Una operación policial en Bogotá permitió desarticular a Artemisa, una red señalada de captar mujeres con falsas ofertas de empleo para someterlas a explotación sexual en dos spa de las localidades de Engativá y Kennedy.
Este golpe coordinado entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación terminó con la captura de cinco personas, quienes ahora enfrentan acusaciones por trata de personas y concierto para delinquir.
Las autoridades lograron identificar a siete víctimas, de nacionalidad colombiana y venezolana. Estas mujeres fueron rescatadas en una acción que contó con el respaldo de Migración Colombia y la Secretaría de Seguridad, tras una denuncia anónima que permitió activar el operativo y garantizar su protección.
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Según el comunicado de la Policía Metropolitana de Bogotá, la investigación se extendió durante 10 meses e incluyó interceptaciones telefónicas, labores de vecindario y reconocimientos fotográficos.
Las diligencias de registro y allanamiento se realizaron en los barrios La Riviera (Engativá) y Las Brisas (Ciudad Bolívar), donde fue detenida la totalidad de los integrantes señalados.
Así como explicó el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante Policía Metropolitana de Bogotá: “Policía Nacional en la ciudad de Bogotá desarticuló la organización criminal Artemisa, dedicada presuntamente a la trata de personas con fines de explotación sexual. La estructura utilizaba como fachada dos spa ubicadas en Kennedy y en Engativá para la explotación sexual de las víctimas”.
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¿Cómo el método de engaño?
Según la investigación, la estructura criminal, conocida como Artemisa, operaba a través de una estrategia de engaño: las víctimas eran contactadas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde se les ofrecían puestos de trabajo en establecimientos comerciales tipo spa.
Una vez captadas, las mujeres eran trasladadas y sometidas a explotación sexual, bajo el control estricto de la organización.
El oficial continuó diciendo: “la estructura utilizaba como fachada dos spa ubicadas en Kennedy y en Gativá para la explotación sexual de las víctimas. Cinco personas fueron capturadas por orden judicial por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir. La investigación, liderada por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, se realizó durante diez meses gracias a la denuncia anónima que incluyó interceptaciones telefónicas, búsqueda selectiva y reconocimientos fotográficos. Las mujeres eran captadas mediante falsas ofertas de empleo difundidas en redes sociales y aplicaciones de mensajería”.
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La fachada principal de la organización era un local identificado como SARA SPA, desde donde se imponían restricciones económicas y sanciones a las víctimas.
Los cobros diarios por ausencias o enfermedades oscilaban entre 100.000 y 150.000 pesos, monto que era exigido como forma de control. Las tareas de promoción y captación se realizaban en plataformas digitales, lo que amplificó el alcance de la red.
Las labores de la Policía Metropolitana de Bogotá permitieron desmantelar una estructura con roles claramente definidos. Alias Sara fue señalada como presunta líder, encargada de captar mujeres mediante falsas ofertas laborales. Su hija, alias Natalia, gestionaba la captación digital y la administración de uno de los inmuebles; su hijo, alias Ángel, se dedicaba a la difusión de contenido explícito en redes sociales; y alias Stiven, pareja sentimental de Sara, administraba los locales y cuenta con antecedentes judiciales.
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Por último, alias Yudy ejercía el control directo sobre las víctimas en el inmueble de Normandía, imponiendo sanciones y cobros abusivos.
El brigadier general Giovanni Cristancho concluyó diciendo que “durante el operativo fueron identificadas siete víctimas de nacionalidad colombiana y venezolana. Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a los capturados”.
El caso evidencia la importancia de la denuncia ciudadana y la cooperación entre instituciones para combatir la trata de personas. La Policía Metropolitana de Bogotá instó a la comunidad a reportar cualquier indicio de explotación sexual, reafirmando su compromiso con la defensa de la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres en la ciudad.
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