divulgadas durante el conversatorio, entre 2022 y 2025 los presuntos delitos sexuales representaron la segunda forma de violencia más frecuente contra niños, niñas y adolescentes, afectando a cerca del 60% de las víctimas que tenían entre 10 y 14 años.

En materia de explotación sexual comercial, la Corte informó que entre 2015 y 2025 el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) de la Fiscalía registró 22.697 menores de edad como víctimas de estos delitos. Durante ese mismo periodo, 18.883 personas fueron vinculadas a procesos judiciales relacionados con estos hechos.

Al presentar esta radiografía, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, explicó que la corporación viene promoviendo espacios para debatir problemáticas que preocupan tanto a la Rama Judicial como a la ciudadanía.

“De ahí la necesidad de que este encuentro sea un diálogo honesto que permita seguir edificando factores estructurales de esta violencia y trazar una ruta más efectiva para la prevención, la protección y la garantía de los derechos de la niñez”, afirmó.

Altas cortes pidieron fortalecer la respuesta institucional

Durante el conversatorio, el presidente de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Carlos Arturo Ramírez Vásquez, manifestó que se han identificado factores que retrasan las investigaciones y la judicialización de los responsables de delitos contra menores de edad, situación que, según explicó, termina generando procesos de revictimización para los niños, niñas y adolescentes.

El magistrado señaló que el propósito del encuentro es avanzar en decisiones que permitan corregir esas falencias y fortalecer la protección de las víctimas mediante una actuación más efectiva de las instituciones encargadas de administrar justicia.

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Mary Lucero Novoa Moreno, sostuvo que la violencia contra los menores constituye una grave violación de los derechos humanos y señaló que la respuesta institucional no puede limitarse a intervenir cuando el daño ya se ha producido.

En la misma jornada, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, recordó que la protección de los niños, niñas y adolescentes constituye una obligación compartida entre el Estado, la familia y la sociedad. Asimismo, agregó que los jueces deben actuar “siempre bajo el compromiso jurídico y ético de proteger a la niñez con todo el peso de las instituciones”.

Corte Suprema destacó medidas para agilizar los procesos

Al cierre del conversatorio, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Hugo Quintero Bernate, indicó que la corporación ha promovido acciones concretas para enfrentar este fenómeno y mencionó como ejemplo la aprobación de la Ley 2477 de 2025, que habilitó la práctica de pruebas anticipadas con el propósito de agilizar los procesos judiciales relacionados con estos delitos.

No obstante, el magistrado advirtió que la efectividad de esa herramienta dependerá de la coordinación entre todas las entidades involucradas en la atención, investigación y judicialización de estos casos.

Finalmente, Quintero sostuvo que la lucha contra el abuso sexual infantil requiere utilizar todas las herramientas disponibles, desde la prevención y la educación hasta la respuesta penal y los mecanismos restaurativos, con el propósito de garantizar una protección efectiva para los niños, niñas y adolescentes frente a la violencia y la explotación sexual.