Fiscalía abrió investigación contra Juliana Guerrero y su hermana por presunta red de corrupción

La Fiscalía General de la Nación anunció el lunes 27 de julio de 2026 la apertura de una investigación formal contra Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, tras ser vinculadas con supuestas reuniones y acuerdos de sobornos que habrían realizado con empresarios interesados en obtener contratos con el Gobierno nacional.

Según el ente acusador, se ordenó a la policía judicial iniciar con la recolección y verificación de pruebas que involucra a las hermanas Guerrero.

La Fiscalía señaló que el caso pasará a la Dirección Especializada contra la Corrupción, quienes serán los encargados de esclarecer el caso y determinar si se presentó una red de contratación ilegal al interior del Gobierno nacional.

Las indagaciones de la Fiscalía se dan luego de las revelaciones de la Revista Semana, que incluye declaraciones, registros de chat, audios, boletos de avión y comprobantes de transferencias que dejarían ver un presunto esquema de cobros a empresarios a cambio de facilitar el acceso a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. En ese contexto, se señala la presunta participación de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero.

La investigación sostiene que las actividades se desarrollaron entre mediados de 2024 y marzo de 2025. Entre las pruebas figura la existencia de una tabla de tarifas: se habría solicitado un millón de pesos por cada reunión, un anticipo de doscientos millones y el pago de un diez por ciento del valor total de los proyectos asignados.

Los mensajes sugieren que Juliana Guerrero era el nexo con funcionarios del Gobierno, mientras que Verónica, junto con David Trespalacios —un joven allegado a la familia—, mantenía supuestos contactos directos con los empresarios y presuntamente canalizaba los fondos.

Tres personas vinculadas a la trama accedieron a relatar detalles a la revista. Dos empresarios narraron que recibieron ofertas para participar en proyectos de cámaras de seguridad, obras de acueducto en Cesar y programas de vivienda, además de la posibilidad de encontrarse con autoridades locales y funcionarios.

Uno de los empresarios, quien solicitó anonimato, declaró: “se acordó que les daríamos $35 millones por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”.

En relación al acueducto de Cesar, los documentos muestran a Verónica Guerrero coordinando con Edward Libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Los registros incluyen boletos aéreos adquiridos para que Verónica viajara a Aguachica y regresara a Bogotá en diciembre de 2024.

Más adelante, Verónica escribió por WhatsApp: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Luego de este mensaje, se concretó el pago inicial, según la investigación de Semana.

Pronunciamiento de Juliana Guerrero

La firma Alzate Hernández, que representa a Juliana Guerrero, difundió un comunicado en el que rechaza las acusaciones que la relacionan con presuntas actividades ilícitas relacionadas con la adjudicación de contratos estatales. Según el documento, Guerrero no habría participado en reuniones, pagos o gestiones fuera de la ley ante ministerios o entidades oficiales.

La postura de la defensa surge luego de la publicación realizada por la revista Semana, que presentó grabaciones, conversaciones y documentos donde se señala a Guerrero y a su hermana Verónica de haber solicitado dinero a contratistas a cambio de facilitar procesos de licitación. Frente a estos señalamientos, el equipo legal insiste en que no existen pruebas que confirmen tales conductas.

Guerrero, a través de sus abogados, expresó que tomó la decisión de responder públicamente a raíz de los cuestionamientos generados por la investigación en curso: “Durante los últimos meses he guardado un prudente silencio por respeto a las investigaciones que se adelantan en mi contra y por la convicción de que es la administración de justicia, y no los escenarios mediáticos, el espacio llamado a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

Finalmente, agregó que la decisión de hablar públicamente se debe a la interpretación errónea de su silencio respecto a las acusaciones: “Sin embargo, ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra”.