
El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, comentó sobre la reciente controversia que involucra a Julian Guerrero tras la difusión de pruebas como testimonios, conversaciones, grabaciones, pasajes de avión y transferencias bancarias relacionadas con un presunto sistema de cobros a empresarios a cambio de gestiones para obtener contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior.
El mandatario colombiano pidió que las pruebas sean entregadas a las autoridades y señaló que, en caso de que la investigación avance, podrían estar, supuestamente, involucrados “abelardistas”.
“Las pruebas que aquí se indican, reflejan, que los llamados ”empresarios* se pusieron furiosos y a lo mejor entregaron los chats, porque no les cumplieron. Si es verdad, dieron dineros como pendejos, pensando que los ministros o yo mismo, actuamos por presiones de mujeres o por codicia. Hasta abelardistas serán si se investiga un poquito más. La revista haría un gran favor entregando esos chats a la fiscalía (sic)“, escribió en X.
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Por este motivo, la exsenadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal le respondió al jefe de Estado en la misma red social.
María Fernanda Cabal afirmó que Gustavo Petro está restando importancia a los chats revelados por Semana, en los que aparecen como protagonistas Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, quienes supuestamente estarían cobrando coimas dentro del Gobierno.
La excongresista señaló en su publicación que, supuestamente, existió un pacto de corrupción en el Gobierno encabezado, según María Fernanda Cabal, por Gustavo Petro.
“Petro relativizando la gravedad de los chats de las hermanas Guerrero donde según se puede ver en la denuncia de Revista Semana cobraran coimas a cambio de contratos con su gobierno. El pacto de la corrupción por 4 años con Petro a la cabeza (sic)“, aseveró la exsenadora María Fernanda Cabal.
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Detalles de la investigación
Los elementos recabados por la revista Semana incluyen declaraciones, registros de chat, audios, pasajes aéreos y comprobantes de transferencias. Todo esto documenta un presunto sistema de cobros a empresarios a cambio de gestiones que permitirían acceder a contratos en los ministerios de Vivienda y del Interior. En ese supuesto entramado, se señala la participación de Juliana Guerrero y Verónica Guerrero.
Según la publicación, estos hechos habrían ocurrido entre la segunda mitad de 2024 y marzo de 2025. Se menciona la existencia de un tarifario: un pago de un millón de pesos por cada reunión, un anticipo de doscientos millones y un porcentaje del diez por ciento sobre el valor de cada proyecto adjudicado. Las conversaciones atribuyen a Juliana Guerrero el contacto con el Gobierno. Por su parte, Verónica mantenía la relación con los empresarios junto a David Trespalacios, un joven de Barranquilla allegado a la familia, quien era receptor de los fondos.
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Tres personas implicadas se acercaron a la revista para exponer el caso. Dos empresarios relataron que les ofrecieron proyectos relacionados con cámaras de seguridad, un acueducto en Cesar y programas de mejoramiento de vivienda, además de encuentros con autoridades locales y funcionarios.
Uno de estos empresarios, bajo reserva, afirmó: “se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio”. Agregó que, si Aguachica recibía obras por seis mil millones, las hermanas recibirían sesenta millones.
En cuanto al acueducto en Cesar, las pruebas ubican a Verónica Guerrero como intermediaria con Edward Libreros, viceministro de Agua y Saneamiento Básico. Se documentan dos pasajes aéreos adquiridos por empresarios para su traslado a Aguachica y regreso a Bogotá en diciembre de 2024.
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Posteriormente, Verónica comunicó por WhatsApp: “Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso”. Después de ese mensaje, comenzó la entrega del anticipo.
Otras conversaciones aluden a gestiones pendientes y obstáculos en la liberación de recursos, y mencionan reuniones con alcaldes y funcionarios. Diferencias entre las partes modificaron la manera en que se entregaba el dinero, pasando a transferencias directas a cuentas personales. Un empresario reportó una consignación de cinco millones a Juliana Guerrero, mientras los registros muestran pagos por montos diversos y la instrucción para distribuir sumas entre los involucrados quedó consignada en mensajes digitales.
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