Ni el aumento del salario mínimo salvó a Gustavo Petro de dejarle a Colombia un buen legado: confirman que “deja una profunda crisis”

Una crisis fiscal y de salud marcan el balance que hizo el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo sobre el cierre del Gobierno de Gustavo Petro. En la evaluación que hizo, el exfuncionario sostiene que la administración deja una sociedad más fracturada, una política social con institucionalidad debilitada y una deuda pública que alcanzará este año los niveles más altos de la historia.

Ocampo, por medio de una columna de opinión para El Tiempo denominada “Evaluación del gobierno Petro”, definió el período como “un gobierno complejo” y afirmó que tuvo etapas muy distintas, desde una fase inicial de amplia coalición política hasta otras dominadas por la confrontación y una gobernabilidad frágil. A partir de una caracterización de la exministra de Agricultura Cecilia López, remarcó que “es indiscutible la gran distancia entre el programa del candidato y la ejecución del presidente”.

La distancia, según él, se tradujo en un deterioro político e institucional. Apuntó que el Gobierno dejó “una sociedad más fracturada”, con crisis del sistema político, graves problemas de seguridad y un deterioro de la administración pública nacional.

En el frente social, reconoció la continuidad en la reducción de la pobreza multidimensional, una tendencia que, recordó, viene desde la Constitución de 1991. Pero añadió que el avance convivió con una brecha cada vez mayor entre el mundo rural y el urbano, una crisis profunda del sistema de salud y resultados muy pobres en vivienda popular.

También mencionó como tendencias favorables la caída de la pobreza monetaria y del desempleo. Aun así, advirtió que en el primer caso volvió a ampliarse la distancia rural-urbana y que en el segundo pesaron el crecimiento del empleo público y la informalidad laboral, con niveles “cercanos a la mitad de la población empleada urbana” y de “más de cuatro quintas partes de la rural”.

Alcance redistributivo de la Reforma Laboral y del aumento del salario mínimo

Ante esto, cuestionó el alcance redistributivo de la Reforma Laboral y del aumento del salario mínimo, que para 2026 fue de 23,7% y se ubicó en $2.000.000 mensuales. José Antonio Ocampo sostuvo que las decisiones beneficiaron a un grupo reducido, “los formales de menores ingresos”, y agregó que pocos programas sociales ayudaron de verdad a reducir la pobreza monetaria y que no hubo avances en la focalización.

De igual forma, dijo que el país recibe una política social con menor fortaleza institucional. Ese punto completa un balance en el que los indicadores sociales favorables no bastan, a su entender, para compensar las fallas en salud, vivienda y calidad del empleo.

Por su parte, en materia económica, Ocampo reconoció dos correcciones de fondo en los desequilibrios heredados: la balanza de pagos y el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (Fepc). Dentro de los resultados positivos, incluyó el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, aunque precisó que eso ocurrió sin políticas públicas orientadas a impulsarlas.

Golpe a las exportaciones no tradicionales

Ese mejor desempeño externo, señaló, hoy enfrenta nuevas presiones. Según el análisis, la revaluación del peso y el aumento del salario mínimo golpean tanto a las exportaciones no tradicionales como a los sectores que compiten con importaciones, al punto de que el salario mínimo en dólares subió más del 40%.

Ocampo también describe una recuperación económica posterior a la fuerte desaceleración de 2023, que había seguido al recalentamiento de 2022. Pero esa reactivación, dijo, “avanzó con señales adversas: caída de los sectores minero y de construcción, recuperación tardía de las manufacturas y niveles muy bajos de inversión”.

A eso suma un deterioro del agro que, de acuerdo con él, se profundizará por los efectos de la sequía generada por el fenómeno de El Niño. En esa misma línea, advirtió riesgos de racionamiento eléctrico por el crecimiento muy lento de la capacidad de generación durante este gobierno y por una escasez creciente de gas. Otro foco de presión macroeconómica es el regreso de una tendencia alcista de la inflación (6,14% en junio, según el Dane). Ese comportamiento, afirma, llevó al Banco de la República a elevar su tasa de interés (12%), en un contexto en el que la economía todavía exhibe varios sectores en crisis.

Para Ocampo, el punto más delicado del legado económico está en las cuentas públicas. “El Gobierno deja una profunda crisis fiscal”, afirmó, y culpa ese resultado al aumento de los gastos de funcionamiento, mientras la inversión pública tuvo, a su juicio, un desempeño muy pobre.

El diagnóstico se apoya en el tamaño del desbalance reciente. Sostiene que el país arrastra desde 2024 un déficit fiscal muy alto, entre los mayores de América Latina, y que la deuda pública llegará este año a su récord histórico. Aun con ese cuadro, incluyó un matiz sobre la reacción de los mercados financieros. Señala que las tasas de interés de la deuda pública interna y externa bajaron ante el reciente resultado electoral, aunque deja abierta la advertencia sobre lo que viene: la continuidad de esa tendencia dependerá del ajuste fiscal que decida el nuevo gobierno.