Veeduría detecta presuntas anomalías en megacontrato del sistema de movilidad de Medellín: apuntarían a la gestión de ‘Fico’ Gutiérrez

La Veeduría por la Verdad y la Justicia anunció el lunes 27 de julio de 2026 la radicación de denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por lo que serían las presuntas irregularidades en el contrato del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín: uno de los proyectos más ambiciosos en materia de tecnología urbana en la capital antioqueña y que estaría liderado por la administración del alcalde Federico “Fico” Gutiérrez.

Según se conoció, la acción también involucra solicitudes de investigación ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, con el fin de que se establezca si hubo o no detrimento en este proceso: identificado como SPO 2025-7, adjudicado por la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) a la sociedad Tecnologías de la Información y Pago Integrado S.A.S. (Tipi).

El contrato contempla la prestación de servicios especializados para la implementación y operación del ecosistema tecnológico del sistema de movilidad de la ciudad, con una duración de 15 años y un esquema de pago a demanda. Uno de los principales cuestionamientos de la veeduría se centra en la presunta omisión de la publicación de documentos precontractuales en el Secop, la plataforma oficial de contratación estatal.

Esto habría limitado la publicidad y el control ciudadano en un proceso de alto impacto financiero para el distrito. “Nuestro equipo de abogados, especialistas en contratación estatal, encontró hallazgos que ameritan una investigación seria por parte de las autoridades competentes”, advirtió el vocero de esta organización, que recordó que la ley exige garantizar los principios de publicidad y la transparencia en la contratación pública.

Veeduría le puso la lupa a contrato del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín: este es el motivo

El análisis efectuado por la veeduría destaca otros aspectos que requieren esclarecimiento, entre ellos se encuentra la estructura contractual a 15 años, el valor indeterminado pero determinable del contrato y el cambio en el modelo de operación, que durante dos décadas estuvo en manos de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y que, de acuerdo con la denuncia, pasó a ser gestionado por la ESU para luego ser tercerizado.

A su vez, la falta de estudios previos, análisis sectoriales, evaluaciones técnicas y otros informes de soporte en el expediente público impedirían verificar el cumplimiento de los principios de transparencia, planeación, economía y selección objetiva estipulados en la Constitución Política y en leyes como la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y la Ley 2195 de 2022; motivos que los llevaron a inspeccionar este asunto.

La organización insistió en que su labor se limita a activar los mecanismos legales de control sin emitir juicios anticipados. “Nuestra labor no es condenar ni anticipar responsabilidades. Nuestra obligación es denunciar para que las autoridades investiguen y determinen si existieron posibles irregularidades o delitos contra la administración pública. La vigilancia ciudadana es un deber de todos”, expresó la veeduría.

Y agregó que la presunta omisión en la publicación de documentos constituye un incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022, que exige transparencia en la contratación estatal. “No estamos formulando acusaciones anticipadas”, precisó la veeduría, que alertó que está “activando los mecanismos legales para que se determine si en este proceso” se incurrió en conductas delictivas.

Las mismas serían interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales u otros delitos contra la administración pública. Ante esto, remarcaron, “la transparencia y la publicidad de la contratación estatal son obligaciones legales cuyo cumplimiento no admite excepciones cuando están comprometidos recursos públicos”, por lo que irán hasta las últimas consecuencias.

Entre los puntos a investigar, la organización menciona la posible existencia de conflictos de interés y la eventual estructuración del contrato para favorecer intereses particulares, por lo que la veeduría solicitó a las autoridades esclarecer si la ausencia de documentación pública impidió el control ciudadano y si las condiciones del proceso observaron los principios de legalidad y moralidad administrativa.

La polémica en torno al contrato de movilidad de Medellín haría parte de una investigación nacional sobre cerca de un centenar de megacontratos en Medellín, Cali y Cartagena, en procesos que según la organización están siendo revisados por abogados especialistas en contratación estatal que ofrecen sus servicios de manera pro bono; con el objetivo de contribuir a la defensa del patrimonio público.