El 25 de julio de 2026, Esteban de Jesús Cárdenas García conocido como “Chapolo”, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Kilómetro 28, sector La Virgen, en el municipio de Tibú, Norte de Santander, fue asesinado mientras se desplazaba hacia el corregimiento La Gabarra.
Hombres armados interceptaron al líder comunal y le dispararon en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado al Hospital Regional Norte de Tibú, perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas.
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Según relatos de testigos, el líder convocó a los vecinos para evitar el hecho y recibió un disparo en la cabeza por parte de uno de los presuntos implicados. Tras lo anterior, la comunidad pidió garantías de seguridad y protección para quienes defienden los derechos colectivos en la zona.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el riesgo en la zona mediante la Alerta Temprana ATI 017/25, que identifica a Tibú como un corredor estratégico fronterizo del Catatumbo.
La entidad señaló que la ubicación, próxima a la frontera con Venezuela, lo convierte en un punto clave para la movilidad irregular y diversas economías ilícitas.
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La disputa por el control territorial y las rutas ilegales en la región expone a los habitantes rurales a situaciones de desplazamiento, confinamiento, extorsión y reclutamiento forzado. “La población civil enfrenta un alto riesgo por la confrontación entre actores armados”, señaló la entidad.
Esteban de Jesús Cárdenas García ejercía liderazgo en una zona marcada por la presencia de grupos armados como el ELN, el Frente 33 Bloque Magdalena Medio-EMBF y organizaciones locales, que disputan el control de rutas y territorios en el Catatumbo. La jurisdicción de seguridad corresponde a la Segunda División del Ejército, responsable de las operaciones militares en la zona.
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Con el asesinato de Cárdenas García, suman 86 líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de 2026, una cifra que refleja el persistente riesgo para quienes representan a las comunidades en regiones con alta conflictividad.
Organizaciones sociales han reiterado su preocupación y exigido medidas urgentes para garantizar la protección de los líderes sociales y detener la ola de violencia.
La comunidad de Tibú y entidades defensoras de derechos humanos han solicitado respuestas efectivas del Estado para frenar estos hechos y proteger el trabajo de quienes defienden los derechos fundamentales y la integridad de la población en contextos vulnerables.
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Violencia en Pereira: líder social y militante del Partido de la U fue asesinado a tiros
El 24 de julio de 2026, Arnobio Pérez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio ZEA, comuna Río Otún, en el municipio de Pereira, Risaralda, fue asesinado en la calle 19 con carrera Primera.
Hombres armados dispararon contra el líder comunal mientras se encontraba acompañado, provocando su muerte en el lugar. Pérez era reconocido por su participación activa como militante del Partido de la U y por impulsar diversas iniciativas en beneficio de la comunidad.
La Defensoría del Pueblo había advertido previamente sobre el contexto de riesgo en Pereira mediante la Alerta Temprana AT 041/20 y su informe de seguimiento 009/22. Estas alertas destacan el fortalecimiento de estructuras armadas y redes delincuenciales que ejercen control territorial en la ciudad.
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Según la entidad, la capital de Risaralda enfrenta un escenario donde se registran homicidios, desapariciones, desplazamientos intraurbanos, extorsiones y amenazas constantes, especialmente contra líderes sociales, jóvenes y sectores vulnerables. “El riesgo persiste y es necesario reforzar las acciones institucionales para prevenir y proteger a la población civil”, señaló la Defensoría.
Entre los grupos armados identificados en la zona figuran el EGC/Clan del Golfo, La Cordillera, La Oficina, Los Rolos y otras bandas de carácter local.
Estos grupos criminales han incrementado su capacidad operativa y han extendido la violencia, utilizando menores de edad, imponiendo restricciones a la movilidad y elevando la inseguridad tras la pandemia.
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Con el asesinato de Arnobio Pérez, la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en Colombia durante 2026 asciende a 85.
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